El Gobierno ha presentado esta semana la nueva empresa pública de vivienda. Se llama Casa 47 y es el proyecto bandera de políticas públicas de vivienda. La empresa realizará arrendamientos de hasta 75 años de duración. Pero la clave reside en que acogerá todo el ciclo, desde la gestión del suelo hasta la construcción y el alquiler: las viviendas públicas lo seguirán siendo siempre. Se empieza así a revertir el escaso 2%-3% de vivienda pública existente en nuestro país.
La crisis es grave en toda Europa. El precio de la vivienda ha crecido de media en la UE un 60% entre 2015 y 2025, aunque España sale especialmente mal parada. Si en Francia el precio ha aumentado un 26%; en Italia un 13% y en Alemania un 51%, que es muchísimo, en nuestro país roza lo inasumible: un 72%. Estos datos figuran en un informe del Consejo Europeo publicado el pasado mes de octubre.
Los líderes progresistas saben que esta crisis es profunda y que les interpela especialmente. En España se agrava porque los sueldos son bajos. El pasado octubre, el asunto se incluyó en la agenda de la reunión del Consejo Europeo a petición de António Costa y Pedro Sánchez. Sin embargo, vamos tarde. La gente ya no necesita que los gobernantes pongan el problema en la agenda, sino que lo resuelvan. Al tratarse de una cuestión en la que intervienen distintas administraciones, así como actores privados, no se soluciona con facilidad. El Consejo de ministros de pasadomañana sacará adelante el proyecto de Casa 47, que sustituye a SEPES. Ojalá nazca con un plus de ambición que necesita toda innovación pública: será un éxito si se sobrepone a la maraña burocrática y las refriegas sobre competencias entre administraciones.
La empresa pública se llama Casa 47 en alusión al artículo de la Constitución sobre vivienda, uno de los que fue posible redactar en 1978 pero no lo sería hoy, en medio del vendaval de la motosierra. Dice así (lean y saboreen): “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Desde los años 80-90 hasta hoy, el marco ha cambiado: de ser un derecho social la vivienda ha pasado a verse como un activo financiero. Es imprescindible abordar también nuevas narrativas. Por suerte ya lo tenemos cristalizado en la Constitución: la vivienda como infraestructura pública esencial. La innovación y la justicia social clásica se reencuentran.
Vistos los requisitos económicos que Casa 47 exigirá a los inquilinos, creo que el Gobierno se ha dado cuenta de que la vivienda pública es una necesidad, no sólo como red de seguridad para los más humildes, sino como solución para las clases medias, esas que pueden sentir su confianza en la democracia erosionada si esta no les garantiza un bienestar elemental.
Por si necesitaran alguna motivación adicional, en estos días ha hecho público un interesante estudio del Progressive Politics Research Network sobre la vivienda. La vivienda social ha declinado de forma dramática en los últimos 40 años en toda Europa. Lo más relevante es que esta dejación en las políticas de vivienda no sólo es atribuible a conservadores y neoliberales, sino también a socialdemócratas.
El derecho a la vivienda debe situarse en el primer plano de las exigencias políticas, también para no perder el llamado “derecho a la ciudad”. Es decir, la garantía de que nuestras urbes van a ser lugares habitables para todos y no sólo efímeras áreas de recreo de las elites globales.
“Casas asequibles”, “ciudades asequibles”. La palabra se repite en distintos idiomas. “Affordable” fue la que Zohran Mamdani colocó en el centro de su campaña para definir cómo quería que fuera Nueva York. Ahora es alcalde. Una ciudad asequible es una ciudad donde se puede vivir: más básico, imposible. La vivienda es la brújula por la que deben regirse los partidos progresistas. No para dictar sus “mensajes”, ni su “preocupación”, sino para resolverlo. De lo contrario, se llevará por delante cualquier otro esfuerzo social que se haya llevado a cabo en los últimos años.