Ábalos-Koldo-Aldama, otra caja negra de la corrupción

Cuando se acumulan unos cuantos trienios en este oficio, una acaba tocando muchos palos. Uno de los más interesantes fue colaborar en un trabajo titulado Llums i taquígrafs, una exhaustiva investigación y, al mismo tiempo, una recopilación que aspiraba a convertirse en un atlas de la corrupción a través de los casos más destacados de Catalunya, la Comunitat Valenciana y Balears.

El objetivo era cartografiar, en cuatro volúmenes, todas las causas en una especie de caja negra de la corrupción, pero también del fraude y la impunidad. Para ello partimos de un principio acuñado por el periodista Xavier Vinader y que sigue plenamente vigente: “El combate contra la corrupción es fundamentalmente un combate ético, político y sociocultural”.

Han pasado diez años desde la publicación de aquel trabajo y semanas como esta demuestran que aún queda mucho por hacer.

Mostraré rápidamente mis cartas para que quede clara mi opinión: me escandaliza que un secretario de Organización del PSOE, ministro y portavoz del partido en la moción de censura que desalojó al PP del Gobierno por diversos motivos, entre ellos la corrupción, haya actuado como lo hizo.

Sorprende que su partido siga escudándose en que se trató de un “comportamiento individual”, puesto que, sin los resortes del Gobierno y el poder que ostentaba en el PSOE, le habría sido imposible actuar como presuntamente lo hizo. Y resulta directamente indignante (o debería serlo) que se sostenga que nadie, absolutamente nadie, sospechó nada ni tuvo conocimiento de los hechos.

También escandaliza que un corruptor, por mucho que haya colaborado con la justicia, no tenga que devolver, como mínimo, los 3,7 millones de euros obtenidos en concepto de comisión por la venta de mascarillas al Ministerio de Transportes. Y que parte del ecosistema político y mediático de la derecha haya convertido a ese corruptor en un héroe que se pasea por los platós con una vanidad ofensiva.

Así que ambas cosas son indignantes: lo de Ábalos y lo de Aldama. Pero mientras el segundo es un empresario corrupto, pretendidamente espabilado aunque de comportamiento deleznable, de los que siempre ha habido y probablemente siempre habrá, el primero debía ser un garante del servicio público, la integridad y la honradez. Más aún después de la moción de censura contra la corrupción que facilitó su llegada al Gobierno.

En estos días, en los que se ha vuelto a homenajear a la añorada Montserrat Roig con motivo del 80 aniversario de su nacimiento, conviene recordar también que la escritora defendía que la democracia se aprende en casa. “Ser demócrata no es una actitud política; es una actitud ante la vida”, decía.

Ser demócrata implica, entre otras cosas, denunciar y condenar toda corrupción, sin excepciones. De hecho, lo más fácil es criticar la de aquellos que ideológicamente nos resultan más lejanos. La de los cercanos nos incomoda y nos duele. Pero no por ello deja de ser corrupción.

En el caso que nos ocupa, el de Ábalos, Koldo y Aldama, la sentencia del Supremo es tan dura con el exdirigente del PSOE y su escudero, Koldo García, como benevolente (y difícil de comprender) con un delator que sigue lanzando acusaciones falsas contra ministros y exministros.

La cifra de 24 años de cárcel que ha recibido Ábalos, por sí sola, es llamativa. Se explica por la pluralidad de delitos (hasta seis: organización criminal, tráfico de influencias, malversación y tres de cohecho) a los que ha sido sentenciado.

El cumplimiento efectivo serán 16 años y medio. A los que creen que todavía es poco, recuerden que pasar una sola noche en la cárcel ya tiene efectos en cualquier persona, sea cual sea su apellido y su patrimonio. En el caso del exministro, incluso podría haber sido peor: el propio Supremo fija la horquilla de penas de cada delito en su mitad inferior (para incrementarlas, tendría que haberlo justificado).

El encaje de bolillos que el Supremo ha realizado en relación con Aldama, por más inédito y sorprendente que resulte (y que el propio corruptor ya ha utilizado para animar a otros implicados en causas que afectan al PSOE a colaborar con la justicia), no surge de la nada.

Lejos de cargar las tintas contra el Gobierno, como el Supremo ha hecho en alguna ocasión olvidando que su función no es ejercer de oposición al Ejecutivo, el Alto Tribunal justifica su decisión respecto a Aldama. El razonamiento tiene un punto de voluntarismo —lo primero que hizo el corruptor fue acudir a un plató de televisión en lugar de guardar silencio y prepararse para cumplir el año de trabajos en beneficio de la comunidad impuesto por la sentencia—, pero no puede calificarse de arbitrario puesto que la sentencia lo justifica.

Por un lado, el Supremo alude al “fracaso de los controles internos” que, en plena pandemia, permitió los amaños y sobornos en los contratos de mascarillas. Por otro, señala un camino para “incentivar y fomentar” la colaboración con la justicia en los casos de corrupción.

Ojalá esta doctrina se aplique con el mismo criterio a todos y no beneficie únicamente a una misma parte. Los primeros interesados en que sea así deberían ser los jueces. En sus salas, como en nuestras cocinas, también nos jugamos la democracia.