Este 9 de diciembre de 2025 nos hemos enterado de que desmentir un bulo, confirmado como tal, acarrea una pena de dos años de inhabilitación a un alto cargo del Estado. Que no es culpable de lo que le acusan porque la sentencia no demuestra quién fue el autor del delito que le atribuyen... por intuición. Y, desde luego, hoy se ha confirmado que mentir no tiene la más mínima consecuencia en esta España de hoy por muchos que sean los daños que acarree y que, en ciertos asuntos de trascendencia, pueden llegar a ser gravísimos.
Se acumulan las historias de serios perjuicios a la sociedad protagonizadas por destacados líderes del PP en Comunidades autónomas y en ámbitos de influencia de esa derecha que no se circunscribe a la política. La historia se repite, una y otra vez. Y es similar en todos los atropellos a los que estamos asistiendo. La impunidad de la que disfrutan supone una autorización explícita para repetir sus abusos. La primera, la decisiva, es esa llave que obtienen en muchos casos de ciudadanos, medios, jueces, para que reincidan sin el menor coste. El ejemplo más reciente es el del Tribunal Supremo cuya sentencia parece autorizar al PP de Madrid -tal vez el gobierno más sucio de España- a afirmaciones de este calibre: “El Fiscal General del Estado se valió de su posición para cometer delitos y ayudar al Gobierno de Pedro Sánchez contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso”. Y a sacar provecho de ello. Y a que todo el coro y sus ecos repliquen argumentos similares. En realidad es una cadena en los que unos se autorizan a otros a ejecutar variadas tropelías.
Mientras el guirigay de gritos, bulos, insultos, hiperbólicas descalificaciones tapona la capacidad de discernir, diferentes gestores del Partido Popular operan y dañan sin que les suponga problema alguno. Es de los asuntos más graves y de mayor trascendencia que estamos viviendo. ¡Y de su entorno! por la doctrina impuesta este martes por el Supremo los entornos tienen culpabilidadas insospechadas.
Salen a la luz pufos inmensos como el del Hospital de Torrejón de Ardoz y se planta la presidenta Díaz Ayuso ante las cámaras y dice que lo que oyeron nuestros oídos del CEO Gallart y leyeron nuestros ojos en las denuncias de los propios trabajadores del centro son rencillas entre directivos y están manipuladas. Añade, sin dudar, que se deben a las ganas de Pedro Sánchez de tapar, agrediendo “a Madrid”, la corrupción que le atribuye la novia del acusado de casi media docena delitos de entidad que disfruta en un doble piso con ático incorporado de esas ganancias presuntamente delictivas. Y hoy brindando con champán francés por la sentencia, tan de su gusto, del Supremo contra el fiscal general que el novio de la novia promovió con su denuncia.
Ni un músculo le tiembla a Ayuso al oír que el CEO proponía desechar dolencias caras o rebajar la calificación de grave a leve en las urgencias. Dentro de su lógica, si le ha salido gratis el Protocolo de la Vergüenza que impuso la comunidad que preside para no derivar a hospitales a 7291 ancianos que murieron sin siquiera asistencia médica, ni respiradores para su asfixia, qué diablos le va a importar esos procedimientos sanitarios que resultan más rentables para la empresa concesionaria del hospital.
Más de cinco años llevan los familiares de las víctimas en las residencias luchando por encontrar justicia. Muchos piden que por lo menos no se repitan hechos similares, y ése es el quid de la cuestión. ¿Cómo no se va a repetir si no pasa nada? Tan solo la incomodidad de algunos de sus altos cargos en tener que acudir cada cierto tiempo al juzgado, ahora ya ni van. Los fieles a Ayuso comprenden que en una situación de emergencia sanitaria, la presidenta se gaste 170 millones de euros del dinero de todos en levantar un hospital inservible como tal, el Zendal, que dio trabajo eso así a las grandes constructoras amigas. Claro que sectores de la justicia que conocieron los casos tampoco hicieron gran cosa y que los medios a los que subvenciona –con dinero público- no le ven ni un defecto. Cuesta pensar que esos ancianos morían, como lo hicieron, mientras Ayuso descansaba en alguno de los áticos que adora.
En la Comunidad Valenciana ya supieron amargamente de la gestión del Hospital de Alzira de Ribera Salud, la misma empresa que gestiona el de Torrejón en Madrid, pero no acabaron ahí sus problemas. Con 230 víctimas mortales de la DANA, cuentan por fortuna con una jueza que busca la verdad con esmero, apoyada en pruebas y no cede a las presiones que las tiene y notables. Y así hemos ido sabiendo de una sarta de mentiras que sonrojan a cualquier persona decente. No a nadie del PP, claro. Qué manera de echar culpas a otros, a organismos que velan por la seguridad de todos, al presidente del gobierno de España, cuando Mazón se pasó varias horas comiendo con una periodista, impasible ante la tragedia que se estaba desarrollando en la Comunidad que presidía. Es insólito que se pueda llegar a ese nivel de desvergüenza y lo hace y solo le ha costado el puesto. Lo hereda otro colega que lo deja colocado con cargo, sueldo, coche oficial y asesores. La entonces vicepresidenta, Salomé Pradas, se comió el marrón inicial, defendió a Mazón y mintió hasta que ha visto las orejas al lobo. El nuevo president ya sabe que si se coloca unos buenos cascos para las protestas en la calle cabe todo en el saco.
Moreno Bonilla ha tenido el valor de ir contra la asociación Amama que denunció los errores de bulto, de bulto mastodóntico, con la comunicación de las mamografías de cribado del cáncer de mama. La justicia ha fallado que después no manipuló o silenció los informes: fue un fallo informático por saturación de la red cuando buscaban masivamente datos mujeres -desesperadas- pero el retraso existió y hubo muertes y amputaciones. A ver qué tal se le dan las elecciones, que el sanchismo es muy malo les dicen, tantos, tan fiables. Es el tratamiento de los incendios en Castilla y León y en Galicia, ese salpicado de problemas en Murcia. La lista es interminable y ellos nunca tiene la culpa, siempre son otros. Los señalan incluso.
Parece claro que el PP en la gestión es un peligro para la salud e integridad de los ciudadanos al menor descuido, a la más rentable privatización que surja, pero no les pasa factura. Por eso se repite una y otra vez. Son personas de carne y hueso quienes les autorizan a reincidir. ¡Qué van a hacer! si les halagan igual o más “sus” medios, les miman sus jueces, les votan los ciudadanos, víctimas potenciales. Nadie está libre de errores, pero ¿de este calibre?
Problema añadido es el modelo sanitario del PP -y no digamos si se junta con Vox-. Es el de Alzira en Valencia, el de la Comunidad de Madrid que creó Esperanza Aguirre y ha heredado con gran aprovechamiento Ayuso. Los que empezaron a llamar clientes a los pacientes en un nada inocente cambio de denominación. Ahora mismo, Madrid bloquea las ecografías en centros de salud del sur por falta de radiólogos -problema que también sufren otros hospitales públicos-. Los pacientes no engrosan las estadísticas oficiales de listas de espera porque les dicen que las agendas están cerradas. Pero sí ofertan los hospitales de “gestión privada” a los que pagan un dineral por el servicio: Quirón en cabeza, aligera mucho las citas. Hay dolencias que no pueden esperar. Un dilema casi ético. Ay, qué dije, no les amenace.
Todo este fiasco -para los ciudadanos, no para las empresas ni los políticos, parte de la Ley 15/97 sobre “Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud”, del gobierno de Aznar con el gallego Romay Beccaría -mentor de Rajoy y Feijóo- en sanidad. Fue aprobada con los votos de PP y PSOE, CiU, PNV y CC. En contra votaron IU y BNG. Con una reforma no se apaña, pero si meten mano a ese melón que aún, estando por debajo de la media UE (7.4%), se lleva alrededor del 6.5% del PIB y cerca del 9.53% del PIB sumado el Gasto Sanitario Público y Privado, van a acabar en algún juzgado y en los medios vociferantes hasta las mascotas de los dirigentes del PSOE y vilipendiados los periodistas que lo denuncien. Es un riesgo que merece la pena afrontar sin embargo ¿no les parece?
Ni siquiera es solo eso, siendo mucho. Si cada ciudadano, aunque ni piense en los demás, no es capaz de entender y responsabilizarse de lo que conviene incluso en su salud y su vida, para él y su familia, y prefiere el grito estentóreo y el odio, pues… así estamos: dando autorización expresa a privatizaciones sanitarias que priorizan la rentabilidad empresarial a la salud de los ciudadanos, a mentiras y trampas que hacen tambalear el Estado de Derecho, a esa prepotencia que ejecuta sin miramientos, con insoportable soberbia; a la impunidad, a la carísima impunidad de los verdaderos culpables: todos cuantos de una u otra forma la respaldan en cualquier grado.