La incompetencia voluntaria en la gestión de lo público en Madrid

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ruiz Escudero, ha anunciado lo que era previsible: que su Gobierno abre la puerta a la sanidad privada para abordar la vacunación masiva contra la COVID-19. Su consejería se ha puesto en contacto con centros privados para formar a profesionales, y de hecho ya ha cerrado una subcontratación 'a dedo' de la vacunación, como adelanta hoy elDiario.es.

Es decir, a pesar de las reiteradas peticiones de los colectivos sanitarios para que las autoridades madrileñas refuercen la atención primaria –sobrecargada ya antes de la irrupción del coronavirus–, el Gobierno madrileño sigue abandonando lo público, sin responder a sus necesidades, para favorecer la privatización de parte de la campaña de vacunación. 

Es inexplicable que, con la experiencia acumulada en la vacunación de la gripe, no se siga la misma praxis, extendiéndola en el tiempo y ampliando el número de profesionales. Presentar la vía privada como inevitable es la gran meta de las autoridades madrileñas desde hace años. Para ello han degradado los servicios públicos y se han negado a reforzar la atención sanitaria pública en plena pandemia. No han invertido lo necesario ni en rastreadores, ni en atención primaria, ni en personal sanitario, porque eso supondría allanar el camino para una mejora de la sanidad pública a corto y medio plazo, garantizando el derecho a un servicio sanitario de calidad de todas las personas, independientemente de sus posibilidades económicas.

Esa inversión insuficiente en lo público no es ni incapacidad ni falta de valía. Parece haber en ella una incompetencia voluntaria, con el propósito de beneficiar a empresas privadas, como se ha hecho ya con la construcción del centro Isabel Zendal, que ha supuesto un desembolso de más de cien millones de euros, el doble de lo presupuestado inicialmente.

Con la falta de apuesta por lo público, el gobierno madrileño cree poder justificar su continua querencia por lo privado. Hay en el abandono de la sanidad pública un plan trazado con premeditación, con la voluntad de vender el mensaje de que el desembolso público en la privada es el único camino posible.

Las autoridades de Madrid se quejaron la semana pasada de haber recibido muchas menos vacunas de las que esperaban por parte del Gobierno central. Hoy lo han vuelto a hacer el presidente del PP, Pablo Casado, y la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. Los periodistas y contertulios que siguen al pie de la letra sus argumentarios llevan días poniendo el grito en el cielo por ello, acusando a Moncloa de discriminar a Madrid.

La presidenta Ayuso dijo hace días que pondrían 24.000 vacunas diarias. A la Comunidad de Madrid le correspondían 48.750 dosis semanales, y protestó porque quería más. La primera semana se inyectaron 3.090 vacunas, un equivalente al seis por ciento de las recibidas. No han vacunado en fin de semana por no haber querido contratar a más personal. Su Gobierno ha dicho que prevé poner esta semana, como mucho, un 30% de las recibidas. Pero a pesar de ello sigue exigiendo más dosis al Gobierno central, con una finalidad propagandística evidente.

Díaz Ayuso no es ni una loca ni una incompetente. Sabe lo que hace. Está rodeada de ciertas oligarquías que la apoyan, porque se sienten favorecidas por sus políticas. Cuando se produce un desgobierno, cuando la gestión de lo público se descuida, hay que plantear el cui prodest: ¿Quién se beneficia?, sin olvidar la pregunta inversa: ¿Qué mal hacen y a quién?

La caja B del PP, Gürtel, Púnica, Kitchen, son algunas operaciones de presunta financiación irregular del Partido Popular. El 8 de febrero comenzará el juicio por la pieza conocida como caja B. La existencia de estas tramas nos obliga a preguntarnos si hay actualmente otra en marcha, aún sin nombre propio, pero con la misma voluntad: hacer de las adjudicaciones un oscuro reparto de beneficios para todos los involucrados, en este caso a costa de la salud de una parte de la población. No tiene por qué haberla. Adjudicar dinero público a empresas privadas no es un delito en sí mismo y, sin embargo, cuando lo que está en juego son servicios esenciales, puede poner en riesgo derechos fundamentales de una parte de la población, incluso la salud. Así es el sistema económico en el que vivimos.