Poco le ha durado a Pedro Sánchez la imagen de unidad que ha tratado de exhibir junto a los líderes territoriales en las últimas semanas. El PSOE buscó mostrarse como un bloque unido en torno a las políticas sociales, que se sustentan con la recaudación de impuestos, frente a un PP donde los barones emprendían una subasta de beneficios fiscales. Primero fue Emiliano García-Page el que rompió la unanimidad socialista con una entrevista en la que cuestionaba la estrategia de Moncloa frente a Alberto Núñez Feijóo y ahora ha sido el valenciano Ximo Puig el que ha complicado el discurso al Gobierno al anunciar una rebaja en el IRPF a las puertas de la presentación de la reforma fiscal que acompañará a los últimos Presupuestos Generales del Estado de la coalición, que vive horas tensas en plena negociación de las últimas cuentas de la legislatura.
Moncloa se había esforzado en los últimos días en hacer pedagogía de la carga impositiva bajo la premisa de que los tributos sirven para sostener el estado del bienestar. Era un marco ganador para las fuerzas progresistas, según sostenían en el Ejecutivo, que aprovechó el anuncio del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de bonificar el impuesto de Patrimonio para anunciar un impuesto a las grandes fortunas en el que siguen trabajando. El mensaje que emitía el PSOE era que el PP beneficia a los privilegiados frente al esfuerzo que les reclama el Gobierno para impulsar los servicios públicos. Al mismo tiempo, reivindicaba la necesidad de armonizar el pago de los impuestos cedidos a las autonomías para evitar el dumping fiscal.
“Todas las administraciones tenemos que ser corresponsables fiscalmente, no podemos entrar en una competencia fiscal a la baja entre territorios”, dijo Sánchez desde Nueva York la semana pasada recriminando que algunas comunidades “con una mano recortan al 0,2% de sus ciudadanos estos impuestos y con la otra están pidiendo recursos económicos en Europa, en la Administración General del Estado”.
Aunque la rebaja de impuestos de Puig toma un camino muy diferente al de Madrid y Andalucía y se dirige sobre todo a las clases medias y bajas (el tope se ha fijado en los 60.000 euros) el mensaje de que no es momento de bajar impuestos se le complica ahora a Moncloa, reconocen varios interlocutores socialistas. “Parece el sálvese quien pueda”, dice uno de ellos. Aunque en el Ejecutivo sostienen que es una decisión “legítima” en el marco de sus competencias, no ocultan el malestar que ha provocado la decisión.
“Cada vez que hablamos de rebajar [impuestos] está el debate de qué recortar y este Gobierno no quiere recortar derechos y prestaciones a las personas que más lo necesitan en este momento de dificultad”, expresó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “La competencia fiscal no me gusta”, admitió el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. Posteriormente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó al PP de provocar un “efectó dominó” con el dumping fiscal que genera que las comunidades se vean “forzadas, obligadas o invitadas” a bajar impuestos para no quedar “en una posición peor” respecto a otras, informa Europa Press.
“Se ha abierto la caja de Pandora”, reflexiona una ministra sobre la competencia a la baja entre autonomías de la que responsabiliza al PP. Por ahora, Moncloa se muestra contraria a tocar impuestos como el de la renta en la línea de lo que ha hecho el presidente valenciano. Fuentes del Gobierno recuerdan que España ya tiene un sistema fiscal que está por debajo del de otros países europeos y advierten de que Europa puede llamar la atención al país al estar rebajando los ingresos al mismo tiempo que se los reclama a Bruselas.
Fuentes gubernamentales subrayan no obstante que la propuesta de Puig es “diferente” al “vaciamiento fiscal” del que acusan al PP. Principalmente porque la rebaja del IRPF afectará al bolsillo del 97,4% de los bolsillos valencianos por un coste para las arcas públicas similar a lo que supone la eliminación del impuesto de Patrimonio en Andalucía y que solo beneficiará al 0,2% de los contribuyentes andaluces. Pero en el fondo las mismas voces admiten que se abre una vía en el discurso que había enarbolado el PSOE de que pagar impuestos redunda en el beneficio social.
Pese a que los beneficiados en Valencia van a ser las clases media y bajas, el PP no tardó en salir al contraataque. “El Partido Socialista debería ponerse de acuerdo consigo mismo”, afirmó Feijóo, quien le animó a “copiarse a sí mismo” siguiendo la estela de Puig con la bajada de impuestos. El líder conservador insistió en reclamar una bajada generalizada del IVA de los productos básicos que por ahora el Gobierno ha rechazado y de la que recelan las autoridades comunitarias.
El desmarque de Puig se produce en pleno debate por la competencia fiscal a la baja entre comunidades y a las puertas de que el Gobierno presente su reforma fiscal (previsiblemente el jueves). Poco ha trascendido de los planes de Sánchez más allá del impuesto a los ricos, de una subida fiscal selectiva que afectará al menos a los ingresos de las rentas del capital más elevados y de retoques a la baja puntuales.
Unidas Podemos urge a un plan ‘antidumping’
Las intenciones del ala socialista del Ejecutivo no terminan de convencer a Unidas Podemos. Algunos responsables del grupo confederal reconocían en las últimas horas su perplejidad por el escaso avance de las conversaciones en un momento que entienden que debe ser crucial para rematar las negociaciones si se aspira a cumplir con el calendario. La última reunión de los equipos negociadores tuvo lugar la semana pasada, y varias fuentes al corriente de esos contactos confían en que el próximo encuentro se produzca de manera inminente.
Sobre la mesa de la Moncloa, los equipos de Yolanda Díaz e Ione Belarra han puesto desde principios del mes de agosto toda una batería de medidas enfocadas, principalmente, en tres direcciones: reforma fiscal, ampliación de prestaciones y nuevas ayudas sociales. En algunas de ellas se han producido avances significativos, como es el caso del aumento de la fiscalidad a las grandes fortunas. Rechazada explícitamente por el PSOE durante toda la legislatura, la propia ministra de Hacienda se encargaba esta semana de confirmar que el Gobierno ya trabaja en ella, aunque los socialistas la plantean como una medida temporal. Pero el debate en torno a los impuestos va mucho más allá entre los socios del Ejecutivo.
En Unidas Podemos insisten en que el fin de la política fiscal del Ejecutivo debe pasar por “incrementar la aportación que realizan a la financiación del Estado del Bienestar las personas que tienen más renta y patrimonio”. Algo que, en mitad del cambalache fiscal inaugurado por Madrid, seguido por Andalucía y al que se ha apuntado Valencia, se traduce en medidas concretas para frenar en seco las prácticas de ‘dumping’ que, a juicio de los socios de la coalición, están llevando a cabo en el PP.
En concreto, Unidas Podemos urge al PSOE a imponer por ley una armonización fiscal que impida la competencia desleal entre territorios y la merma de la recaudación sobre la que se sustentan derechos básicos como el acceso a la sanidad, la educación o la prestación de ayudas sociales. Se trataría de establecer mínimos no bonificables que limiten el margen de actuación de los gobiernos autonómicos sobre impuestos como el de Patrimonio, que afectan fundamentalmente a los contribuyentes de mayores recursos económicos, siguiendo además la recomendación del Libro Blanco para la reforma tributaria. Moncloa tenía la intención de imponer unos mínimos a la tributación cedida a las comunidades, pero lo enmarca en la renovación del sistema de financiación autonómica, que lleva ocho años caducado y amenaza con prolongarse. Pero cualquier medida que limite el margen de las autonomías podría toparse con el rechazo de los socios nacionalistas.
En las negociaciones con la Moncloa, Unidas Podemos también está planteando ponerle freno a la ingeniería fiscal de las grandes fortunas subiendo el tipo por el que tributan las rentas del capital dentro del IRPF, un mecanismo clásico de ahorro de impuestos para las rentas más elevadas. Y le ponen cifras a la propuesta que ahora el ministerio de Hacienda anuncia que llevará a cabo para que paguen más impuestos los ricos. En concreto, afectaría a las grandes fortunas superiores a los 10 millones de euros y los tipos impositivos variarían desde el 3,6% hasta el 5% para patrimonios que estén por encima de los 150 millones de euros. Sobre la mesa también está una rebaja del IVA a los productos específicos para personas celíacas (según cálculos de la vicepresidencia segunda estos productos suponen unos gastos adicionales a las familias de casi 1.000 millones de euros al año) y la bajada del IVA también a los productos de higiene femenina.
Ayudas de 100 euros a la crianza
Yolanda Díaz y Ione Belarra le piden al PSOE, además, que todas las rentas que dependen del Estado mantengan su poder adquisitivo y suban al mismo ritmo que la inflación. Es decir, que para las pensiones no contributivas, las ayudas como el ingreso mínimo o las diferentes prestaciones de tipo social se garantice una subida del 15% en 2023. En ese sentido, desde la vicepresidencia segunda que dirige Yolanda Díaz recalcan la importancia de llevar a cabo una decisión que consideran trascendental para aumentar la efectividad de las ayudas: incrementar el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) igualmente un 15%, algo que permitiría aumentar el volumen tanto la cuantía de las ayudas como el número de beneficiarios.
Una de las novedades que introduce el plan de Unidas Podemos para los Presupuestos es una ayuda directa de 100 euros al mes para la crianza familiar por nacimiento o adopción de hijo o hija hasta los tres años, así como un refuerzo de las políticas de conciliación y de lucha contra la violencia machista. Para este último apartado la propuesta es elevar la dotación en 71 millones de euros, una cifra que aumenta hasta los 600 millones en el caso de la ayuda a la dependencia.
También piden los negociadores de Unidas Podemos que la batería de ayudas aprobadas para hacer frente a la consecuencias económicas de la guerra de Ucrania se prolonguen durante todo el año 2023, un año electoral. En concreto reclaman que se extiendan las bonificaciones a abonos transporte que a día de hoy caducan el 31 de diciembre, así como la limitación de la subida de los alquileres a un tope máximo del 2%. En el ámbito laboral, el departamento de Yolanda Díaz le pide al PSOE terminar de revertir los recortes aplicados en su día por el Gobierno del PP a las prestaciones de desempleo, ahora fijadas en el 50%de la base de cotización a partir del sexto mes de paro.