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Aprobada la reforma local en el Congreso que pasa ahora al Senado

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Cadenas humanas "abrazan" varios Ayuntamientos contra la reforma local

Cadenas humanas "abrazan" varios Ayuntamientos contra la reforma local

La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso ha aprobado hoy el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocido como reforma local, que ahora continuará su tramitación en el Senado.

Además del PP ha votado a favor del texto, al que han sido añadidas una decena de enmiendas, el grupo nacionalista vasco. Por el contrario el PSOE, el grupo mixto, CiU, Izquierda Plural y UPyD han votado en contra.

El Gobierno considera que la reforma clarificará las competencias, garantizará la financiación por parte de las comunidades de los servicios que presten los ayuntamientos y mejorará la transparencia municipal.

La mayoría de las enmiendas de la oposición pretendían la supresión de parte del articulado al considerar que la reforma vulnera la autonomía local, privatiza la gestión de los servicios sociales o los recorta, prima las fusiones de municipios y da más poder a las diputaciones.

El PP ha incluido su propuesta de que las juntas de gobierno de los ayuntamientos puedan aprobar sus presupuestos sin que los haya apoyado la mayoría del pleno de la corporación y que puedan sacar adelante sin necesidad de ese voto medidas como planes económico-financieros o de saneamiento.

El PNV ha pactado con el PP que la coordinación y decisión sobre la forma de prestar los servicios públicos es una labor ligada desde siempre a las potestades de las diputaciones forales.

El portavoz popular, Martín Toledano, en su intervención ha cargado contra el PSOE y se ha mostrado sorprendido por la "dureza" de la intervención del portavoz de CiU, Carles Paramo, pero ha tendido la mano a un posible acuerdo.

Gaspar Zarrías, del PSOE, ha insistido en que su grupo está "frontalmente en contra" y ha sostenido que se ha malogrado una oportunidad histórica para reformar la administración local, ya que es un modelo intervencionista, que no planifica ni simplifica las competencias, ni evita duplicidades y sí abre la puerta a la privatización de los servicios básicos.

Tras reiterar que interpondrán recurso de inconstitucionalidad a la ley, ha subrayado que el ahorro previsto de 8.000 millones por su aplicación saldrá del desmantelamiento de los servicios sociales y del recorte de personal.

Zarrías ha señalado que si se amplían los plazos hasta diciembre de 2015 es porque no quieren que se ponga en marcha antes de las elecciones municipales, que se celebrarán ese año.

Carles Páramo, de CiU, se ha mostrado "absolutamente contrario" a la reforma, que ignora el Estatuto de Cataluña y supone un "atentado a la autonomía local", aunque su grupo está abierto a llegar a acuerdos de última hora si se respeta la autonomía de su comunidad.

Se ha referido a las casi 500 enmiendas presentadas al proyecto que "muestran la escasa sensibilidad y el desconocimiento de la realidad" local por parte del Gobierno.

El portavoz nacionalista vasco, Aitor Esteban ha dicho que se han producido avances en las especificidades de la comunidad autónoma vasca.

Además ha considerado muy importante la enmienda que "cierra el círculo foral vasco" en la reforma y ha solicitado al presidente un pequeño receso antes de la votación para poder llegar a acuerdos con el PP.

La portavoz de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, que ha destacado que en la ponencia del proyecto de ley "no se ha aceptado ninguna enmienda de la oposición", ha indicado que con la reforma se va a "desmantelar" la administración más cercana al ciudadano por "ansias recentralizadoras" del Gobierno.

Tras asegurar que no respeta diversas cartas europeas, ni Estatutos de autonomía, se ha referido a las concentraciones de hoy ante los ayuntamientos para pedir la retirada de la ley y ha insistido en que su puesta en marcha supondrá el cierre o la privatización de numerosos centros sociales municipales.

Rosa Díez, de UPyD, que ha lamentado "el trámite parlamentario" de la reforma, en referencia a su debate en Comisión sin que tenga que volver al Pleno del Congreso, ha asegurado que el PP no ha tratado de ampliar el consenso.

En su opinión, no resuelve los problemas de la Administración local: ni de financiación, ni la distribución competencial, ni las duplicidades.

La diputada de ERC, incluida en el Grupo Mixto, Teresa Jordá, ha indicado que el proyecto obvia la singularidad catalana e impone a la administración local ser "un apéndice del Estado centralista, además de no contemplar 'las veguerías', "la realidad territorial de Cataluña".

Onitza Enbeitia, de Amaiur, también del Grupo Mixto, se ha referido al "peso histórico" de los municipios en el País Vasco y ha dicho que la reforma es un "ataque a la democracia participativa" y que no se aplique en Euskadi.

Fernández Davila, de BNG, ha comentado que el texto lo que propone es reforzar las diputaciones para el futuro.

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