El abogado de Rato en las “black” critica las divergencias entre las acusaciones

El abogado defensor de Rodrigo Rato en el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid ha atacado la “inseguridad” de las acusaciones, que no han podido ponerse de acuerdo ni siquiera sobre quién es el perjudicado en la causa, si Bankia o el FROB, lo que demuestra que “uno de los dos sobraba” en la causa.

Durante la exposición de sus conclusiones, Ignacio Ayala, que ha pedido la absolución para el que fuera presidente de la entidad, ha criticado que se haya querido juzgar “una época, un modelo, un concepto”, y que se haya querido celebrar “un juicio moral” y no jurídico.

En su opinión, se trata de una operativa en la que han participado “más de 100 personas a lo largo de 23 años”, y de los cuales “están sentados como acusados 65”, que se merecen “un juicio individualizado, el juicio de 65 individuos”.

Al igual que ha hecho poco antes el defensor de Miguel Blesa, Ayala ha quitado legitimidad a las tablas de excel presentadas durante el juicio en las que constaba los gastos efectuados, y que en su opinión “son meras fotocopias y no puede constituir un documento mercantil”.

La tabla excel “no tiene garantía alguna”, puesto que el volcado de la información no ha sido controlado y no consta siquiera la fuente original; en su opinión, es impensable que la UDEF o la UCO hubieran presentado ante un tribunal pruebas con este método.

No estamos ante un juicio por lo gastado con unas tarjetas, ha dicho Ayala, sino que se trata de remuneraciones, con la “paradoja” de que se reconozca que existe el derecho a recibir una remuneración pero se ponga en cuestión el método.

Asimismo, ha recordado que no se trata del juicio contra los dos expresidentes, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, “cuyas presidencias no eran siamesas”, sino que se trata de un juicio con 65 acusados distintos.

Ha quedado “sobradamente” acreditado que en 2010 estaba ya vigente un sistema de remuneración; no se trataba “de un sucedáneo, no hace falta emplear eufemismos”, ha dicho.

Se trata, ha indicado Ayala, de un sistema de remuneración que utilizaba tarjetas, no de un sistema de tarjetas.

En ningún caso se trata de “tarjetas de empresa”, es un sistema de remuneración que descansaba en las decisiones del consejo de administración, “que no lo instauran los presidentes sino el Consejo”, mediante acuerdos unánimes “que no han sido revocados”.

Es una práctica propia de la caja en la que participan todas las unidades de la empresa, Personal, Fiscal, Contabilidad, ha relatado Ayala, que permaneció “invariada e invariable” durante 23 años.

Y que, además, “no estaba oculto ni ocultado”, como prueban “diversas referencias documentales”, como las cuentas en las que estaban adscritas las tarjetas, que eran conocidas por la Agencia Tributaria.

Se trataba en suma de un sistema de remuneración “legal, organizado, conocido, tradicional y automatizado”, ha explicado el letrado.

El abogado se ha referido a la declaración del ex consejero delegado de Bakia, Francisco Verdú, “de gran impacto emocional en la opinión pública”, pues fue uno de los pocos que no hizo uso de su tarjeta.

Pero no la rechazó, ha recordado Ayala, sino que “la guardó en su mesa y la devolvió a Recursos Humanos cuando Rato abandonó la entidad”, pero en todo momento “silenció su existencia”.

De hecho, no consta en la causa contrato alguno relativo a las tarjetas de Bankia, sobre las que se conoce la declaración de Verdú, que al parecer al incorporarse a Bankia “no le dio importancia y la guardó en un cajón”.

La tarjeta, ha concluido Ayala, es “un mero instrumento de pago”, que no estaba emitida “fuera de los circuitos”, ya que la de Rato la cancela el entonces director de la central de tarjetas de Caja Madrid, Manuel Cobo, y la de Verdu es él mismo quien la entrega a Recursos Humanos.