“Me da la risa, aunque mi abogado me dice que no me ría”. Hace unos meses, en una conferencia en una universidad privada, Esperanza Aguirre contaba cómo se sentía cada vez que recibía un nuevo papel de un juzgado, y cómo su letrado le había pedido que no desdeñase las investigaciones, que nunca se sabe. Al palacete del centro de Madrid en el que reside junto a su marido, Fernando Ramírez de Haro, llegó hace unos días un nuevo documento de los que a la expresidenta madrileña le hacen reír pero que a los abogados del matrimonio les inquietan algo más: la Audiencia Provincial va a examinar al completo la causa judicial por la venta de un cuadro de Goya, con la que Aguirre y su marido esquivaron la ruina económica en 2012.
La causa estaba aparentemente cerrada porque la jueza que instruía el caso había decidido archivarla sin tramitar la recusación contra ella que habían presentado los abogados del denunciante, Íñigo Ramírez de Haro, hermano de Fernando y cuñado de Aguirre. Pero una instancia superior revoca ahora esa decisión. Los magistrados de la Audiencia deben decidir si hay razones para apartar a la jueza del caso y examinar las pruebas por si reabren la causa, una exclusiva de elDiario.es.
El procedimiento que instruía el juzgado de Instrucción número 26 de Madrid nace de la querella de Íñigo Ramírez de Haro, quien sostiene que su hermano se apropió de un cuadro de Goya que pertenecía a la familia y lo vendió por su cuenta sin repartir los beneficios. Lo utilizó según se desprende de la demanda para enjugar las cuantiosas deudas que amenazaban con llevar a la ruina al matrimonio Ramírez de Haro-Aguirre. El salvavidas de la expresidenta madrileña y de su marido, casados con un régimen de gananciales, fue un retrato de Valentín Belvís de Moncada y Pizarro, antepasado de la aristocrática familia política de Esperanza Aguirre. La pintura se fue heredando dentro de la familia Ramírez de Haro sin que ninguno supiera que lo había pintado Goya.
El cuadro debería haber formado parte de la herencia de Ignacio Ramírez de Haro –padre de Fernando e Íñigo– a sus hijos, pero no fue así. Fernando Ramírez de Haro fue en 2012 a un notario donde firmó una declaración en la que aseguraba que su padre le había donado en exclusiva esa obra. Lo había hecho, dijo, de manera verbal, por lo que no hay documento que lo justifique. Su padre no podía negar la versión; había muerto año y medio antes.
Íñigo, hermano de Fernando y cuñado de Aguirre, denunció ante la justicia que esa presunta donación era falsa, una triquiñuela para hacerse con el Goya –y una cincuentena de antigüedades más – para luego venderlo. Y así fue: un mes después, la empresa de subastas Sotheby's confirmó que el autor del cuadro era Francisco de Goya y lo tasó en unos siete millones de euros. Unos meses más tarde, el empresario Juan Miguel Villar Mir pagó por él 5.115.600 euros. En ese momento su empresa había proyectado una enorme operación urbanística en el centro de Madrid para la que necesitaba unos permisos de la Comunidad, presidida por Aguirre, para derribar seis edificios. Tras la compra del cuadro obtuvo ese permiso.
Una grabación que relata los hechos
La Audiencia Provincial ha reclamado ahora a la jueza que instruía el caso toda la documentación para examinarlo detenidamente. A la magistrada le han pedido, entre otros documentos aportados al sumario, una grabación que en abril de 2019 hizo B. Ramírez de Haro, una de las hermanas de Fernando e Íñigo. Esa grabación es una nota de voz que B. grabó junto a uno de sus nietos para enviárselo a otro, ambos hijos de Aguirre. Su intención era relatarles una de esas historias que en las familias de la aristocracia, como es la de los Ramírez de Haro, va pasando de generación en generación.
La historia pretende transmitir un momento de unidad familiar en el que los Ramírez de Haro jugaron sus cartas y se mantuvieron unidos para evitar la quiebra económica de unos de sus miembros. Fernando, el marido de Aguirre, había tenido problemas en la gestión de las empresas familiares y acumulaba deudas con el Banco Santander. Fue Aguirre la que dio la voz de alarma a su familia política: les contó los problemas económicos y les alertó de “serio riesgo de ir a la cárcel si no ponía remedio a la situación”. La entonces presidenta madrileña avisó de un riesgo extra, y es que al estar casados en régimen de gananciales, la ruina de su marido iba a arrastrarla a ella.
La familia, entonces, puso en marcha un “gabinete de crisis” –así lo llamó B. Ramírez de Haro– y pronto se encontró en el retrato de Valentín Belvís una solución. Se encarga la tasación a Sotheby's y la compañía da la buena nueva a la familia: es un retrato pintado por Francisco de Goya. “Y Don Valentín pasa de valer unos cientos de miles de euros, en el mejor de los casos, a valer más de seis millones”, resume B. a sus dos sobrinos en la grabación.
El problema que surgió entonces es que el retrato no era propiedad del marido de Aguirre. “Para que vuestro padre fuera propietario del cuadro tuvimos que inventar una donación que nunca ocurrió”, admite B. Ramírez de Haro en esa grabación privada que hizo a sus nietos y que ahora escucharán los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid. Por recomendación del abogado de la familia y con ayuda de un notario, se elaboró un documento en el que se decía que el padre de la familia había hecho la donación verbal a Fernando, y se le puso una fecha falsa para darle apariencia de veracidad: el 30 de mayo de 2006, día de San Fernando. B. Ramírez de Haro llega a contar a sus nietos que uno de los hermanos firmó renqueante, porque para él era “un verdadero problema de conciencia firmar una mentira”.
Durante la instrucción, ni la jueza ni la Fiscalía dieron importancia a esa grabación. La magistrada, de hecho, la dejó en la pila de documentos poco importantes y en un primer momento no la envió a la Audiencia Provincial, que ahora se la ha reclamado junto al resto de la documentación del caso.
Ahora, esa magistrada está pendiente de qué va a pasar con su recusación. Un juez de la Audiencia Provincial elaborará un expediente sobre su proceder en la instrucción de este caso, y una sección de ese tribunal decidirá si debe ser apartada para que otro juez se encargue de la causa. Los abogados de Íñigo Ramírez de Haro argumentaron, por ejemplo, que había torpedeado el interrogatorio al experto de Sotheby's que tasó el cuadro.
Además de cómo se sucedan los acontecimientos en esa rama del caso, hay otra vertiente que obliga a mantener la causa abierta. A principios de enero, la Fiscalía rechazó que la investigación se cerrara definitivamente. Su argumento es que en paralelo a la causa penal hay una civil, que debe determinar si hubo o no “simulación” en la donación del cuadro, por lo que la herencia a Fernando Ramírez de Haro se vería afectada. De hecho, el Ministerio Público recordó en aquella ocasión que no se había acreditado que los hechos denunciados no hubiesen tenido lugar, así que había que esperar.