Begoña Gómez VS Manuela Villena: de cuando se investiga prospectivamente para buscar indicios y no al revés

Sostener que todos los ciudadanos reciben el mismo trato en la justicia penal en España exige un ejercicio de ingenuidad. El contraste entre los casos que afectan a Begoña Gómez y Manuela Villena (cónyuge de Moreno Bonilla) no es ya una cuestión de percepción, es un síntoma preocupante del deterioro de los estándares mínimos de coherencia en el uso del proceso penal. Con el caso de Begoña Gómez el acceso a la jurisdicción penal está siendo instrumentalizado por asociaciones parapolíticas y grupos de marcado sesgo ideológico, que convierten querellas basadas en noticias de dudosa procedencia —cuando no directamente falsas— en herramientas de presión política. Lo verdaderamente grave no es que estas iniciativas existan, sino que encuentren cobertura procesal suficiente para ser admitidas a trámite por determinados jueces y tribunales felones. Admitir querellas sustentadas en material pseudoperiodístico no es garantismo, es degradar el filtro judicial hasta hacerlo irreconocible. Convierte al juez en una correa de transmisión de estrategias políticas y al proceso penal en un escenario de desgaste reputacional. Y eso, en un Estado de Derecho es una anomalía grave. Frente a esta permisividad, el contraste resulta clamoroso. Cuando las denuncias afectan a entornos políticos distintos, como el de Manuela Villena o figuras como Mariano Rajoy, José María Aznar o María Dolores de Cospedal..., la reacción judicial suele ser inmediata y contundente: inadmisión o archivo sin contemplaciones por falta de indicios. Aquí es donde el discurso oficial empieza a expeler hedor. ¿Por qué en unos casos se considera suficiente cualquier relato débilmente construido para abrir diligencias, mientras que en otros ni siquiera se permite iniciar el más mínimo recorrido procesal? La progresiva normalización de las investigaciones prospectivas selectivas, aquellas que la doctrina rechaza por vulnerar principios básicos del proceso penal, investigar sin indicios previos, buscar delito donde no hay base, parecen, sin embargo, tolerarse cuando el objetivo tiene vinculación con el Gobierno o con determinadas instituciones. El fiscal general, el entorno del presidente, figuras próximas al poder ejecutivo… todos ellos se convierten en terreno abonado para este tipo de prácticas. Es jurídicamente inaceptable y democráticamente corrosivo. Porque invierte el principio esencial del derecho penal moderno: ya no se investiga porque hay indicios, sino que se buscan indicios porque se ha decidido investigar. Manuela Villena fue nombrada directora institucional del laboratorio Bidafarma. Este laboratorio consiguió en la Pandemia el contrato de exclusividad para la distribución de las vacunas en Andalucía. Posteriormente, la mujer de Moreno Bonilla se hizo aún más fuerte en Bidafarma siendo nombrada Gerente de la Fundación mientras que su marido sigue contratando millonariamente con el laboratorio. El patrimonio de la familia Moreno Villena se ha quintuplicado inmobiliariamente en estos años. En otro caso y en otro paradigma de vida, esto, que sería un escándalo, tiene un nombre y se llama TESTAFERRO... Pero no me atrevería yo a decir tal cosa hoy y aquí teniendo los jueces que tenemos.Si el filtro de entrada al proceso penal se vuelve permeable para unos y hermético para otros, la conclusión es inevitable: no es la ley la que decide quién es investigado, sino el contexto en el que se mueve. Y eso, en cualquier democracia madura, debería encender todas las alarmas.