El final del caso Goldfinger: dos décadas de periplo judicial contra los estafadores de pisos turísticos

El 24 de mayo de 2015 la policía del condado británico de Essex encontró el cadáver cosido a balazos de John 'Goldfinger' Palmer. Considerado como el criminal más rico de la historia del Reino Unido, Palmer estaba entonces a la espera de juicio en España por estafar a cientos de personas con falsos alquileres de apartamentos en las Islas Canarias. Más de dos décadas después de la apertura de la investigación, el Tribunal Supremo acaba de dictar sentencia firme contra su sobrino y las personas que heredaron su estructura criminal y ha confirmado condenas de hasta 20 meses de cárcel, además de la obligación de indemnizar a 149 familias víctimas con un total de 1,3 millones de euros.

John Palmer, cuyo asesinato todavía no ha sido esclarecido seis años después, desembarcó en las Canarias en la década de los ochenta con su estructura empresarial. Una estructura que utilizó entre 1993 y 1999 para vender semanas de vacaciones en sus complejos turísticos: Hotel Flamingo, Island Village o complejos como Tenerife Royal Gardens, Lagos de Fañabé o Los Olivos. Todos estaban en Canarias y la venta se gestionaba en régimen de multipropiedad: varios propietarios ponían el dinero y cada uno lo utilizaba en una semana determinada para no solaparse con otras familias.

Las víctimas - en una inmensa mayoría británicas- pusieron miles de euros. También entraban a formar parte de un “club” cuya membresía también les costaba una cuota anual. Pero nunca llegaron a disfrutar de sus apartamentos en Canarias a pesar de desembolsar, entre todos, más de un millón de euros. Los promotores “les daban excusas” cuando su apartamento no estaba disponible y ofrecían cambios a cambio de más dinero. A veces las familias descubrían que habían pagado por unas vacaciones en un hotel que todavía no se había construido.

En muchas ocasiones, ellos se quedaban sin vacaciones y el dinero nunca volvía. Para cuando se daban cuenta del engaño sus miles de euros ya estaban en cuentas bancarias offshore de la isla británica de Man. El botín de los estafadores liderados por Goldfinger volvía a España a través de una lavadora de 18 sociedades ligadas al grupo criminal después de pasar, a veces, por Suiza o por la Isla de Jersey.

La estafa de las vacaciones en Canarias arrancó con John Edward 'Goldfinger' Palmer al frente y siguió funcionando a pleno rendimiento cuando entró en prisión en 2001 condenado a 8 años de cárcel por, precisamente, estafar a miles de turistas - la mayoría, ancianos - que habían caído en su estafa multipropiedad de Canarias, según informó la BBC. Su sobrino se puso al frente del negocio en las islas junto con cinco personas más.

La investigación arrancó en la Audiencia Nacional en el año 2000 y el Tribunal Supremo ha dictado sentencia firme 21 años después de la apertura de las diligencias 176/00 del juzgado número 5. Los jueces confirman una condena de 2 años y 8 meses de cárcel para el sobrino de Palmer y de 20 meses de prisión cuatro personas más que operaban las sociedades fraudulentas. Las condenas incluyen multas que en algunos casos superan los 12.000 euros y la obligación de devolver el dinero a sus víctimas. Uno de los inicialmente condenados es absuelto por falta de pruebas.

Los magistrados de la sala de lo penal, con Javier Hernández como ponente, han estudiado y rechazado los recursos del sobrino de Palmer - cuya condena es más alta porque la Policía encontró una pistola en su casa -, el de su lugarteniente y el de una mujer holandesa que gestionaba varias sociedades que usaban para perpetrar la estafa. El cabecilla de la estafa fue asesinado en 2015 y por tanto nunca llegó a sentarse en el banquillo. Uno de los inicialmente condenados es absuelto porque trabajó en algunas de las sociedades y participó en algunas ventas pero sin saber que estaba perpetrando una estafa. Esto implica que sólo el sobrino de Palmer tendrá que entrar obligatoriamente en prisión a cumplir condena.

Dos décadas de investigación

Esta estafa es una de las más añejas que ha instruido la Audiencia Nacional y de las que más tiempo ha estado en las cocinas de los juzgados hasta tener una sentencia firme. Las diligencias de investigación originales fueron abiertas en el año 2000 por el juzgado 5 de la Audiencia Nacional cuando tenía al frente al magistrado Baltasar Garzón. Un proceso de instrucción complejo que pasó por manos del hoy ministro Fernando Grande-Marlaska, del juez Pablo Ruz y el juez José de la Mata.

El juicio se celebró en enero de 2019 pero para entonces el principal acusado llevaba cuatro años muerto. Su sobrino se convirtió en el nuevo cabecilla y ahora el Tribunal Supremo rechaza sus alegaciones, en un recurso en el que llegó a decir que él era “un mero testaferro” de su tío John. Algo que descartan rotundamente los jueces de la sala que preside Manuel Marchena: “Co-decidió el plan, lo co-ejecutó y, además, co-gestionó en la fase de agotamiento el ilícito resultado de enriquecimiento”.

Según los hechos probados de la sentencia las víctimas “no conseguían disfrutar de las semanas de vacaciones en los apartamentos contratados porque no estaban disponibles en las semanas contratadas, les daban excusas, les ofrecían un cambio de semanas por más dinero, sin que pudieran disfrutar las semanas contratadas ni las semanas ofrecidas a cambio, a pesar de lo cual seguían pagando los gastos de mantenimiento por miedo a perder todo lo invertido”.

Los jueces estiman, eso sí, el recurso de uno de los condenados por estafa y asociación ilícita. Un ciudadano británico que trabajó para las empresas del grupo y que vendió a diestro y siniestro el “Dream Work Vacation Club”, una de las distintas formas que adoptó la estafa y que incluía pagar tasas anuales por pertenecer al “club” de multipropietarios durante medio siglo. Lo vendía pero no sabía que todo formaba parte de una estafa. Dice el Supremo que “a diferencia de otros acusados, no se describe ninguna intervención gestora, negocial o decisional por parte del hoy recurrente en la ejecución de las operaciones fraudulentas”.

John 'Golfinder' Palmer y la fiebre del oro

John Edward Palmer no era ningún desconocido cuando la Audiencia Nacional hizo estallar la operación por esta macroestafa hace casi dos décadas. Para entonces ya era considerado como el criminal más rico del Reino Unido, había sido condenado por estafa y había sido relacionado con lo que la prensa británica definió como el “crimen del centenario”: el robo en noviembre de 1983 de 26 millones de libras en casi 7000 lingotes de oro, diamantes y dinero en efectivo de una de la empresa de seguridad Brink-Mat en el aeropuerto londinense de Heathrow.

Tres ladrones fueron condenados en los ochenta a penas de hasta 25 años de prisión. Palmer, cuya fortuna fue estimada en un momento dado en 300 millones de libras, fue acusado de fundir parte del oro del atraco en una fundición en su propia casa en Lansdown, Bath. Se sentó en el banquillo pero fue absuelto en 1987 aunque el mote de 'Goldfinger' le acompañó hasta la tumba. El “gángster”, como le define la prensa británica, era joyero en esa zona de Reino Unido y no entró en la cárcel hasta 2001 por estafar a miles de turistas cuando ya residía en Canarias.

Su nombre volvió a los titulares cuando, ya fuera de la cárcel, fue asesinado de seis disparos en su casa de Essex. Seis años después la policía británica no ha conseguido dar con un asesino, según relataron los investigadores policiales cuyas declaraciones fueron recogidas el año pasado por la BBC. Están convencidos de que fue un asesinato por encargo y que el asesino le observó durante días a través de un agujero en la valla de su jardín. Su viuda, Marine Palmer, incluso, escribió un libro hace ahora tres años: 'Goldfinger y yo'.

La estela de opulencia y crimen de John 'Goldfinger' Palmer sigue viva en nuestro país. Su yate 'Brave Goose' (ganso valiente) lleva años varado en las costas gallegas y actualmente en el muelle coruñés de la dársena de Oza. Un barco de 1972 con 35 metros de eslora que ha intentado ser vendido sin éxito y que sigue, a día de hoy, en aguas gallegas esperando su futuro. Desde la compañía Zarpas Catamaranes, que empezó a escuchar ofertas a principios de este año, explican a elDiario.es que la venta “se complicó jurídicamente” y “hubo que retirar” la embarcación del mercado.