Las acusaciones de la jueza contra Casado acorralan a Cifuentes: “Hay un patrón de conducta delictiva”
La investigación que comenzó con el máster de Cristina Cifuentes ha llevado a Pablo Casado a las puertas del Supremo. La exposición razonada que ha enviado la jueza al alto tribunal reúne todos los indicios contra el presidente del PP, pero también dedica unos párrafos a la expresidenta madrileña. El texto complica el futuro judicial de Cifuentes porque considera que el año que ella cursó el posgrado también se regaló el título a un grupo de alumnos privilegiados.
El escrito que envió la jueza Carmen Rodríguez-Medel al Supremo recorre en 54 páginas toda la investigación que ha llevado a cabo para determinar que Casado pudo cometer los delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa. Reserva parte de ese texto a la expresidenta regional, con quien se inició la investigación a raíz de la denuncia de una profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
La jueza señala que el caso de Casado se centra en el “regalo del título académico del máster” a un grupo de alumnos escogidos, a quienes se calificó “sin realizar actividad académica alguna”. En ese punto, Rodríguez-Medel informa al Supremo que esa práctica no se acotó al curso 2008-2009, sino que “se utilizó en otros años académicos”.
Concretamente, explica que en el curso de Cifuentes (2011-2012) “al menos siete alumnos han reconocido en sede judicial que fueron calificados sin acudir a clase y sin someterse a ningún tipo de evaluación”. La jueza ve en esa actuación “un patrón de conducta delictiva en sucesivas ediciones del máster”.
Siete alumnos que no hicieron nada
La jueza abrió la investigación contra Casado “por si existiera continuidad delictiva” y ha concluido que la hubo. Los delitos que se dieron en el máster del presidente del PP se repitieron en el de Cifuentes, y de hecho dedica un párrafo para dar contexto a los magistrados del Supremo.
“Se ha acreditado indiciariamente que se falsificaron firmas de los profesores integrantes de la Comisión para la Convalidación”, escribe Rodríguez-Medel, que conecta esa actuación con “la finalidad de convalidar asignaturas a más de ocho alumnos de la edición de este máster”, el de la expresidenta regional.
Siete de esos alumnos han reconocido en sus declaraciones “que no hicieron más que matricularse en el mismo, sin mayor actividad académica de ningún tipo, a pesar de lo cual tienen todo expedito para recoger el título”. La octava alumna que aparece en las actas de convalidación falsas es Cifuentes.
En su declaración insistió en que cursó el máster -aunque sin ir a clase- y que entregó trabajos. Pero no tiene forma de probarlo, porque afirma que no ha conservado las copias digitales y las que supuestamente tenía en papel se le han extraviado durante las mudanzas. No conserva emails, como sí tienen otros compañeros de clase, porque a la jueza le dijo que enviaba todos sus trabajos con un mensajero. “Me resultaba más cómodo”, se justificó.
Álvarez Conde, “el urdidor” en ambos casos
Casado y Cifuentes compartieron mentor en el máster. El catedrático Enrique Álvarez Conde dirigía el Instituto de Derecho Público, organismo asociado a la URJC que impartía el máster. La jueza le coloca en la cúspide de la trama para regalar títulos y señala que todos los alumnos imputados en la pieza que investiga al presidente del PP tenían en común “su especial relación personal o profesional” con este profesor.
Tanto Cifuentes como Casado han dicho que solo se relacionaban con Álvarez Conde, a quien la jueza considera “el urdidor” del proceso que culminó con las convalidaciones masivas al presidente del PP y otras tres alumnas.
“Era, además, el beneficiado por este proceso, en el que todos ganaban: le permitía la supervivencia del máster (dado que con pocos alumnos se extinguía), le creaba un clima favorable en cuanto a sus relaciones políticas (...) y profesionales, y aumentaba el prestigio de su instituto”, señala Rodríguez-Medel.
Unos párrafos más tarde la jueza cita la importancia que tiene Maite Feito en ambos casos. La define como “la persona de confianza de doña C.C -Cristina Cifuentes- que insta la falsificación del acta de defensa del trabajo fin de master el 21 de marzo de 2018”.
Trabajos 'ad hoc' para Cifuentes
Añade que Feito también instó a una de las profesoras “a que prepare unos trabajos ad hoc para que la entonces Presidenta pueda acreditar haberlos hecho, llegando a solicitar, por último, bibliografía -se entiende para elaborar los trabajos con base en la misma- cuando recibe la negativa de la profesora Rosado a hacerle los trabajos”.
La parte de la investigación contra Cifuentes es más profunda y complicada que la de Casado, porque este procedimiento también se adentra precisamente en esas maniobras para tratar de tapar el escándalo y evitar que afectase a la carrera política de la expresidenta madrileña.
Pero sin necesidad de ahondar en este punto, la exposición razonada que la jueza del caso Máster ha enviado al Supremo complica el futuro judicial de Cifuentes. Ambos eran cargos públicos, así que a ambos se les puede acusar de cohecho impropio. Además, siguieron los mismos pasos para obtener el título sin, dice la jueza, esfuerzo académico alguno, por lo que también se da el delito de prevaricación administrativa.
La expresidenta madrileña estará muy pendiente de la decisión que tome al alto tribunal en septiembre por si aprecia la existencia de estos delitos en un caso calcado al suyo.
