La división que ha provocado la reforma de la Ley del Aborto tendrá reflejo este viernes en la mesa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sus 21 vocales tienen cinco opciones para apoyar y que se convierta en el informe que el órgano de gobierno de los jueces remita al Gobierno sobre el controvertido proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón. Una de esas opciones va firmada por la vocal conservadora Núria Díaz, que propone un “examen forense” a las mujeres para comprobar que la denuncia que hayan presentado por violación no es falsa.
Díaz ha presentado sus propias alegaciones al informe de la vocal Carmen Llombart, también nombrada a propuesta del PP. En su texto, afirma: “El Estado no puede desentederse de la obligación que le incumbe de comprobar que se dan los supuestos de hecho que permiten entender que nos hallamos ante un supuesto despenalizado de aborto, por lo que sería conveniente prever expresamente la intervención del médico forense junto con el mero requisito de denuncia”.
El Anteproyecto de Ley solo recoge como supuestos de despenalización del aborto el riesgo para la salud mental de la mujer o que la gestación sea consecuencia de una agresión sexual. En este último no modifica las condiciones de despenalización que imponía la Ley de 2010. Sin embargo, Díaz dice que la reforma del actual Gobierno “viene a ampliar” el supuesto de violación a los abusos sexuales y abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años. Y lo hace, a juicio de Díaz, “sin justificar esta ampliación, por lo que la ley adolece de falta de motivación en este punto”.
La vocal conservadora critica que una reforma cuya motivación es acabar con la ley de plazos asuma ese criterio, a su entender, cuando aborda el supuesto de violación. La reforma fija en las 12 semanas el plazo máximo para interrumpir un embarazo a una víctima de una agresión sexual.
Es la propia Díaz quien recuerda que el Tribunal Constitucional admitió que la denuncia previa era suficiente para despenalizar el acto, pero añade que los plazos que impone el funcionamiento de la justicia hace entrar en colisión el plazo de las 12 semanas con este requisitio. “Convendría hacer alusión si esta situación continúa igual”, dice sobre el fallo del Constitucional.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, designó a dos vocales –una conservadora y otra progresista–, para presentar al pleno sendos informes sobre la reforma de la ley del aborto. Ambas coincidían en que una anomalía del feto incompatible con la vida debe constituir por sí un supuesto despenalizador, con independencia de que deba demostrarse el daño psíquico a la madre. Nuría Díaz, sin embargo, alega que esto va contra la Constitución, deja al feto “completamente desprotegido” y “supone una violación de los compromisos internacionales del Reino de España en materia de protección de las discapacidad”.
Votación dividida
A partir de las 11.00 horas de este viernes, los 21 vocales del CGPJ discutirán los dos informes encargados por Lesmes y otros tres, en realidad alegaciones presentadas por un total de cuatro vocales. El informe conservador introduce algunas críticas al proyecto de reforma, como la necesidad de recurrir a dos centros médicos distintos en el supuesto de daño psíquico a la madre por la malformación del feto. También insta a que la Sanidad pública garantice que en todos los centros haya médicos que no se acojan a la objeción de conciencia. El informe de la progresista Pilar Sepúlveda pide directamente la retirada de la reforma por “criminalizar” a la mujer.
En cuanto a las alegaciones, además de la de Núria Díaz hay otras dos. Las presentadas conjuntamente por Mercè Pigem y Enrique Lucas, propuestos por CiU y PNV, respectivamente, consideran que no hay demanda social para reformar la Ley del Aborto de 2010 que, por otra parte, no ha cosechado “resultados negativos”. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, del sector conservador comparte con Pigem y Lucas la necesidad de esperar al fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado contra la Ley de 2010 para reformar el texto legal.
En el caso de que los conservadores vote en bloque y nacionalistas y progresistas se unan, saldrá adelante el informe de los primeros por 11 votos a 10. Sin embargo, la presentación de las alegaciones permite intuir un escenario diferente. La presentación de un texto propio por los nacionalistas hace pensar que no apoyaran el de los progresistas, pero también los informes discrepantes de Díaz y Grande-Marlaska podrían ajustar la votación. El voto del presidente, Carlos Lesmes, serviría para deshacer una votación igualada.