Abogan por que depuración Policía hondureña sea permanente y Fiscalía actúe

La comisión encargada del proceso de depuración de la Policía de Honduras, que en los últimos meses ha destituido a 628 oficiales, y el exdefensor del pueblo hondureño abogaron hoy por que ese proceso sea permanente y exhortaron a la Fiscalía a actuar contra los policías acusados por diversos delitos.

El proceso de depuración iniciado en abril pasado debe ser “sustituido por un sistema permanente de evaluación del desempeño de los policías”, dijo a Efe Omar Rivera, representante de la sociedad civil en la comisión depuradora de la Policía, nombrada por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.

Para ello, es necesario fortalecer las capacidades de las unidades de control interno de la Policía y los operadores de justicia, para que se puede “prevenir, investigar, judicializar y castigar” a los agentes corruptos, añadió.

Desde que inició su trabajo, la Comisión de Reestructuración y Reforma de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional de Honduras ha evaluado a 1.515 oficiales, de los cuales 628 han sido dados de baja, según un informe de ese comité presentado este martes en Tegucigalpa.

Del total de policías evaluados, 14 están suspendidos del cargo; 36 se han retirado de manera voluntaria de la institución; 27 continúan bajo investigación y 810 han sido incorporados a la nueva estructura orgánica de la Policía hondureña, señala el documento.

Los oficiales dados de baja “no tienen el perfil de idoneidad (...) su perfil profesional no es el óptimo y existen serias sospechosas de que han cometido ilícitos, han transgredido el régimen disciplinario y han incumplido sus deberes teniendo un desempeño mediocre en las ultimas décadas”, subrayó Rivera.

Es por ello que Rivera considera necesario contar con “un sistema de control y seguimiento” que “verifique la calidad y el desempeño” de los oficiales de la Policía, una institución que necesita de forma urgente limpiar su imagen ante la ciudadanía.

Los miembros de la comisión especial han pedido al Ministerio Público que investigue penalmente a más de 500 oficiales del organismo de seguridad, incluidos tres generales, aunque no precisan su identidad ni los supuestos delitos a los que se les vincula.

Rivera dijo que espera que el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, ponga “su mejor empeño” en investigar a los oficiales supuestamente implicados en delitos como el enriquecimiento ilícito.

“Confiamos en el fiscal, pero debe de apretar un poco el acelerador y darse cuenta que es anhelo de la población ver a los policías corruptos con juicio abierto y al que corresponda, sancionado”, enfatizó.

La comisión depuradora considera necesario crear un mecanismo de seguimiento a los policías que han sido destituidos el cual debe ser integrado por las diferentes agencias de investigación criminal e inteligencia del Estado, dijo a periodista una de sus integrantes y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales.

Morales cree necesario que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Instituto de la Propiedad aporten “información clave” sobre operaciones de los policías dados de baja para determinar si están implicados en delitos como lavado de activos.

El excomisionado de los Derechos Humanos Ramón Custodio cuestionó por su parte en declaraciones a Efe que el sistema de justicia de Honduras tiene “componentes que no funcionan”, como el poco accionar del Ministerio Público en la investigación de casos de corrupción.

Custodio señaló además que la depuración policial debe ser “continua y permanente”.

El proceso de depuración de la Policía Nacional fue acelerado por el presidente Hernández tras la denuncia del diario hondureño El Heraldo y The New York Times, a inicios de abril pasado, de que oficiales y otros agentes policiales supuestamente participaron en los crímenes del zar antidrogas Julián Arístides González, en 2009, del ex asesor antidrogas Alfredo Landaverde, en 2011.

Según las publicaciones, la muerte de González fue supuestamente planificada por la cúpula de la Policía y otros cargos a petición de un narcotraficante hondureño.