Lo que tienen en común Dívar y Estevill
A nadie se le ocurriría comparar el escándalo que actualmente afecta al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, con el que en su día acabó con la primera condena de un vocal del máximo órgano de gobierno de los jueces a penas de prisión de más de 17 años de cárcel, el conocido como caso Estevill.
Mientras a Dívar le acusan algunos miembros del CGPJ, encabezados por el vocal José Manuel Gómez Benítez, de haber mantenido un comportamiento poco ético al cargar gastos supuestamente personales a la cuenta del Consejo, a Lluís Pascual Estevill se le condenó por organizar una trama de extorsión a empresarios a los que amenazaba con la cárcel si no cedían a sus exigencias económicas, por encarcelar injustamente a los que no aceptaban y, entre otras cosas, por delito fiscal.
Sin embargo, aunque no sean en absoluto comparables desde el punto de vista judicial, sí tienen algunos paralelismos que afectan al comportamiento de los partidos políticos, especialmente los que están en el Gobierno.
moreHay dos factores que han propiciado que el poder político esté teniendo un comportamiento muy similar ante las acusaciones contra Dívar y las primeras denuncias contra Pascual Estevill. En primer lugar, la actitud de los afectados, decididos a aferrarse a su sillón institucional de forma numantina a pesar del escándalo. Pero la primera condición tendría escasa incidencia sin la segunda: el poder judicial, lejos de ser independiente, está completamente supeditado a los poderes ejecutivo y legislativo, que lo utilizan en función de sus intereses partidistas.
En ambos casos, una mayoría de vocales del Consejo del Poder Judicial se opuso a la petición de dimisión presentada por otros miembros, siguiendo las consignas de los intereses del partido que les propuso o del grupo con el que se identificaban. En ambos casos, fueron vocales designados a propuesta del PP los que impidieron que se tratara la dimisión tanto de Estevill como de Dívar en el pleno del Consejo. Aunque ni el PSOE ni Convergència i Unió son inocentes.
Los dos magistrados fueron propuestos por partidos políticos diferentes de su propia adscripción. En el caso de Pascual Estevill, fue CiU quien propuso en 1994 al juez corrupto para ocupar su sillón en el Consejo General del Poder Judicial, aunque con el consenso del PSOE. Era conocida la estrecha relación que mantenía Estevill con miembros de la dirección del PP. Y de hecho, en cuanto juró el cargo como vocal del CGPJ, se alineó con el bloque de vocales propuesto por el PP.
En el caso de Dívar, fue el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien propuso directamente al actual presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, a pesar de las conocidas ideas conservadoras del magistrado y de su militancia en el Opus Dei. La intención de Zapatero era lograr el consenso del entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, como primer paso para desbloquear el CGPJ, con plazas vacantes por defunción y vocales con el mandato prorrogado a causa del desacuerdo entre el PSOE y el PP.
Estevill llegó al Consejo de una manera más turbia y con intereses torticeros desde el principio. CiU propuso su candidatura en el Congreso durante la primavera de 1994. Y lo hizo por tres razones: en primer lugar, el magistrado que tenía Jordi Pujol en la cabeza, Antoni Bruguera Manté, acababa de ser trasladado del Tribunal Supremo a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. La casualidad haría que más tarde se convirtiera en el instructor de la causa principal del caso Estevill.
Descartado Bruguera, Estevill reunía condiciones óptimas para Convergència, que en aquel momento era el principal apoyo parlamentario del Gobierno de Felipe González, que había quedado lejos de la mayoría absoluta. El Consejo debía designar al instructor en el Supremo del caso GAL, con lo que el voto del vocal de CiU rompía el desempate en un órgano en descomposición.
Por último, el hallazgo del cadáver de Pau Maragall, hermano del entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, se produjo un día que Estevill estaba de guardia. Una patrulla de la Guardia Urbana halló el cadáver de Pau Maragall en un banco próximo a las Ramblas de Barcelona. Había salido de la consulta de su psiquiatra en el Centro Pere Camps, pero una sobredosis acabó con su vida. Los urbanos reconocieron el cadáver y avisaron a Pascual y Ernest Maragall en el Ayuntamiento, que pidieron al psiquiatra de Pau que firmara el certificado de defunción para poder disponer de los restos mortales. Estevill, que siempre había manifestado un profundo odio por los socialistas catalanes, en general, y por la familia Maragall, en particular, montó un escándalo. El juez consideró la retirada del cadáver del hermano de Maragall como una afrenta al juez de guardia. Ordenó la detención del médico y se incautó del cuerpo sin vida de Pau Maragall, que fue remitido al Instituto Anatómico Forense. Pasqual Maragall, desesperado, llegó a enviar un fax –era 1994– al juez, en el que sólo figuraba una frase manuscrita, “¡Déjenos enterrar a mi hermano en paz!” y la firma del alcalde. Lejos de disuadir al juez, la reacción de Pascual Maragall parecía complacerlo, así que el alcalde recurrió a su amigo personal Miquel Roca para solucionar el problema a través de Macià Alavedra. La condición de Estevill y Alavedra a Roca fue que propusiera al primero como vocal del CGPJ y se garantizase el apoyo del PSOE. Con el del PP, el juez corrupto ya contaba. Tapándose la nariz, el PSOE aceptó.
Estevill se alineó desde el primer momento con los vocales propuestos por el PP: el vicepresidente del Consejo, José Luis Manzanares, amigo personal del juez catalán; Margarita Mariscal de Gante, que en 1996 se convertiría en la primera ministra de Justicia del Gobierno de José María Aznar; y Andrés de la Oliva. El cuarto vocal propuesto por el PP, Mariano Gómez de Liaño, nunca vio con buenos ojos a Estevill.
A finales de 1994 –Estevill juró su cargo como vocal del Consejo en noviembre de ese año–, las víctimas de Estevill iniciaron una auténtica ofensiva judicial contra él. Presentaron hasta cinco querellas y varias de ellas prosperaron. El 27 de noviembre de 1995, el Tribunal Supremo decidió incoar diligencias contra Estevill por prevaricación. Eso motivó que los vocales del bloque progresista insistieran permanentemente en solicitar la dimisión de Estevill. Una y otra vez, las peticiones fueron rechazadas y bloqueadas por Manzanares, Mariscal de Gante y De la Oliva.
El diario El Mundo, uno de los más significados en la investigación del caso Estevill, fue informando del proceso a través de este periodista y de Agustín Yanel, lo que motivó que los tres vocales en cuestión se personaran en el despacho del director del diario para explicarle que defendían a Estevill con la intención de que el instructor del caso GAL en el Supremo fuera el conservador Fernando Cota, y no el progresista José Jiménez Villarejo, como pretendía el bloque progresista liderado entonces por el presidente del CGPJ y del Supremo, Pascual Sala. El director del diario pidió a los periodistas implicados que levantaran el pie del acelerador, pero estos le ignoraron.
A partir de ese momento, el ambiente en los plenos del poder judicial se hizo irrespirable. El enfrentamiento entre Pascual Sala y Estevill casi llegó a las manos cuando el presidente recordó al vocal que debía dimitir por la imagen de la institución y el juez corrupto le contestó expulsando el humo del cigarro que estaba fumando sobre la cara de su interlocutor. Estevill llegó al extremo de intentar sobornar al vocal propuesto por Izquierda Unida, José Antonio Sarazá, con la promesa de “colocar a su hija” en La Caixa. Sarazá denunció el intento de soborno y dimitió, mientras Estevill permanecía aferrado a su sillón. Así estuvo hasta el 6 de junio de 1996, cuando Pascual Sala pudo expulsarle al conocerse que el Supremo había condenado a Estevill a seis años de inhabilitación por prevaricación.
En el caso de Carlos Dívar, el comportamiento de los miembros del Consejo no ha sido diferente. La petición de que dimita presentada por el vocal que denunció su supuesto comportamiento poco ético a la hora de gestionar la cuenta de gastos, José Manuel Gómez Benítez, sólo obtuvo seis insuficientes votos en el pleno. Sin embargo, una petición para que sea Gómez Benítez quien dimita, aunque tampoco prosperó, obtuvo más votos, ocho.
Eso parece haber dado alas a Dívar para comparecer públicamente con el objeto de defenderse de las acusaciones, y, en tono desafiante, anunciar que no tiene intención alguna de dimitir. Aún así, los medios de comunicación siguen informando día tras día de que los viajes de Dívar a Marbella y Puerto Banús se pagaron casi íntegramente con fondos del Consejo y las autoridades con las que dijo haberse reunido no parecen dispuestas a confirmar la existencia de dichos encuentros.
De momento, ya hay una querella presentada contra Carlos Dívar y el Supremo delibera hoy si la admite a trámite e investiga a su propio presidente.
El PP ha bloqueado la comparecencia de Dívar en el Congreso de los Diputados, y la cuestión que le afecta prácticamente no se ha tratado en la Cámara baja. Ocurrió lo mismo con Estevill: ni Pascual Sala, hoy, por cierto, presidente del Tribunal Constitucional, llegó a comparecer jamás, ni la cuestión llegó a tratarse ni en el Congreso de los Diputados ni en el Parlament de Catalunya, a pesar de que el escándalo era mucho más grave. Pujol y Convergència siempre defendieron que fueron todos los grupos los que apoyaron el nombramiento de Estevill y que, como no conocían sus delitos, no tenían por qué dar explicaciones.
En cualquier caso, ambos casos invitan a una reflexión profunda sobre los mecanismos de control sobre el poder judicial y sobre la fórmula del nombramiento de sus vocales que no sea la que defiende la derecha, partidaria de que sean las asociaciones profesionales las que designen a los miembros. Está claro que es una propuesta interesada: la discreta y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es abrumadoramente mayoritaria sobre la más mediática Jueces por la Democracia (JpD). Ese mecanismo dejaría el órgano de gobierno de la Justicia siempre en manos de la derecha. Tal vez la elección directa por los ciudadanos de una parte de los vocales y del presidente, como ocurre en Estados Unidos o en Suiza, resolvería el problema.
