Euskadi encalla de nuevo en la reforma estatutaria y prioriza transferencias

El 25 de octubre de 1979 fue aprobado en referéndum el Estatuto de Gernika. Han pasado casi 41 años y la undécima legislatura vasca ha concluido con otro fracaso para su reforma porque los partidos han sido incapaces de consensuar un texto articulado.

Mientras llega ese acuerdo, Euskadi ha arrancado el compromiso del Gobierno de transferir las competencias pendientes.

Para intentar completar el Estatuto, el Ejecutivo vasco de Iñigo Urkullu, una coalición entre PNV y PSE en minoría parlamentaria, ha marcado distancias con el conflicto catalán durante los últimos años. Ha huido del enfrentamiento con el Estado y finalmente ha logrado que se plasme en un documento un calendario para el traspaso de varias materias, incluidas las dos más polémicas: la gestión económica de la Seguridad Social y la política penitenciaria.

No obstante, los Gobiernos central y vasco han pospuesto hasta junio de 2021 el estudio de la transferencia sobre la Seguridad Social. Si finalmente se materializa, Euskadi se convertirá en la primera comunidad autónoma en asumir esta competencia.

Además, en diciembre de este año estaría completado el traspaso de la política penitenciaria, con lo que el País Vasco sería la segunda autonomía, tras Cataluña, en hacerse cargo de las prisiones.

MODERACIÓN, ACUERDO Y DIÁLOGO ENTRE DIFERENTES

Estos tres conceptos han formado parte del argumentario de Urkullu para definir la relación que quiere con el Estado y para reformar el Estatuto, que le han supuesto incurrir en alguna que otra contradicción con el PNV, su partido.

De hecho, mientras el PNV pactaba con EH Bildu en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco un texto de reforma estatutaria de profundo calado soberanista, Urkullu apelaba en sus intervenciones públicas a la necesidad de ensanchar ese acuerdo con las fuerzas no nacionalistas.

Al final ganó el pulso el lehendakari y el nacionalismo más moderado. El PNV se desmarcó de EH Bildu y consensuó en la Ponencia de Autogobierno un texto de mínimos para un nuevo Estatuto con el PSE y Elkarrekin Podemos, un documento que, sin embargo, incluye numerosos votos particulares de estos tres grupos en los que plasman sus diferencias identitarias.

EH Bildu considera que el PNV ha traicionado a última hora el acuerdo entre ambos partidos, que al tener mayoría en el Parlamento podían sacarlo adelante.

De este modo la legislatura finaliza sin un acuerdo de reforma del Estatuto. Los partidos vascos vuelven a fracasar por segunda legislatura consecutiva en articular un nuevo texto pese a años de trabajos, comparecencias y documentos cruzados.

No se ha llegado ni siquiera a aprobar un proyecto de ley de Estatuto político como sí ocurrió a finales de 2004 con el conocido “Plan Ibarretxe”.

En relación a Cataluña, salvo EH Bildu, que ha apoyado durante la legislatura las posturas independentistas catalanas, Euskadi se ha distanciado del conflicto. Ha marcado su propia senda centrada en conseguir las transferencias pendientes. Con el Gobierno de Mariano Rajoy no hubo avances. Con el de Pedro Sánchez, necesitado del apoyo del PNV, el traspaso se ha encarrilado.

REFORMA DEL ESTATUTO, ENQUISTADA CON TRES TEXTOS EN LA MESA

La primera y única propuesta legislativa hasta ahora para modificar el Estatuto fue aprobada por el Parlamento Vasco el 30 de diciembre de 2004. Fue el conocido como “Plan Ibarretxe”, que planteaba la creación de una comunidad vasca libremente asociada al Estado español, con identidad propia y con el derecho a decidir su futuro. En febrero de 2005 el Congreso la rechazó.

En la décima legislatura vasca, el PNV se comprometió a impulsar un nuevo estatus político y se constituyó en el Parlamento una Ponencia de Autogobierno que en 2016 concluyó sin acuerdos.

En la undécima legislatura volvió a constituirse una ponencia en la que PNV y EH Bildu pactaron un texto que recoge el derecho a decidir y una relación bilateral y confederal con el Estado, sin que haya subordinación.

Esta ponencia encargó a cinco expertos juristas designados por cada partido la elaboración de un texto articulado basado en ese documento y más de un año después presentaron varias propuestas. El PNV se desmarcó de EH Bildu y registró un texto de mínimos junto con los juristas de Elkarrekin Podemos y PSE con numerosos votos particulares. Las diferencias más enconadas se centraron en el derecho a decidir.

EH Bildu presentó su propio texto que se ajusta a las bases iniciales pactadas con el PNV. El PP registró su documento en solitario y rechazó los otros dos por considerar que están al margen de la Constitución.

Ninguno de los grupos parlamentarios dio el paso de presentar un proyecto de ley y la ponencia ha decaído con el adelanto electoral.

TRANSFERENCIAS. SÁNCHEZ CEDE Y NEGOCIARÁ LA SEGURIDAD SOCIAL

En 2018 el Gobierno Vasco remitió al central un acuerdo del Parlamento reclamando un calendario de trabajo para el traspaso de 37 competencias pendientes que no recibió una respuesta por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En enero de 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un calendario de negociación para transferir a Euskadi 33 materias pendientes con un cronograma que concluía el pasado enero. No incluía la Seguridad Social. En marzo el Estado transfirió la autopista AP-68 pero el resto se paralizó por las elecciones generales.

El pasado 20 de febrero ambos gobiernos aprobaron otro calendario para traspasar 32 competencias pendientes. En esta ocasión se incluye la gestión económica de la Seguridad Social aunque se deja para el final. Su estudio comenzará en junio de 2021. La de prisiones se prevé que se materialice a finales de este mismo año.