Un paso atrás. Robles venderá las bombas a Arabia Saudí
Esta historia empieza con el anuncio desde el Ministerio de Defensa de que no se entregarían 400 bombas de precisión láser, valoradas en 9,2 millones de euros, a Arabia Saudí; armas que fueron contratadas en 2015 y que ahora era el momento de hacer su entrega. Las razones para suspender este contrato son las mismas por las cuales diversos gobiernos de la Unión Europea (Noruega, Alemania) hace años han decidido no vender armas al Gobierno saudí, por el peligro que dichas armas sean utilizadas en las masacres que se llevan a cabo en el Yemen y por la violación sistemática de los derechos humanos sobre la población saudí.
La apuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por aplicar la misma política que, por ejemplo, Alemania, está fundamentada y es razonable, hay pruebas de armas y explosivos de fabricación española en territorio yemení. Vender armas a Arabia Saudí comporta saltarse la ley española, la europea y el Tratado Internacional de armas convencionales. Todas estas legislaciones prohíben exportar armas a países que están en conflicto armado. A pesar de ello el Gobierno anterior optó por saltarse la ley anteponiendo razones de política exterior, comerciales y de carácter laboral, generar empleo, aunque ello comporte que con las armas de fabricación española se ataque a la población civil de países en conflicto armado.
Los primeros en reaccionar al anuncio de parar la venta de bombas a Arabia Saudí han sido los trabajadores de Navantia en Cádiz. Su miedo radica en que la respuesta de Riad sea anular un contrato firmado este año para la producción de cinco corbetas. Dichas corbetas van a tener la función militar de contribuir al asedio marítimo del Yemen, es decir, impedir que lleguen alimentos, medicamentos o material militar a las milicias del Sur. Los trabajadores han antepuesto sus intereses, tener trabajo, a su solidaridad con las futuras víctimas de estas bombas o del bloqueo naval. A los trabajadores se han unido la presidenta andaluza y algunos líderes políticos de Ciudadanos y el PP, hay que salvar los puestos de trabajo en Cádiz.
Estas cinco corbetas de la discordia están valoradas en 1.800 millones de euros y se calcula que daría trabajo a 6.000 trabajadores, directos e indirectos, hasta 2025. En esta reflexión cabe tener presente que Navantia es una empresa pública con división de producción civil y militar. A lo largo de su historia ha sido una empresa deficitaria, nunca ha conseguido generar beneficios siendo el Estado el que se hace cargo del déficit. El hecho de que Navantia sea pública y que el Estado asuma su déficit nos muestra que sus barcos están subvencionados por el Estado, que se venden a un precio inferior a su coste, lo que permite darles competitividad en el mercado militar naval.
Durante el gobierno del anterior ministro Pedro Morenés, para dar mayor impulso a las exportaciones de armas españolas se desarrolló un nuevo producto jurídico de contratación, el llamado contrato Gobierno a Gobierno. Esta modalidad fue creada justamente para impulsar las ventas de armas a Arabia Saudí y es la que ha sido usada para contratar las bombas y las corbetas. Este contrato consiste en que el gobierno saudí no es quien realiza la contratación con la empresa fabricante, el Gobierno saudí contrata con el gobierno español, en concreto con el Ministerio de Defensa, la adquisición de unas determinadas armas y el Ministerio de Defensa, de forma gratuita, supervisa y gestiona todas las fases del pedido directamente con la empresa hasta su entrega al Gobierno saudí.
El debate de si hay que vender armas a ciertos países, en este caso a Arabia Saudí, hace años que se está llevando a cabo en diversos parlamentos europeos; es un debate complejo, con muchas miradas, no hay que perder de vista las consecuencias que estas armas tienen sobre la población yemení, ni la parte de responsabilidad que tenemos la sociedad española en tanto que damos el visto bueno a venderlas sabiendo el posible uso mortal que pueden tener. También es verdad que hay que buscar soluciones laborales a los trabajadores de estas empresas, a menudo como pasa en Cádiz, con altas tasas de paro. Lo que es seguro es que el inmovilismo no es una respuesta adecuada. Hay que hacer compatible el cumplimento de las leyes, el respeto a los derechos humanos y la creación de planes de revitalización del empleo en zonas especiales.
