En su intento por desmarcarse del comisario jubilado José Manuel Villarejo, la ministra de Justicia optó este miércoles en el Congreso por cargar contra los encargos del Gobierno del Partido Popular al polémico policía, incluida la Operación Catalunya. Fiscal de carrera, Dolores Delgado se arriesgó a que la oposición, como ocurrió, le recordara que Villarejo fue condecorado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando ella no estaba en política.
Había sido ella misma la que había revelado esa información en uno de los comunicados con los que intentó desmarcarse del policía cuando aparecieron las primeras grabaciones de la comida en la que participaron ambos en 2009 y que la llevó a tener que dar explicaciones en la Cámara. De hecho, en ese encuentro, en el que también participó el exjuez Baltasar Garzón, el excomisario Enrique García Castaño y otros agentes, se celebraba la concesión del citado reconocimiento a Villarejo: una Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, que conlleva además una pensión vitalicia equivalente al 10% del sueldo base.
La ministra acusó sin tapujos al PP de “haber alimentado” la “cloaca” del excomisario. Recordó, por ejemplo, que el exministro del Interior con Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, llegó a destacar los “relevantes servicios” de Villarejo y que fue él quien le permitió compatibilizar su trabajo policial con su actividad como investigador privado y administrador de varias empresas. O que fue bajo el mandato de Fernández Díaz cuando se desarrolló la llamada Operación Catalunya, las maniobras policiales contra el proceso soberanista llevadas a cabo sin control judicial y en las que participó el excomisario.
Asimismo, mencionó la condecoración que su predecesor en el Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, otorgó al excomisario Eugenio Pino, antiguo Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional y, por tanto, jefe directo de Villarejo en tiempos de Fernández Díaz, que ya le había otorgado previamente otro reconocimiento que lleva aparejada una pensión anual de 3.700 euros. No hizo alusión, sin embargo, a la medalla pensionada que el Gobierno del PSOE otorgó a Villarejo en 2009. Así se lo recordó el representante de Unidos Podemos, Eduardo Santos, que también le preguntó si el Ejecutivo del que forma parte se plantea ahora retirar a Villarejo esta condecoración dado que su “honorabilidad” ha quedado en entredicho.
El comisario Villarejo entró en la Policía en 1973 y diez años después dejó de prestar servicio activo, dedicándose a negocios particulares. Solo regresó en 1993, con José Luis Corcuera en el Ministerio del Interior. Durante el Gobierno de Zapatero, Villarejo recibió el encargo de investigar el origen del dúplex de Ignacio González, rival político entonces de los socialistas. Con el último Gobierno del PP, Villarejo fue una pieza clave de las maniobras policiales contra el proceso soberanista, una labor prospectiva sin control judicial. Así lo reconoció él mismo en sede judicial, durante su declaración como imputado en una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás, aunque el policía defendió su legalidad.
Durante sus turnos de palabra, varios portavoces de la oposición afearon a la ministra las diferentes versiones que dio sobre su relación con Villarejo. Y es que pasó de decir que no había tenido “ningún tipo de relación personal, profesional, oficial o no oficial con José Villarejo” a, una vez publicados los audios, reconocer que habían coincidido en tres ocasiones. Delgado, sin embargo, insistió en que no había habido “contradicción” ni “alteración de la verdad” en sus manifestaciones. “En ningún caso he mentido sobre mi conocimiento de Villarejo. He dicho que no he tenido relación profesional con Villarejo y que no soy amiga de Villarejo. Así de claro y así de simple”, intentó zanjar la titular de Justicia.
La intervención más dura fue la de la diputada del PP María Jesús Moro, que acusó a Delgado de “faltar el respeto” a los parlamentarios “con una de las intervenciones más sectarias que se conocen en la historia parlamentaria de este Congreso”. “Mire hasta qué punto ha sido sectaria que nos ha entrado la paz cuando ha intervenido Bildu”, aseguró la representante conservadora, que acusó a la ministra de “mentir” con sus diferentes versiones sobre su relación con Villarejo y dijo que está incapacitada tanto para ser titular de Justicia como para volver a la carrera fiscal.
Un “chantaje” al Estado
Previamente, durante su intervención inicial, la ministra aseguró que la difusión de esas grabaciones supone un “chantaje al Estado” y una “extorsión al Gobierno” y que esta es una coyuntura que está aprovechando “la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha” para “evitar” la acción del Gobierno en materia de regeneración democrática, transparencia o cohesión social y territorial. Después, en el turno de réplica matizó que se trataba de un “intento de chantaje”.
Delgado también se reivindicó como víctima de un “delincuente” que pretende “desestabilizar al Gobierno para obtener una ventaja procesal”. Se refería al excomisario Villarejo, que está recluido en la cárcel de Estremera (Madrid) desde noviembre del año pasado acusado de liderar la presunta organización criminal que se investiga en la Operación Tándem. Además de organización criminal, a Villarejo se le imputan los delitos de blanqueo de capitales y cohecho, entre otros.
La titular de Justicia compareció de nuevo en el Congreso apenas un día después de que esta misma Cámara aprobara una moción por la que pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su “cese de forma inmediata”. La iniciativa, que partió del PP, tuvo el respaldo de Ciudadanos y contó con la abstención de Unidos Podemos, lo que permitió que saliera adelante. En todo caso, al igual que la reprobación en el Senado, esta moción no tiene carácter vinculante.
Además, en la mañana de este miércoles, la sesión de control tuvo a Delgado como objeto del ataque parlamentario del PP. Los conservadores la interpelaron hasta en dos ocasiones por lo dicho en su comida con el excomisario y la titular de Justicia respondió acusando a los dirigentes del PP de ser partícipes del “chantaje de Estado” promovido por este. La bancada del PP acabó pidiendo a gritos su dimisión.
Delgado también fue interpelada por los portavoces de Unidos Podemos y ERC sobre los mensajes que se intercambiaron en sus correos corporativos varios jueces y en los que mostraban sin tapujos su animadversión a los miembros del Govern catalán, comparaban la situación que se vive en Catalunya con el nazismo y daban vivas al rey y a los cuerpos de seguridad del Estado, tal y como desveló eldiario.es. A este respecto, la titular de Justicia declinó valorar el contenido de un “foro privado” e instó a los parlamentarios a acudir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “para valorar si alguna actuación está vulnerando esos principios de independencia e imparcialidad”.
La ministra también estaba citada para dar explicaciones sobre la estrategia judicial que pretende seguir su departamento en relación a los procesos judiciales abiertos contra líderes independentistas. Sobre esta cuestión, insistió en que la Fiscalía es una institución autónoma y que el Gobierno no le va a dar instrucciones “de ninguna clase” en relación a la causa por el procés que se tramita en el Tribunal Supremo. En ese sentido, dijo que el Gobierno de Pedro Sánchez no iba a hacer como el anterior Ejecutivo, que “sí traspasó esta línea roja”.
Las alusiones de la ministra a la supuesta intromisión de los conservadores en materia judicial soliviantaron a los representantes del PP. Su portavoz, María Jesús Moro, le pidió que rectificara su afirmación de que, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, habían tenido lugar “enormes episodios de intento de instrucción política”. Delgado se negó, aseguró que existen “manifiestos actos” que así lo avalan y citó incluso supuestas cartas enviadas a jueces de la Gürtel. La sesión acabó con una diputada del PP pidiendo desde su sitio la dimisión de la ministra, aunque su proclama no fue seguida siquiera por sus compañeros de grupo parlamentario.