El Gobierno baraja 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, como respuesta a los dos principios en los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: “quien contamina paga” y “el que usa paga”.
Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de “concienciación y sensibilización” sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida, según lo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.
Basándose en la experiencia internacional, el Ejecutivo cree que el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional es de entre dos y tres años.