Maricarmen, la anciana desahuciada en Madrid que no tiene un aticazo porque no se llama Isabel
Maricarmen lleva años con una garra de acero en el estómago, una espada de Damocles encima, aunque en realidad tenga edad para regar sus plantas, ver las noticias y dar paseos por su barrio mientras charla con sus vecinos de toda la vida. Ahora vivirá en un albergue, en casa de algún familiar o de la caridad de alguna escritora anónima. Pero no es lo mismo vivir que durar.
Nunca dejó de pagar sus 500 euros de alquiler, pero la empresa que compró su piso quiere más de 2.000 y lo ha conseguido gracias a una maniobra judicial para dar por acabado un contrato de renta antigua que estaba en vigor. Este miércoles han pesado más esos 2.000 euros mensuales para una empresa acaudalada con unos buenos abogados que una vida humilde y digna que se apaga. Miles de personas en la calle no se quieren adaptar a esa injusticia. Millones de españoles, desde sus casas, tampoco.
Preguntados los actores del sistema –desde los juzgados a la policía, ayuntamiento, empresa– revelan que no pueden dejar de hacer lo que están haciendo. ¿No es acaso una empresa una entidad cuya lógica existencial es la rentabilidad? ¿Acaso puede un juzgado desobedecer las instrucciones que salen de su mismo corazón? ¿No es la policía un brazo orgánico para que se cumplan las leyes? ¿No es cierto que el Ayuntamiento de Madrid tiene problemas para encontrar “alternativas habitacionales”? Si el PP, Vox y Junts hicieron caer a principio de año la moratoria de desahucios, ¿qué pueden hacer las administraciones desamparadas de normativa? Pero, ¿no se arreglaba todo con “prioridad nacional” y los españoles, como la castiza Maricarmen, iban primero?
El “sistema”, que es un conjunto de decisiones imbricadas que toman las personas, está hecho para perdurar y tiene, a veces, pereza procesal. A menos que alguien de esa cadena se arriesgara y se plantara para cortocircuitar lo que puede ser tan legal como inmoral e injusto. Un gesto político, una presión para extirpar y romper el cable que ha llevado a Maricarmen a la acera de su calle. Descolgar el teléfono y llamar a Urbagestión. La sentencia de la que parte todo es un clavo no extirpable, pero hay muchos actores que pueden tomar medidas de modulación, y lo harían si Maricarmen fuera su madre.
No hace una semana que conocíamos los detalles de cómo la Comunidad de Madrid había comprado un ático, no muy lejos de la casa de esta mujer, con una necesidad desconocida y una finalidad dudosa, por más de 6 millones de euros. Para que se quedaran a dormir autoridades de visita (¿y los hoteles?) o para autoridades de Madrid (¿no tienen casa?). Mientras, los ciudadanos las pasan canutas para vivir de alquiler y mantenerlo, que es ya todo un reto.
Este “sistema” –palabra como coartada para esconder la incapacidad o falta de agallas de las personas que manejan sus palancas y no se atreven a quebrar el camino o hacerlo transitable para las personas normales– es capaz de perpetuar una injusticia como el desahucio de Maricarmen porque se pone fino y dice que no puede hacer otra cosa.
Pero cuando quiere, no es tan fino y es capaz de rubricar y blanquear una operación administrativa dudosa, mal justificada (según la propia interventora) y permitir que se lleve adelante, como la compra del aticazo. Porque el sistema es, en realidad, los poderosos que lo conocen y tienen información. El sistema es una construcción, un espejo para que no podamos mirar a un culpable a los ojos.
El desahucio de Maricarmen no se resolvía hoy. Se debió de resolver en el Congreso hace años, y con gobiernos centrales, comunidades y ayuntamientos comprometidos hace décadas en aumentar viviendas y limitar la especulación salvaje. Con un alcalde de Madrid y una presidenta dispuestos a tomar cartas y parte defendiendo a la que debía de ser “una de los suyos”. Tomar parte es algo más que poner al Samur a la puerta de quien va a acabar sus últimos años desvalida y despojada del apoyo institucional que merecía.