Gobierno y oposición ofrecen una imagen del país completamente contradictoria, irreconciliable e irreconocible en cada Pleno del Congreso de los Diputados desde el inicio de la legislatura pero, sobre todo, a raíz de las sucesivas convulsiones económicas que generaron, primero la pandemia y, después, las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. La polarización llega al extremo de que ambas partes se enfrentan por un mismo documento, que uno y otro interpretan con argumentos absolutamente enfrentados. Ocurrió esta misma semana, pero es una constante desde hace meses.
En la última sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados, el pasado martes, el PP sostuvo, por ejemplo, que el informe anual del Banco de España (que el miércoles pasado pidió revisar a la baja la previsión de crecimiento del país y elevar los impuestos del consumo) evidencia que la gestión económica del Gobierno “está siendo la peor de Europa”. El diputado Jaime de Olano, señalado ahora por Alberto Núñez Feijóo como portavoz del área económica en el Congreso, consideró que el máximo organismo bancario “desmontó” las “mentiras” de Moncloa, mientras Vox tildó el informe de “demoledor”.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, sin embargo, pidió a sus contrincantes políticos leer ese documento y, lejos del pesimismo de las derechas, enfatizó que “tanto el Banco de España, la AIReF, como la Comisión Europea prevén que España sea de los países que tengan un crecimiento más fuerte en 2022 y en 2023”.
Solo unos minutos después, otra diputada del PP, Alicia García Rodríguez, le dijo a la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, que “su escudo social ha fracasado” porque “hay 2,5 millones de personas en exclusión”. Pero, a renglón seguido, Belarra le respondía defendiendo justo lo contrario: el éxito de, precisamente, “el escudo social”. La ministra aseguró que el Gobierno ha creado “un nuevo derecho social como el ingreso mínimo vital”, aprobó los ERTE, prohibió los desahucios o puso “un tope histórico al gas”, que va a permitir “bajar la factura de la luz y el precio de la cesta de la compra”.
Esas citas textuales son solo un ejemplo de las dos percepciones de España, irreconocibles entre sí, que conviven en los plenos y comisiones del Congreso cada semana, desde el inicio de la legislatura. El español es un Parlamento profundamente dividido y marcado por una polarización política sin precedentes.
En la bancada de la derecha se sitúan quienes consideran que el país es “caos”, “desastre”, e incluso una “dictadura”, como repiten dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos. Estas fuerzas tildan al Gobierno progresista de “ilegítimo” desde hace tres años. Todo por sus acuerdos con la izquierda y las fuerzas nacionalistas e independentistas. Acusan de “autoritarismo” a un Ejecutivo débil en cuanto a apoyos parlamentarios –PSOE y Unidas Podemos suman ahora 153 escaños–, que precisamente se ve forzado a lograr acuerdos con una variada amalgama de formaciones políticas para poder aprobar los Presupuestos y sus principales iniciativas legislativas.
En las tribunas de la izquierda, desde los partidos que apoyan al Ejecutivo, remarcan, en cambio, los históricos datos de empleo –nunca antes había habido 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, como ocurrió en abril–, los avances en derechos laborales y sociales o la protección que se brindó a los españoles más vulnerables en un periodo inédito en la historia democrática como fue el de la pandemia. PSOE y Unidas Podemos, a diferencia de las derechas, recuerdan el beneplácito de la Unión Europea a las reformas españolas, y rememoran las tensiones con Catalunya, la declaración de independencia o los casos de corrupción que se dieron con los gobiernos del PP, como una cuestión del pasado.
Sánchez, un “autócrata caprichoso” para Abascal
La fractura se evidencia de un solo vistazo a las transcripciones de los últimos plenos, los del periodo de sesiones que se inició en enero. En una misma sesión del Pleno del Congreso de los Diputados, y en un intervalo de apenas unos minutos, se puede escuchar que España padece “una grave crisis económica” y “una dura y difícil crisis institucional”, como sostuvo en una de las últimas sesiones la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Y que España va a ser “de los países que más crezca”, crea “empleo a buen ritmo”, y “reduce el déficit público y la deuda pública”, tal y como señaló la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Que el presidente del Gobierno “un día mirará para atrás, estará solo y verá la senda de destrucción y de cadáveres que ha dejado a su paso”, como dijo Edmundo Bal, de Ciudadanos. O que el Ejecutivo “garantizará la estabilidad hasta que termine la legislatura en el año 2023”, como le respondió Pedro Sánchez.
El pasado día 18, el diputado del PP Mario Garcés aseguró que “el Partido Socialista, tras 140 años de historia, es una trituradora perfecta de confianza y una máquina estructural de corrupción”. A su juicio, en materia económica el Gobierno ha demostrado “el eterno retorno de la ineficacia y el eterno retorno de la corrupción”. Frente a ese panorama, Calviño le respondía que “en España estamos por encima de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social”, que “los inversores internacionales confían en nuestro país”, que “ha mejorado la confianza de los consumidores españoles en el mes de abril” y que el Ejecutivo, ante las crisis, “responde en primer lugar pensando en los ciudadanos”. “Frente a las propuestas del Partido Popular, que siempre vuelven a lo mismo, que es recortar los servicios públicos, este es un Gobierno que lo que quiere es recortar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y bajar los precios de la energía”, añadió.
En el Pleno del 27 de abril, el líder de Vox, Santiago Abascal, acusó al Gobierno de haber puesto en marcha “políticas suicidas que están arruinando a los españoles” y de tener como “cómplices” a “los enemigos de España”, una constante en el discurso de las derechas. También dijo que Sánchez “se comporta políticamente como un autócrata caprichoso”, algo que repitió este jueves y que provocó la respuesta del portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, que se quejó a la presidenta del Congreso. El presidente del Gobierno le respondió recordando “la revalorización de las pensiones conforme al IPC” que recuperó el Ejecutivo, la subida del salario mínimo interprofesional o la extensión de los ERTE.
En ese mismo Pleno, el diputado del PP Mario Garcés dijo que el Gobierno es “un artefacto perfectamente acoplado de ruina económica y social”. El 23 de marzo, Cuca Gamarra sostuvo que “España está en situación de colapso” y, en el Pleno del 16 de ese mes, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro acusó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que durante años vivió con escolta por estar amenazado por ETA, de “tratar de blanquear la historia criminal” de la organización terrorista.
La enorme brecha entre cómo ven el país las derechas y la izquierda no solo se da durante las sesiones de control al Ejecutivo. Hace una semana, la presidenta del Grupo Parlamentario de Vox, Macarena Olona, utilizó una interpelación a la ministra de Igualdad para sostener que Irene Montero “no tiene ni idea de lo que es ser mujer” y “se ha dedicado a aniquilar todos los avances conseguidos por las mujeres en la conquista de la igualdad de derechos”. Para Olona, la ministra “solo sirve al movimiento transgénero, aunque eso suponga el borrado de las mujeres”, por lo que la acusó de una “profunda traición a las mujeres”. También habló de “la metamorfosis autodestructiva y socialmente tóxica del feminismo imperante actual” que, según su tesis, ha acuñado un “concepto artificial, la ideología de género”.
Montero le respondió enumerando las medidas adoptadas por su departamento y por el conjunto del Gobierno en favor de la igualdad. Habló de “la herramienta para la transparencia salarial; el Convenio 189 de la OIT para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar y dignificar, junto a las comunidades autónomas, las condiciones de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio; la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, que sobre todo beneficia a las personas más jóvenes y a las mujeres en la sociedad; una reforma laboral que garantiza el empleo estable; permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles; mejora de las pensiones no contributivas para dignificar el final de las vidas de quienes se han pasado toda su vida cuidando; un Plan Corresponsables para que las mujeres puedan dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro, y también para crear empleo y acreditar la experiencia de cuidado no formal que muchas mujeres, especialmente mayores de cuarenta y cinco años, tienen acumulada y que nunca el Estado les ha reconocido”.
Pocos acuerdos entre diferentes
En la última sesión de la Comisión Constitucional, la diputada del PP Edurne Uriarte acusó al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que comparecía en ese órgano parlamentario para hablar de la agenda legislativa del Gobierno –aunque la comisión acabó centrada en el escándalo del espionaje a través de Pegasus–, de “pegar martillazos a las instituciones del Estado”. “Usted y todo su Gobierno llevan mucho tiempo dando martillazos a la seguridad del Estado, a los funcionarios, a la democracia pactando con los golpistas y al Estado de derecho”, añadió. Bolaños le respondió asegurando que la “hoja de ruta” del Gobierno se ceñirá al “crecimiento económico, reforzamiento del Estado del bienestar y ampliación de derechos y libertades”.
Tanto el PP como Vox y, en menor medida, Ciudadanos, presentan en el Congreso a España como una autocracia, donde terroristas y enemigos del Estado no solo campan a sus anchas sino que se hacen fuertes en las instituciones para castigar al autodenominado “constitucionalismo”. ETA, Venezuela, Cuba, una falta de libertades o un supuesto plan para acabar con la monarquía son los mantras que repiten desde el inicio de la legislatura, y se utilizan constantemente por estos partidos para atacar a Pedro Sánchez y sus ministros. Estos, por su parte, recuerdan los avances sociales y económicos que se han producido desde su llegada a la Moncloa, en una suerte diálogo de sordos permanente entre izquierda y derecha que tan solo se ha interrumpido con algunos acuerdos puntuales, principalmente con la parte socialista del Gobierno.
En el penúltimo Pleno, por ejemplo, el Ejecutivo logró salvar la Ley de Seguridad Nacional gracias a que PP y Vox votaron contra las enmiendas de devolución registradas por Junts y ERC, a pesar de que este último ha sido uno de los aliados habituales del Gobierno en el Congreso al menos hasta el estallido de la crisis del espionaje. Precisamente el PSOE y las derechas también coincidieron en considerar suficientes las explicaciones ofrecidas por la ya exdirectora del CNI durante su comparecencia ante la comisión de secretos oficiales de hace dos semanas, frente a Unidas Podemos y el resto del bloque de la investidura que no solo no quedaron satisfechos sino que reclamaron la desclasificación de documentos y la asunción de responsabilidades políticas.
Pese a las reiteradas acusaciones al Gobierno por parte de las derechas por una supuesta falta de respeto de Sánchez y su equipo a las instituciones del Estado, PSOE, PP y Vox también suelen mantener una posición común tratando de blindar a la monarquía en el Parlamento. Las tres fuerzas han votado siempre en contra de la admisión a trámite de la quincena de comisiones de investigación solicitadas por Unidas Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas sobre la fortuna del rey emérito y sus procesos judiciales. Y las tres rechazaron este martes, en la Junta de Portavoces, que se iniciara el trámite para crear una comisión de investigación sobre las cloacas del Estado que había sido solicitada por Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas e independentistas.