¿Un impuesto a los ultrarricos? Más que necesario
Tenemos diagnosticado cómo mueren las democracias porque los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt nos lo explicaron de manera detallada hace casi ocho años. Ahora asistimos en directo al derrumbe de la de Estados Unidos, una involución que los expertos ya califican de autocratización, y al avance de la extrema derecha en Europa, impulsada por un programa común basado en la islamofobia. Este fenómeno solo consigue frenarse en las grandes ciudades que, ya sea París, Roma, Ámsterdam o Barcelona, se han convertido en refugios frente a la oleada totalitaria.
Hecha la breve constatación del sombrío panorama, y diagnosticado que el avance de Trump y de la extrema derecha en Europa tiene que ver también (aunque no solo) con el malestar que determinados colectivos expresan por sus condiciones económicas, la pregunta no es si hay alternativas. La pregunta es por qué no se aplican.
Una de ellas sería el impuesto a los ultrarricos cuyo principal teórico es el economista francés Gabriel Zucman. La socialdemocracia, siempre demasiado timorata cuando se trata de recetas para combatir el neoliberalismo, como recordaba con acierto el colega Enric González en su artículo de este domingo, debe remangarse de verdad.
Zucman argumenta que necesitamos proteger la democracia del auge de la riqueza extrema, y que eso pasa por un impuesto a los megamillonarios. Se trataría de gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros. Ahora bien, las personas con un patrimonio por encima de esa cifra no tendrían que pagar nada adicional si, a través de otros impuestos, ya abonasen ese 2% del valor de sus activos. “Es el impuesto más selectivo y más justo que se pueda imaginar. No solo grava a los ultrarricos, sino únicamente a aquellos que escapan a los impuestos”, explica.
En el caso de España, estaríamos hablando de aproximadamente un millar de contribuyentes. El ministro Pablo Bustinduy calcula que los hasta 5.200 millones de euros adicionales que se recaudarían permitirían financiar una “prestación universal para erradicar la pobreza infantil”.
Zucman es discípulo de Thomas Piketty, y alumno aventajado, puesto que su propuesta para combatir la desigualdad llegó a la Asamblea Francesa, aunque no prosperó por el rechazo de los partidos conservadores y, claro está, por el de las grandes fortunas francesas.
“No debería permitirse que los multimillonarios paguen menos [impuestos] que el resto; es una violación de nuestros principios más básicos de igualdad ante la ley”, resumía Zucman hace unas semanas en esta entrevista. Estamos ante un fallo sistémico y como tal hay que intentar buscar soluciones.
Ultrarricos es una palabra clave, aunque la verdaderamente importante —como ha estudiado Piketty con detalle— es igualdad. O quizá sería más acertado hablar de desigualdad, de ese 1% al que hizo famoso Joseph Stiglitz en su artículo de Vanity Fair hace ya 15 años: el 1% de estadounidenses que controlaba el 40% de la riqueza del país. De ahí surgieron un libro y el lema de Occupy Wall Street: “Nosotros somos el 99%”.
No es que la situación haya mejorado demasiado. El Informe Mundial sobre la Desigualdad, presentado el pasado mes de diciembre y cuyo prólogo firman Stiglitz junto a la economista india Jayati Ghosh, analiza en ocho capítulos cómo la desigualdad de oportunidades actual alimenta la desigualdad de resultados del futuro. Se trata de un exhaustivo trabajo en el que participan 200 expertos (entre ellos también Zucman) y que advierte de que la riqueza ha alcanzado máximos históricos, pero sigue estando muy desigualmente distribuida. El 0,001% más rico —menos de 60.000 multimillonarios— posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. En casi todas las regiones, el 1% más rico concentra más riqueza que el 90% más pobre en conjunto.
“Los impuestos y las transferencias son algunas de las herramientas más poderosas que tienen las sociedades para financiar bienes públicos y reducir la desigualdad. La tributación progresiva también fortalece la cohesión social y limita la influencia política de la riqueza extrema. Sin embargo, la progresividad tributaria se desmorona en la cima: los multimillonarios suelen pagar proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. Esto no solo socava la justicia fiscal, sino que también priva a las sociedades de los recursos necesarios para la educación, la sanidad y la acción climática”, señala el informe.
Las grietas sociales siguen ahí, como los privilegios de ese 1%. Ya no se ocupa Wall Street ni tampoco las plazas españolas, pero no será porque falten motivos.