La represalia de Alberto Fabra
El gobierno más corrupto y opaco de Europa acaba de cerrar su televisión pública. Con más de 100 implicados e imputados en casos de corrupción entre sus filas, solo en la Comunidad Valenciana, Fabra acaba de consumar lo que no puede pasar por una solución porque no es más que una cruel e irresponsable represalia contra quienes no han cometido más delito que defender y ganar ante los tribunales la vigencia de sus derechos como trabajadores y ciudadanos.
En menos de 12 horas el gobierno de Fabra ha respondido con el cierre de un servicio público establecido en el Estatuto de Autonomía a la durísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y lo ha hecho con la misma soberbia con la que, primero encubrió las pruebas del saqueo de la televisión pública valenciana (1.200 millones de euros de deuda inexplicable e inexplicada), después amparó a los directivos responsables del mismo (varios de ellos imputados en varias causas que van desde el abuso sexual de trabajadoras a colaboración con la banda Gürtel) y finalmente llevó a cabo un ERE ilegal, arbitrario e injusto.
Hoy, el más pusilánime de los presidentes que ha tenido nuestro gobierno, después de ser condenado por vulnerar los derechos fundamentales de más de mil valencianos y valencianas, ha decidido que quienes han de pagar la cuenta de su gestión corrupta, su control político de la información emitida durante dos décadas y finalmente su arrogante desprecio por los derechos de los trabajadores sean las víctimas de su manifiesta incompetencia como gobernante.
Estamos ante el penúltimo estertor violento de una banda que agoniza acorralada por la ruina económica resultante de su gestión y el estallido, ya imparable y descontrolado de sus alcantarillas.
En su delirio de impunidad creen que escaparán a las responsabilidades tanto políticas como judiciales de sus acciones. Se equivocan. Ellos han gestionado esta televisión arrastrada al descrédito por años de burda manipulación y la puesta al servicio de los intereses de las más variopintas tramas de corrupción. Ellos derogaron la ley que otorgaba al parlamento la capacidad real de determinar la composición de los consejos de administración por mayoría cualificada por una ley antidemocrática y reaccionaria. Ellos nombraron a la actual directora general, ellos y solo ellos gastaron más de 800.000 euros en informes jurídicos hoy bajo todas las sospechas para avalar un ERE manifiestamente ilegal. Ellos pagarán, antes o después, no tengan ninguna duda, por este lamentable y vergonzante episodio de la historia de los valencianos que hoy hemos vivido.
Josep Moreno es diputado del PSOE en el Parlamento valenciano y portavoz en la comisión de RTVV.
