¿Va a poder el Gobierno con esto?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

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En unos pocos días la huelga de transportistas habrá acabado. No cabe otra. Para ello el Gobierno tendrá que hacer concesiones importantes. Algunas afectarán a su previsión de gastos, a los presupuestos. Otras pueden abrir un conflicto con Bruselas. Pero Pedro Sánchez tendrá que preferir eso a que sigan cerrando empresas. Ceder ante los camioneros puede abrir la puerta a las presiones de otros sectores. Pero también habrá que pechar con ello. La subida de los precios energéticos que nos ha llegado desde fuera es un golpe demasiado fuerte e imprevisto para que se pueda hacerle frente sin dolor. El Boletín Oficial del Estado puede con casi todo. De eso no hay duda. Lo que es más incierto es si el Gobierno podrá soportar la presión que se le ha venido encima.

Y para tratar de atisbar algo de ese futuro inmediato es necesario valorar cómo se ha comportado el Gobierno de coalición en su primer enfrentamiento abierto con una fuerza exterior desde que está en el cargo. Y el resultado no es precisamente satisfactorio. Ha tardado demasiado tiempo en comprender que la huelga respondía a hondos motivos reales y, por lo tanto, que no se iba a vencer con juegos de manos o dejando pasar el tiempo. La atribución de la protesta a una maniobra de la ultraderecha confirma el despiste de la ministra de Transportes y la falta de liderazgo del presidente del Gobierno sobre ella.

Pedro Sánchez debería haber asumido el conflicto como una prioridad personal que no podía delegar. Y no lo ha hecho. Que se haya producido un contraejemplo -el de ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha sabido acordar una salida para los pescadores- abunda en la sensación de que los miembros del gabinete han actuado cada uno por su cuenta en las últimas semanas. Ese no es buen precedente de cara al futuro. Y la dedicación casi exclusiva del presidente a los asuntos europeos no vale como justificación.

Otro fallo imprevisto que ha venido a enturbiar aún más el ambiente es que haya sido Marruecos, seguramente sin advertir antes a La Moncloa, quien ha hecho público el acuerdo con España sobre el futuro del Sáhara. Si por sí misma la iniciativa iba a ser difícil de tragar para buena parte de las formaciones que apoyan al Gobierno, el que haya llegado por sorpresa ha aumentado extraordinariamente el enfado. En medio de la protesta de los camioneros, los socialistas han tenido que hacer frente a la mayor contestación de sus socios desde que Esquerra rechazó sus presupuestos, hace más de tres años.

Si las cosas se hubieran hecho bien, buena parte de la misma se podría haber evitado. Porque lo que se critica al Gobierno son las formas, dejando en segundo lugar en la mayoría de los casos el contenido del acuerdo que a unos cuantos, al menos en privado, les parece inevitable en el punto al que habían llegado las tensiones con Marruecos y a la vista de que tanto Alemania como Francia, además de Estados Unidos, ya habían optado por la vía que ahora ha emprendido España. Y las formas son el trabajo político cuidadoso con todos los detalles que no se ha hecho. Es imperdonable que no se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para evitar que Rabat se la jugara a Madrid.

Con antecedentes como los que se han citado en cuestiones tan importantes, no cabe ser muy optimista de cara al difícil futuro que le viene encima al Gobierno. En estos días, Pedro Sánchez no ha sido el líder que la situación requería. Algunos ministros, la de Transportes y el de Exteriores en particular, no han estado a la altura que cabría esperar. La coalición con Unidas Podemos se ha visto sacudida por el anuncio de la nueva posición sobre el Sáhara -bastante más de lo que lo habría sido si la noticia hubiera llegado en tiempo y forma- y aunque no hay, por ahora, riesgo de ruptura por la cuenta que le trae a ambas partes, tampoco hay mucha solidez en ese frente.

Está claro que teniendo el poder se pueden hacer muchas cosas para reparar esos fallos y seguir caminando. No ha ocurrido nada irreparable o cuando menos que no se pueda compensar con actuaciones positivas. Pero, ¿son éstas posibles en el panorama económico, social y político que se ha creado en las últimas semanas?

Un acuerdo con los camioneros dará oxígeno al Gobierno, cuando llegue. Pero el problema de los precios disparados va a seguir ahí, inamovible durante muchos meses, quien sabe si años. Porque la situación internacional no va a mejorar, sino todo lo contrario. Aunque se acabe la guerra de Ucrania, de la manera que sea, la otra guerra, la que enfrenta a Rusia y China y a los países que les están siguiendo -entre ellos las petromonarquías árabes y la India- va a seguir con sus terribles secuelas económicas.

Un prestigioso columnista alemán escribía hace un par de días refiriéndose a sus compatriotas, pero también a los europeos en general, que la gente tiene que prepararse para “renunciar a la riqueza”, al formidable bienestar que las enormes clases medias del continente han conocido desde hace décadas. Por el aumento de los precios de la energía que han llegado para quedarse y de otros muchos productos -entre ellos las materias primas alimentarias- que tampoco van a bajar. Pero, sobre todo, porque la nueva competencia, esta vez con amenaza de guerra, que se ha desatado entre Occidente y ese otro bloque que se citaba más arriba va a cambiar las coordenadas no sólo de la formación de los precios sino también de los suministros para el mercado y de otras muchas cosas. 

En esa nueva realidad que se avecina, España necesita algo más que un gobierno minoritario, sometido a toda suerte de avatares, para hacer frente a enormes desafíos, muchos de ellos todavía imprevisibles. La idea de un pacto de estado entre el PSOE y el PP aparece como algo inevitable en el futuro.

Pero, por el momento es impensable. Primero, porque el PP tiene que crear su nueva estructura de poder y asentarla mínimamente. Segundo, porque el PSOE no puede deshacerse así como así de su socio de gobierno, Unidas Podemos. Un acuerdo similar al de los Pactos de La Moncloa podría soslayar ese inconveniente por, en teoría, UP podría sumarse al entendimiento con el PP, al igual que otros partidos.

Esas especulaciones no valen más que para indicar que en política siempre hay soluciones técnicas. Lo que está claro es que el tiempo apremia. Porque los españoles de a pie no van a renunciar por arte de magia a la riqueza, como sugería el columnista alemán. Y si las cosas siguen así, dentro de poco habrá millones de españoles dispuestos a exigir que se les compense por lo que les ha quitado la inflación.

Vienen tiempos difíciles. Y encima, el Tribunal de Londres ha confirmado que la causa con Juan Carlos I y sus multimillonarios desmanes no sólo no se ha acabado sino que puede volverse con fuerza contra quienes han hecho todo lo que han podido para taparla. 

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