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CRÓNICA

Iglesias busca espacio en la gestión de la crisis por el coronavirus

Calvo y María Jesús Montero se opusieron en el Consejo de Ministros que aprobó el estado de alarma a que el líder de Podemos fuese la quinta autoridad delegada para hacer frente a la crisis

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El vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, durante el Consejo Interterritorial que se celebro este viernes de forma virtual.

El vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias, durante el Consejo Interterritorial que se celebró este viernes de forma virtual.

La curva no se aplana, el sistema sanitario está al borde del colapso y en las redes sociales se acumulan los bulos sobre el virus, pero también sobre la política. Uno de los que más ha circulado esta semana es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado al borde de la ruptura en medio de la crisis sanitaria. Ni Unidas Podemos ni el PSOE  ni los que han estado al tanto de las negociaciones lo confirman. Todo lo contrario. Lo que sí se ha librado es una batalla por la paternidad de las decisiones, como si un Consejo de Ministros no fuera un órgano colegiado y el llamado "escudo social" con el que paliar los efectos sociales y económicos de la pandemia tuviera que llevar un nombre y un apellido o, en su defecto, las siglas de un partido.

Ha pasado. Antes de que el presidente del Gobierno anunciara el martes 17 en rueda de prensa el paquete de medidas sociolaborales y económicas con el que combatir los efectos de la crisis sanitaria, al teléfono de algunos periodistas ya había llegado por mensaje de Telegram el detalle de algunas decisiones que Unidas Podemos se atribuía como propias y que el propio Pablo Iglesias publicitaba en su muro personal de Facebook.

Antes de que Pedro Sánchez se dirigiera también ese mismo día a los españoles tras el Consejo de Ministros, algunos medios dieron por aprobadas medidas que después no se confirmaron. Unas filtraciones llegaron desde los ministerios "morados" y otras, desde terminales de los socialistas. En La Moncloa sin embargo defienden que en año y medio de gobierno monocolor jamás se filtró un papel y que, ahora, pasa todo lo contrario porque los socios del PSOE "están muy acostumbrados a emitir continuamente y alimentar narrativas en los medios".

El tiempo de los relatos ha pasado y lo que queda no es solo una batalla de protagonismos, sino dos visiones muy distintas de cómo España debe afrontar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Ambas se explicitaron en la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos que tuvo lugar el jueves 12: de un lado, los partidarios de abrir la manguera de gasto público; del otro, los defensores de la ortodoxia sobre el control del déficit público. La división era transversal porque entre los primeros, además de los ministros de Podemos, también estaban el de Seguridad Social, José Luis Escrivá; la de Industria, Reyes Maroto; y el de Fomento, José Luis Ábalos.

Y así llegó, dividido pero no exactamente por partidos, el Ejecutivo al Consejo del sábado 14 en el que se iba a aprobar el real decreto sobre el estado de alarma. Cinco de las casi ocho horas que duró la reunión transcurrieron con una larga exposición de cada ministro sobre cómo había que responder ante la emergencia. Iglesias, aseguran fuentes gubernamentales, "se había empleado sin demasiado éxito" en que el texto, que fue coordinado desde la vicepresidencia primera, incluyera algunas medidas de protección social". Jurídicamente no procedía y tampoco, como propuso Iglesias, incluir alguna medidas de carácter social como una paga de 400 euros para familias monoparentales. Así que el decreto, que se trasladó desde el despacho de Carmen Calvo a todos lo ministerios sobre las cinco de la mañana del mismo sábado, se aprobó tras un extenso debate de cada artículo, pero con mínimas correcciones respecto al último borrador redactado.

La quinta autoridad delegada

Y hasta ahí el primer elemento de disputa. El segundo llegaría con la petición del vicepresidente segundo de ser designado quinta autoridad delegada en materia de derechos sociales. Calvo y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, fueron quienes se opusieron con mayor contundencia a su propuesta, si bien hubo otras intervenciones de ministros que no vieron necesaria su presencia en el gabinete como garante de la protección de la población más vulnerable, relatan fuentes del Gobierno.

El líder de Podemos, igual que el resto de ministros de su partido, quedó al margen del protagonismo de los cuatro ministerios involucrados en el estado de alarma –Sanidad, Interior, Defensa y Transportes– y empezó a crecer el malestar entre sus cuadros por haber quedado sin apenas espacio para la gestión de una crisis que mantiene en shock a la sociedad española. En realidad, desde la polémica por la ley de libertad sexual tras las diferencias entre el Ministerio de Igualdad y la Vicepresidencia Primera, los ministros de Unidas Podemos ya habían desaparecido del foco mediático. La última en comparecer públicamente había sido Irene Montero tras el Consejo de Ministros previo al 8M que aprobó el polémico texto.

Y este jueves reapareció Iglesias, acompañado del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien anunció que delegaba toda la coordinación de los servicios sociales del Estado en el vicepresidente segundo. Al final, Sánchez cedió a las presiones de su socio y decidió resarcirlo con una victoria pírrica fuera del real decreto y en contra del criterio de algunos de sus colaboradores más cercanos que, al final, concluyen que el control absoluto lo tiene el presidente y cuatro ministros socialistas y que, en adelante, irán compareciendo ante los españoles todos los miembros del Gobierno, acompañados por las cuatro autoridades delegadas del estado de alarma. De hecho, al día siguiente de Iglesias lo hicieron por la mañana Pedro Duque, junto al ministro de Sanidad, y por la tarde el de Justicia, Juan Carlos Campo, junto a Grande-Marlaska, de Interior, en clara señal de que Iglesias en esta crisis no será más que ninguno de ellos pese a ser vicepresidente segundo.

En medio de la puja por el foco y la paternidad de las medidas, Unidos Podemos se atribuye parte de los puntos sociales como un logro del equipo del vicepresidente segundo y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Tanto es así que aseguran que la decisión de aplicar una moratoria en el pago de las hipotecas para los afectados por el coronavirus "se la arrancó" el secretario de Estado para Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, al gabinete de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en la madrugada ya del martes en que se aprobó el decreto.

Este extremo lo niegan en La Moncloa, donde aseguran también que la decisión de prohibir los cortes de suministros básicos en los hogares no fue iniciativa de los morados, sino que estuvo sobre la mesa desde el primer borrador que redactó Economía. Tampoco hubo debate alguno, aseguran fuentes conocedoras de la negociación, ni sobre el aplazamiento de las cuotas de los autónomos ni sobre la moratoria en el pago de los alquileres.

El caso es que el vicepresidente segundo busca a toda costa un espacio y por ello durante su comparecencia del jueves buscó desplegar el argumentario morado frente a la crisis con una intervención en la que no perdió ocasión de recordar que "hay que aprender de los errores de 2008" y enterrar "los dogmas de la austeridad fiscal" para "garantizar a todos los compatriotas que esta crisis no la pagarán los de siempre y que esta vez sí van a contar con el apoyo del Estado". Algunos dirigentes socialistas creen que el vicepresidente confunde el Gobierno "con una asamblea de la facultad" y el estado de alarma, "con una serie de televisión". "Ni sabe cuál es su sitio ni es consciente de la proporcionalidad que tienen en el Ejecutivo", añaden quienes han vivido esta semana de cerca la tensión entre socios de la coalición.

Iglesias subrayó también que ni "el escudo social" con 600 millones de euros que desplegará su departamento (la mitad serán fondos de las autonomías a las que se les dejará gastar parte de su superávit para contener la crisis), ni el plan de choque completo anunciado por Sánchez el martes para la movilización de recursos públicos y privados por valor de 200.000 millones de euros serán "un punto final". Y en esta misma línea los dirigentes de su partido llevan días reclamando la creación de una renta mínima vital, incluida en el pacto de gobierno con el PSOE, y que la moratoria para el pago de las hipotecas se extienda a los alquileres para personas vulnerables o en riesgo de exclusión. Dos medidas que, sin embargo, desde otros departamentos del Gobierno sostienen que en el Consejo de Ministros el vicepresidente segundo no reclamó en ningún momento.

El viernes Iglesias presidió por videoconferencia el Consejo Interterritorial de Derechos Sociales, junto a representantes de las comunidades autónomas, donde dio cuenta del reparto territorializado de los 300 millones de euros que se van a movilizar para que los gobiernos regionales dispongan de más fondos para tratar de hacer frente a la emergencia.

Sea como fuera, a la España en vilo y enclaustrada por el coronavirus no parece importarle hoy demasiado de quién sea cada propuesta, sino más bien si el conjunto de todas ellas será suficiente para paliar los dramáticos efectos de una crisis que se llevará por delante muchas vidas y, según algunos cálculos, más de un millón de empleos. En tiempos de emergencia nacional no vendría mal dar una larga tregua a la política con minúsculas.

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