UPyD avisa de que 'Catalunya Banc' tendría que devolver las ayudas del FROB si Cataluña se independizara

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha realizado un repaso de las primeras consecuencias que tendría la secesión de Cataluña y ha advertido de que 'Catalunya Banc' tendría que devolver todas las ayudas recibidas del Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancaria (FROB), cifradas en 12.000 millones de euros.

Esta es una de las conclusiones que se extraen del informe 'El coste de la No-España' que UPyD presenta este miércoles y con el que trata de rebatir los argumentos del nacionalismo mediante la defensa de que “la idea de España, una realidad con más de 500 años de historia, ha sido un proyecto exitoso”.

En el apartado dedicado a analizar los costes políticos e institucionales de una eventual secesión, redactado por el europarlamentario de UPyD, Francisco Sosa Wagner, y Mercedes Fuertes, el informe recuerda que “un importante grupo de cajas de ahorro catalanas ha sido nacionalizado para evitar su quiebra”.

Éstas, que operan bajo la denominación de 'Catalunya Banc', operan gracias a las “cuantiosas ayudas” aportadas por el FROB. “La secesión supondría negociar el cauce de devolución de estas ayudas si las nuevas autoridades catalanas quisieran adquirir la titularidad de esta entidad financiera”, sostiene.

Pero además, avisa de que los Presupuestos del Estado del año en curso deberían ser “ajustados” a la nueva realidad territorial, así como las ayudas y subvenciones a municipios, tanto las del Estado como las de la Unión Europea.

ELEGIR MONEDA

Las autoridades del nuevo territorio deberían además decidir la moneda de curso legal, que podría ser el euro igual que en países como Andorra, Mónaco o Montenegro. Sin embargo, no podrían acudir a los instrumentos de liquidez y financiación establecidos por el Banco Central Europeo (BCE) para conseguir euros y deberían apelar a entidades crediticias privadas.

En este punto, el informe recuerda que las agencias de calificación ya tienen asignada la calificación de bono-basura a los títulos hasta ahora emitidos por Cataluña, “que lleva varios años fuera del mercado”, y las amortizaciones de deuda las ha realizado “en parte” gracias a las aportaciones del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

En cambio, si optaran por acuñar una nueva moneda, UPyD avisa de riesgos “no menores”, como la posible huida de los grandes capitales ante su segura devaluación, así como la extensión de una “hiperinflación”.

Sosa Wagner y Fuertes dejan claro que una secesión de Cataluña obligaría a afrontar muchas reformas institucionales y de reordenación territorial, como buscar una nueva sede en el territorio español de la Escuela Judicial que hoy se encuentra en Barcelona o a las dependencias en territorio catalán del Banco de España.

Pero además, también habría que acomodar el número de diputados y senadores en las Cortes Generales, “excluyendo a quienes hoy representan a los ciudadanos de las provincias catalanas”. Del mismo modo, habría que reordenar la planta de los juzgados y tribunales de justicia y fijar los cauces para el traspaso de las sedes “y dando la opción a jueces, magistrados, fiscales y personal de la administración a elegir entre otro puesto en la organización judicial española o su abandono de la función pública española”.

De la misma forma, respecto a los funcionarios, el informe sostiene que debería abrirse un cauce para que quieren hoy dependen del Estado o se hallan en Cataluña como consecuencia de los traspasos realizados a la comunidad, puedan optar “entre permanecer en el territorio escindido y perder la nacionalidad española y la carrera administrativa, o pasar a España”. El mismo régimen se aplicaría para los funcionarios militares y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

FRONTERAS Y PASAPORTES

Los autores del estudio creen que “lo más arduo” sería el restablecimiento de unas fronteras “que inevitablemente afectarían a la circulación de las personas y a los flujos comerciales con la posible introducción de nuevos aranceles”. El nuevo Estado debería incorporarse a la Organización Mundial del Comercio para poder participar en sus acuerdos y, mientras tanto, “se multiplicarían los aranceles al quedar excluidos del mercado único europeo”.

También los nuevos ciudadanos deberían disponer de un pasaporte para utilizar pasar a otro país, además de que otro “problema” sería la determinación de la nacionalidad de los residentes en Cataluña que, hasta el momento de la secesión, contaban con la nacionalidad española “y el privilegiado status de ciudadano europeo”. En este contexto, el informe repasa múltiples asuntos que deberían ser analizados, como el río Ebro o las carreteras y autopistas.

Además, analiza otra “aventura excitante” del nuevo Estado, como sería la de solicitar su ingreso en la ONU y en la Unión Europea. A su juicio, está “fuera de toda duda jurídico-institucional ” la salida inmediata del territorio escindido de la Unión Europea, con las consecuencias que ello acarrearía.