De Angrois a la dana de Valencia: cuando el PP gobernó sin asumir responsabilidades ante tragedias mortales
El accidente ferroviario más grave de España desde la restauración de la democracia no fue el de Adamuz, con 46 fallecidos, ni el más reciente de Urda, donde se contabilizan al menos 69 personas muertas, aunque se prevé que la cifra aumente. Ocurrió en julio de 2013 en Santiago de Compostela, también en una línea de alta velocidad, y perdieron la vida 80 personas. La ministra de Fomento era Ana Pastor, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Nadie asumió responsabilidades políticas y el PP señaló como responsable único al maquinista del Alvia, mientras negó a las víctimas y sus familias la entrada a su propio homenaje.
Lo ocurrido tras el accidente de Angrois hace menos de una década choca con la actual actitud del PP de Feijóo. Y sirve de ejemplo de la doble vara de medir de la oposición cuando le tocó gestionar tragedias y accidentes desde el Gobierno.
Feijóo tardó apenas 24 horas en exigir “responsabilidades políticas” por el accidente de Urda. De forma inmediata y sin esperar a terminar la investigación oficial. El mismo día, el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, apuntó directamente a Pedro Sánchez. El líder del PP también consideró “una frivolidad” que el Gobierno quiera “echar la culpa a un operador de Atocha”, en referencia a la frase sobre la “inexplicable” orden de reanudar la marcha que recibió el AVE que, posteriormente, colisionó con el Iryo.
El líder del PP ha seguido el mismo guion que después del accidente de Adamuz. Entonces, anunció la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la tragedia.
Pero el Feijóo de 2013 que presidía Galicia, donde se produjo el accidente de Angrois, rechazó hasta en tres ocasiones que el Parlamento autonómico abriera una investigación política sobre aquel percance. También acusó al maquinista por tomar la curva a una velocidad excesiva, obviando que había habido una decisión política de desactivar el sistema de seguridad ERTMS. No fue la única crítica a la gestión que hizo la Xunta de aquel siniestro. Por ejemplo, las víctimas denunciaron que se les impidió la entrada a su propio homenaje.
Pero tampoco en el Congreso se investigó lo sucedido. La entonces ministra, Ana Pastor, solo compareció varias semanas después y en comisión, no en el Pleno. No reconoció ni un error. Solo varios años después, cuando el PP perdió la mayoría absoluta, el Congreso abrió una investigación parlamentaria. La presidenta de la institución era la propia Ana Pastor. En 2018, las víctimas le pidieron no “añadir más dolor” y desbloquear la investigación.
Mazón, un año defendido por Feijóo
El PP ha reiterado este viernes sus peticiones de dimisión de Óscar Puente y de Pedro Sánchez, pese a que los españoles decidirán su próximo Gobierno en apenas un mes. Una premura que contrasta con la defensa que hizo el partido, con Feijóo a la cabeza, del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, por su responsabilidad política en la gestión de la dana de Valencia que provocó más de 200 muertos hace ahora dos años.
El PP siempre supo que Mazón estuvo durante horas aislado en un reservado del restaurante El Ventorro con otra persona, a qué hora se pagó dicha factura, que atesoraba Génova, y cuándo llegó realmente al Cecopi. Sabían que mintió.
En un intercambio de whatsapps en la misma noche de la dana, Feijóo le aconsejó llevar “la iniciativa de la comunicación”. “Es la clave”, le explicó.
Mazón se mantuvo al frente de la Generalitat valenciana un año con el respaldo expreso de Feijóo. Solo la presión popular terminó con su resistencia.
Del metro de Valencia al ‘Prestige’ y el Yak-42
Valencia fue también donde se produjo otro mortal accidente. Un convoy del metro de la ciudad descarriló y se estrelló, lo que provocó el fallecimiento de 43 personas. El accidente se produjo por un error de diseño en las balizas de control de velocidad, que permitieron al tren entrar en una curva a 80 kilómetros por hora, el doble de la velocidad máxima permitida. “Había defectos graves en ruedas y ventanas”, dijo la fiscal que consiguió las condenas.
Gobernaba el PP, tanto a nivel municipal como autonómico. Rita Barberá era la alcaldesa, Francisco Camps president y la estrategia fue la de “maltratar” a las víctimas de la tragedia. De hecho, el que fuera conseller de Agricultura y después director general de la policía con José María Aznar, Juan Cotino, ofreció puestos en la administración a familiares de los fallecidos a cambio de que no se personaran en la causa.
La manipulación llegó a Canal 9, la televisión pública que, en palabras de un informe elaborado por la Unió de Periodistes Valencians, “dejó de ser un medio de comunicación al servicio de la sociedad valenciana” para convertirse en un “altavoz encargado de difundir la versión oficial, silenciando a las víctimas”.
Camps nunca les recibió. Solo 10 años después, ya con el PP fuera del Govern, Las Cortes valencianas pudieron hacer una investigación parlamentaria. Fueron condenados cuatro directivos de los ferrocarriles valencianos por 43 homicidios imprudentes.
Por la misma época, en 2003, se produjo uno de los accidentes militares más graves en tiempos de paz. Un avión de transporte de tropas subcontratado se estrelló en las montañas de Turquía. 62 militares españoles murieron. Era ministro de Defensa Federico Trillo, y presidente José María Aznar.
Más allá de las negligencias en la cadena de subcontratación que se señalaron, como la existencia de denuncias previas por el mal estado de los aviones, lo que más soliviantó a las víctimas y a la sociedad fue que decenas de restos mortales fueron mal identificados, mezclados y repartidos de forma aleatoria a las familias. Muchas de ellas nunca han podido enterrar a sus fallecidos. Una década después, por ejemplo, se encontró la pierna de una de las víctimas en un cementerio de Turquía.
En 2017, el Consejo de Estado responsabilizó al Gobierno del accidente de Yak-42. No sirvió de mucho. Tal y como relataron las víctimas, “todos los cargos del PP vinculados con la catástrofe fueron premiados”. La justicia condenó a tres mandos militares: uno falleció antes de cumplir la sentencia y los otros dos fueron indultados.
Nadie asumió una responsabilidad política. Mucho menos Federico Trillo, quien fue nombrado posteriormente por Mariano Rajoy embajador de España ante el Reino Unido, una de las principales delegaciones diplomáticas.
El propio Rajoy fue protagonista de otra de las crisis en las que nadie asumió responsabilidades políticos: el desastre del 'Prestige'. Como ocurrió con el accidente del Alvia, con el metro de Valencia o con el Yak, la maquinaria institucional dominada por el PP empujó con todas sus fuerzas para señalar a un único culpable, siempre fuera del cuadro de mandos político.
En este caso fue el capitán del barco, Apostolos Mangouras, a quien se acusó de tomar decisiones negligentes. Nadie respondió, sin embargo, de la orden política de separar el petrolero de la costa sin buscar un refugio seguro, lo que provocó su ruptura en medio de una gran tormenta y posterior hundimiento.
Fue entonces cuando Rajoy hizo presencia. Ante las imágenes que mostraban cómo el petróleo contenido en el barco estaba saliendo por las roturas abiertas en el casco, el entonces vicepresidente del Gobierno dijo que eran como “hilillos de plastilina”. Cientos de kilómetros de costa fueron contaminadas por esos “hilillos”. La autogestión ciudadana, que organizó equipos de limpieza, permitió suplir las carencias de la administración autonómica y estatal.