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El Gobierno y las Comunidades aprueban el reparto de la inyección de 300 millones para los Servicios Sociales

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, este viernes durante la reunión de su departamento y los consejeros autonómicos.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado este viernes el reparto de los 300 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros para reforzar los Servicios Sociales ante la expansión del coronavirus. El reparto se ha decidido en una reunión del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia que ha presidido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y que ha contado con la participación de los diferentes consejeros autonómicos.

Estas son las ayudas sociales que pueden aprobar las comunidades con los 300 millones extra que les dará el Gobierno

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La ponderación del reparto de los 300 millones ya venía definido en el real decreto aprobado el pasado martes. La variable más importante es la población, que que pondera al 90%. Luego se afina con la distribución, la dispersión de dicha población (1,5%), la presencia de grandes urbes con más de 500.000 habitantes (0,7%), el número de dependiente mayores de 65 y menores de 16 (2,3%), la superficie total (5%) y la insularidad (0,5%). A La Rioja, además, se le garantizaba el 1,5%; y a Ceuta y Melilla el 0,5%. Las ciudades autónomas reciben otros 100.000 euros más.

Las Comunidades que más fondos reciben son, por este orden, Andalucía, Catalunya y Madrid. 



El secretario de Estado de Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, ha comparecido esta tarde en una rueda de prensa en la que ha valorado la "enorme colaboración" de todas las Autonomías durante la reunión mantenida este medio día.

Álvarez ha señalado que el real decreto aprobado el martes es "un primer paso que supone un cambio de rumbo muy importante sobre cómo se han gestionado crisis en el pasado" y ha apuntado que "si es necesario, se adoptarán medidas para construir un escudo social que no haga que sea la mayoría social o las familias más desfavorecidas que se puedan ver más golpeadas por la crisis sanitaria, pero también económica y social". "Tenemos la intención de legislar nuevas medidas para las familias que puedan verse en situación de vulnerabilidad en las próximas semanas", ha zanjado.

Entre otras, los gobiernos autonómicos podrán utilizar este dinero para reforzar la ayuda a domicilio, el servicio de teleasistencia, la atención a las personas sin hogar, etcétera.

Mascarillas para las residencias

Álvarez también ha explicado que las mascarillas y el resto de equipos de protección (EPI) para evitar el contagio de coronavirus, de los que actualmente hay escasez en todo el territorio, serán una prioridad para las residencias de mayores y para los trabajadores y usuarios de Servicios Sociales. 

El secretario de Estado ha destacado que "tan pronto lleguen a las comunidades autónomas", estos equipos de protección serán repartidos según las necesidades, pero estos centros "se pondrán como prioridad". Por otro lado, el director general del IMSERSO, Luis Alberto Barriga, ha especificado que "se barajan distintas posibilidades para implantar" la realización de pruebas diagnósticas al personal que trabaja en Servicios Sociales porque "necesitamos saber su estado de salud en todo momento", ha dicho sin aportar detalles sobre fechas.

La Vicepresidencia de Derechos Sociales ha insistido en que no cuentan con datos de mortalidad en las residencias, que se han convertido en un foco de coronavirus y que alberga a buena parte de la población más vulnerable. Además, la Conferencia Interterritorial ha acordado declarar a los trabajadores de Servicios Sociales "personal esencial" y se barajan "posibilidades de movilización" de los profesionales para atender a las necesidades que se vayan detectando, ha añadido Barriga.

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Publicado el
20 de marzo de 2020 - 18:51 h

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