De Alfonso dejó en Antifraude 96 expedientes paralizados, la mitad caducados

El director de la Oficina Antifraude (OAC), Miguel Ángel Gimeno, ha prometido hoy abrir una “nueva etapa” en el organismo para lograr un ente “independiente, eficiente y transparente” que acabe con los “déficit” del mandato de Daniel de Alfonso, que dejó 96 expedientes paralizados, la mitad ya caducados.

En una comparecencia en el Parlament, Gimeno ha desvelado que De Alfonso -que fue destituido el verano pasado por la cámara catalana por pérdida de confianza a raíz de su conversación grabada con el exministro Jorge Fernández Díaz-, dejó en el cajón 96 expedientes paralizados, que no se habían ni siquiera tramitado.

Según el actual director de Antifraude, más de la mitad de estos expedientes ya estaban caducados, al haber transcurrido los seis meses de plazo que tiene la OAC para llevar a cabo sus investigaciones, mientras que los demás estaban a punto de caducar.

Gimeno, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha afirmado que no veía una intencionalidad política en la paralización de este casi centenar de expedientes, ya que muchos de ellos no eran muy relevantes, por lo que ha atribuido esta acumulación de expedientes sin tramitar a la “falta de controles internos” y problemas organizativos en el ente.

No obstante, ha asegurado que han adoptado medidas para solucionar esta acumulación de expedientes paralizados sin que quede ninguno de ellos por investigar.

De esta forma, Gimeno ha detallado que los expedientes que estaban a punto de caducar se tramitaron por vía urgente y los que ya habían caducado se archivaron, se notificó el archivo a las partes y ordenó que se volvieran a reabrir de oficio, regresando por lo tanto al punto de partida.

Gimeno también ha destacado que en la investigación interna que han abierto sobre la supuesta revelación de secretos en Antifraude han concluido que se limitó a De Alfonso, por su entrevista con el exministro Jorge Fernández Díaz, que le valió el cargo, en la que ambos buscaban pruebas para incriminar a políticos independentistas.

El director de Antifraude ha resaltado que la investigación interna sobre este asunto ha permitido demostrar que la estructura de Antifraude fue ajena a esta posible revelación de secretos: “podemos afirmar con rotundidad que el personal de la Oficina que todavía está en la Oficina no está implicado en ninguna perversión de sus funciones”, ha exclamado.