La defensa de la infanta alega que ella no tuvo tiempo ni conocimientos para defraudar
“Si Doña Cristina permaneció en la ignorancia respecto de lo que sucedía en Aizoon, tanto en general como desde un punto de vista tributario, no fue por el propósito de prepararse una excusa para el caso de que se le exigieran responsabilidades por las ganancias obtenidas en tal mercantil, sino por la absoluta falta de motivos para ocuparse de ello, por su absoluta falta de tiempo para interesarse por tales cuestiones, delegadas plenamente a su esposo, y por su absoluta falta de capacitación técnica para entender los pormenores de lo que estaba sucediendo en dicha compañía”. Este párrafo, incluido en el escrito de defensa de Cristina de Borbón para el caso Nóos, resume la estrategia final que despliegan sus abogados en el documento, de 24 páginas, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Los letrados de la hermana del rey tratan de evitar el mayor daño posible a Iñaki Urdangarin, el marido de su representada, pero hay momentos en que eliminarlo completamente es imposible. En este sentido, comienzan argumentando que, en contra del criterio del juez José Castro, las cantidades defraudadas por la sociedad que compartían al 50% los duques de Palma, no alcanzan los 120.000 euros en los que se sitúa el umbral del delito fiscal. Pero si se lograra demostrar lo contrario, añaden, “en todo caso no concurre base fáctica alguna en cuya virtud pueda atribuirse una intervención en tales hechos a mi mandante en calidad de cooperadora necesaria”.
La estrategia es idéntica a la desplegada por la infanta Cristina en su interrogatorio ante el juez José Castro. Sus abogados dicen que la infanta estaba “completamente al margen de la dirección y gestión cotidiana” de la empresa. Es aquí donde regresa el argumento del amor ciego: “Dado que la confianza entre cónyuges era plena, nunca se celebraron formalmente juntas de socios y doña Cristina se limitó a rubricar sin pedir explicaciones aquellos escritos que, muy ocasionalmente, se le solicitó que firmara en su condición de socio”. Y más adelante, añaden: “Como ocurre en muchos hogares, en la familia Urdangarin-Borbón, la gestión de dichas cuestiones estaba íntegramente confiada a uno de los cónyuges, en este caso esposo, quien estaba en contacto con los asesores en tales materias”.
Como ya explicara la propia Cristina en su declaración judicial, los abogados reiteran que en el momento de los hechos la infanta era madre de cuatro hijos de corta edad, cuyo cuidado debía compaginar con las tareas institucionales de la Casa del Rey y su trabajo en una fundación de La Caixa dedicada a la cooperación internacional. “Tan intensa vida personal, institucional y profesional impedía a doña Cristina estar al corriente de múltiples gestiones directamente vinculadas con la economía familiar. En ese escenario, Aizoon desempeñaba un papel absolutamente marginal, al que ella ni dedicaba ni podía dedicar la menor intención”, concluyen los letrados.
Precisamente, el trabajo en La Caixa no justifica la atribución a Cristina de Borbón de conocimientos fiscales o bancarios, dicen sus abogados. Ella es una licenciada en Ciencias Políticas que trabaja en el ámbito de la cooperación internacional. Tan ignorante fiscal era que otras personas realizaban su declaración del IRPF.
Ni pormenores, ni “pormayores” de Benedetti
Los abogados no entienden por qué Castro cambió de opinión, a su entender, sobre la participación de la infanta en Aizoon, y aquí viene la cita literaria, “cuando ni un solo testigo, ni un solo documento o informe pericial que se aportaran a ella permiten inferir, ni remotamente, el conocimiento de doña Cristina, ni sobre los pormenores ni sobre los 'pormayores' [permítaseme el neologismo que debemos al gran Mario Benedetti] de Aizoon”.
Pero a Cristina de Borbón se le atribuye también haber realizado gastos con la tarjeta de Aizoon, ingresos que procedían de actividades privadas del duque y que él optó por declarar fraudulentamente a través de la compañía. Los abogados de la infanta aseguran que ella ignoraba “la imputación de esos gastos, más en particular siempre ignoró si, y en su caso cuáles, algunos gastos propios o familiares eran atribuidos a Aizoon, de qué manera eran procesados desde un punto de vista fiscal y, en fin, si dicho tratamiento era o no jurídicamente correcto”.
La acusación considera que Aizoon fue creada en 2003 con el propósito de defraudar y que a ella fueron derivados más de un millón de euros obtenidos con las irregularidades del Instituto Nóos. Frente a ello, los abogados de la infanta alegan que tuvieron que pasar cuatro años hasta que se produjera el presunto primer delito fiscal.
Por otra parte, alegan que “no hay un solo precedente en el que se haya condenado a un simple socio (no administrador ni apoderado) por un delito fiscal cometido por la compañía”. En cuanto a que la presencia de Cristina de Borbón en la compañía pretendía proteger a Aizoon con “un escudo fiscal”, los letrados de la defensa dicen que el propio proceso del caso Nóos desmiente esa teoría.
