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AUGC respalda a la Fiscalía y espera que el juicio de Alsasua frene el “hostigamiento sistemático” contra los agentes

AUGC respalda a la Fiscalía y espera que el juicio de Alsasua frene el "hostigamiento sistemático" contra los agentes

EUROPA PRESS

MADRID —

En su acción como acusación particular, AUGC ha defendido la idéntica petición de penas por lesiones terroristas que la efectuada por parte de la Fiscalía al entender que la supuesta agresión se encuadra en el “acoso que la izquierda abertzale sigue manteniendo sobre los guardias civiles y su entorno en muchas localidades de Navarra y el País Vasco”.

AUGC ha recordado sus reiteradas denuncias por los episodios de acoso y se ha remitido al escrito de la Fiscalía que relaciona la agresión en un bar de Alsasua contra dos agentes y sus parejas con la estrategia de ETA y su entorno para expulsar del País Vasco y Navarra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dentro de la campaña Alde Hemendik (Fuera de Aquí).

“Confiamos en que la Justicia castigue este comportamiento con la pena de terrorismo sobre estas personas que supuestamente materializaron en forma de graves agresiones el acoso y persecución al que se somete a diario a cientos de agentes del Cuerpo y a sus familias en determinadas localidades de estas comunidades”, defiende AUGC en un comunicado.

La asociación señala que los acusados rechazaron un acuerdo con la Fiscalía por el que serían condenados a un delito de agresión terrorista con una pena de prisión de cinco años y seis meses y subraya que se juzga “los actos violentos más graves desde que ETA abandonara la actividad terrorista armada en octubre de 2011”.

“Siempre hemos estado y estaremos velando por los derechos y el bienestar de nuestros compañeros y sus familias destinados en el País Vasco y Navarra, o en cualquier parte otra parte del territorio nacional, que se encuentren sometidos a un escenario de rechazo y odio por ciertos sectores minoritarios de esa sociedad, que no estamos dispuestos a tolerar”, señala AUGC.

La asociación espera que, con la sentencia, los guardias civiles y sus familias destinados en Navarra y País Vasco “puedan recuperar cierto grado de normalidad en sus vidas” tras cejar la campaña que busca su expulsión de ambas comunidades autónomas, “algo que nunca sucederá”.

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