Cinco claves de la operación contra Herrira
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El final de la violencia estuvo acompasado con un cambio en la dirección de la izquierda abertzale. Por primera vez, el antiguo brazo político se imponía y ETA quedaba relegada a una organización más de lo que fue el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Para el “nuevo ciclo” fueron creadas varias organizaciones a imagen del partido político Sortu, que se sacudían la dependencia de ETA.
Eso no ha impedido que la Audiencia Nacional considere a Herrira sustituta de Askatasuna y organización al servicio de ETA, aunque es la propia banda la que reconoce la cesión del bastón de mando a Batasuna en documentos internos, uno de ellos la ponencia de marzo de 2012 por la que abrió en su seno un debate acerca del futuro de la propia organización.
2. Suspensión de actividades
Más allá de las órdenes de prisión eludibles con fianza o la imputación de graves cargos a 14 de los 18 detenidos, la trascendencia del auto del juez Eloy Velasco radica en la suspensión de actividades de Herrira. La organización civil con más empuje y capacidad de convocatoria de la izquierda abertzale es disuelta y sus posibles réplicas se enfrentan al tortuoso camino que vivieron las organizaciones “sucesoras” en tiempos de la violencia de ETA, a cuenta de la estrategia de ilegalización puesta en marcha por el Estado.
3. El choque interno
El futuro de los presos de ETA se erige en uno de los retos más espinosos para la izquierda abertzale, cosechadora de continuos triunfos electorales desde que la banda renunció a matar. La nueva dirección –los colaboradores de Arnaldo Otegi– hace tímidos llamamientos a que los presos asuman la legalidad y puedan así, acceder a la reinserción. Para ello, ponen como ejemplo lo que ellos hicieron para lograr la legalización de Sortu.
Sin embargo, el sector minoritario, representante de las tesis ortodoxas mantenidas históricamente por ETA, se opone frontalmente. Sigue enarbolando la bandera de la amnistía porque sabe que las salidas individualizadas que propugna la ley supondrían el fin del colectivo como tal y del estatus político que atribuyen a sus presos. La operación contra Herrira no distingue entre unos y otros al haber crecido la organización hasta englobar las distintas posturas.
4. La ‘doctrina Parot’
En las próximas semanas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo decidirá sobre el cálculo para la redención de penas que impuso la Audiencia Nacional y después el Tribunal Supremo. Un fallo contrario a los intereses del Gobierno español dejaría en la calle de inmediato a 54 presos. Pero también podría ser interpretado por el colectivo como una victoria frente al Estado, que les reafirmaría en su tradicional “o todos o ninguno” y que alejaría la vía de la reinserción, la única que contempla la ley para una salida progresiva de los presos de ETA.
5. Las reacciones
La operación de la Guardia Civil, judicializada hace meses en la Audiencia Nacional, ha sorprendido sin embargo a casi todos. De los que más, al PNV. El lehendakari, Iñigo Urkullu, mantiene abierta desde hace meses una vía de diálogo con el jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy y su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría. Las detenciones, sin embargo, han provocado un documento conjunto de EH Bildu y los jeltzales, muy poco dados a acercar posturas desde que se disputan la hegemonía nacionalista en Euskadi.
Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurre con otras operaciones antiterroristas, el Ministerio del Interior evitó convocar una rueda de prensa, esforzándose en explicar en privado a los medios que los arrestos respondían solo a la aplicación de la ley y que no se debían interpretar como el inicio de una estrategia contra las organizaciones de la izquierda abertzale. En Interior niegan que con la operación hayan pretendido forzar avances de ese sector político respecto al enquistado asunto de los presos de ETA.
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