El exalcalde de Valladolid firmó contratos en favor de una trama que malversó más de 11 millones al Ayuntamiento
Si hace más de un año la suma de una presunta malversación de fondos por parte del jefe de mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid superaba los 11 millones de euros, la cuenta sigue aumentando. El alcalde socialista, Óscar Puente, ha informado de un nuevo giro en la trama que investiga el juzgado de Instrucción número 4. Luis Alberto Samaniego, jefe de mantenimiento hoy jubilado, se había autoadjudicado obras en guarderías municipales, centros cívicos y propiedades municipales desde que accedió al cargo en el año 2000.
A través de un entramado de sociedades en las que figuraban familiares, todas las obras pasaban por la 'caja Samaniego'. El caso, que explotó en mayo de 2014 cuando el PSOE solicitó al equipo de Gobierno (PP) un listado de adjudicaciones, ha revelado una trama en la que, hasta el momento, sólo aparecía Samaniego y en la que el equipo de Javier León de la Riva aseguraba no tener nada que ver. Afloraron desde entonces más de 400 facturas de obras sin certificar, presupuestos inflados en más de 300.000 euros e incluso trabajos pagados que nunca se llegaron a realizar.
Sin embargo, la investigación podría dar un vuelco: Samaniego no siempre actuó de forma autónoma. Según informó Óscar Puente, el Ayuntamiento (en su etapa León de la Riva) llegó a pagar 300.000 euros a la familia Samaniego por el alquiler de dos naves entre 2002 y 2007, para guardar vehículos y maquinaria del Servicio Municipal de Limpieza.
En concreto, la nave 4 del número 11 de la calle Topacio, se alquiló en 2002 mediante un proceso de contratación en trámite “de urgencia”. El Ayuntamiento invitó a cuatro empresas y sólo tres presentaron ofertas, y estas pertenecían a la familia Samaniego. El contrato se adjudicó a Transportes Vallisoletanos S.A, y lo firmó su representante legal, Jesús Samaniego Lobón, (hijo del jefe de mantenimiento del Ayuntamiento) y el entonces alcalde, Javier León de la Riva. Si el apellido del arrendador le sonaba o no, es una incógnita. El alquiler se prorrogó cada año. Se pagaron 130.000 euros.
Un año antes se había alquilado la nave 6, al lado de la anterior. Se hizo también mediante el trámite de urgencia y fue el jefe de Limpieza, hoy jubilado, quien propuso invitar a tres empresas, ninguna de ellas del entramado Samaniego, hasta que alguien la añade en bolígrafo, y es precisamente la que acaba quedándose con el contrato: San Cristóbal de Arrendamientos Seis S.L, representada por Jesús Samaniego. Por este alquiler se pagaron 168.000 euros.
Puente destacó el “papel decisivo” de la Concejalía de Administración y Recursos, a cargo de Jesús Enríquez, puesto que es este último quien resuelve las prórrogas de los contratos de alquiler de las dos naves, una de las cuales contaba con un informe desfavorable emitido por la Intervención Municipal.
El actual alcalde comentó, además, que no descarta retirar a Jesús Enríquez de la Comisión de Seguimiento y Control.
La respuesta de Enríquez, a través de un comunicado, no se ha hecho esperar. Enríquez tacha de “difamación” lo afirmado por Puente. “Los contratos denunciados por el señor Puente fueron firmados en 2001 y 2002, y el señor Enríquez tomó posesión como concejal –por vez primera- en junio de 2003. En cuanto a las prórrogas de esos contratos que se autorizaron con posterioridad, todas fueron propuestas por la dirección del servicio de limpieza”, asegura el PP en un escrito.
Es más, el Grupo Popular Municipal acusa a Puente de “tratar de aniquilar a la oposición” para “tratar de anular cualquier crítica de su mala gestión, que ha tenido en el festival de la moto de este fin de semana su última entrega. No se han cumplido ninguna de las previsiones del Sr. Puente sobre el número de inscritos ni de participantes”, señalan.
Mientras el gabinete jurídico municipal prepara la ampliación de la denuncia, Puente espera que la situación procesal del caso avance, ya que en la actualidad lo instruye un juez sustituto “al que se renueva el contrato cada 29 días”. La investigación pasa por analizar la docena de empresas de las que se valía Samaniego y la documentación recuperada por la Policía Judicial en su despacho del Ayuntamiento. Lo que nunca se podrá saber es qué contenía la numerosa documentación que paso por dos trituradoras a lo largo de tres días, según denunció un antiguo empleado.
