La Fiscalía cambia de criterio y apoya el archivo de la causa de corrupción contra la número 3 de Ayuso
La Fiscalía allana el camino para el archivo de la causa de corrupción contra Ana Millán, antigua concejala y alcaldesa de Arroyomolinos y actual número tres de Isabel Díaz Ayuso en el PP regional. La fiscal del caso, Elena García de Andrés, firma un informe en el que cambio el criterio mantenido hasta ahora y anuncia que no se opone a la petición de archivo expuesta ante el juzgado por la propia Ana Millán.
El giro de la Fiscalía se produce cuando está pendiente que la actual magistrada del caso eleve una exposición razonada para que la ex regidora sea investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el que está aforada desde que fue elegida diputada autonómica en 2023, o por el contrario, dicte el archivo de las actuaciones.
Hasta ahora, la causa contra Millán había estado impulsada por la Fiscalía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las acusaciones populares, que ejercen PSOE y Más Madrid. Cuatro años después de la imputación de Millán, la Fiscalía cambia radicalmente de criterio y donde antes veía indicios para que fuera juzgada ahora ve motivos para que se cierre el caso. La fiscal Elena García de Andrés considera que no hay indicio de ninguno de los cuatro delitos de corrupción que antes antribuía a Millán, quien habría recibido prebendas de un empresario del caso Púnica a cambio de adjudicarle contratos cuando era concejala.
La fiscal argumenta que la UCO no ha encontrado “irregularidades ni arbitrariedades” en los contratos adjudicados a las empresas de Francisco Roselló, investigado junto a Millán en el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero. La UCO, y antes la Fiscalía, atribuían a Millán tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y actividades prohibidas a funcionarios.
En lo referente al cohecho, la Fiscalía argumenta que “no ha quedado acreditado que Ana Belén Millán Arroyo hubiese recibido ingresos por parte de Francisco Vicente Roselló Baldó por su condición de concejal ni su conexión con una actividad de ella en el ejercicio de su cargo”. La acusación contra Millán se sostiene en que Roselló le pagó el doble de precio de mercado por el alquiler de un ático propiedad de la entonces concejala con el argumento de los acusados de que incluía un derecho a compra que nunca ejerció.
Además, las empresas de Roselló contrataron a la hermana de Millán y a su marido. Este último, hostelero de la noche, ejerció de bedel en un colegio por medio de esos contratos. La Guardia Civil calculó que Millán y sus familiares se habrían beneficiado en más de 200.000 euros a cambio de los contratos concedidos a Roselló. Las empresas de Roselló obtuvieron 257.083,56 euros cuando Millán era Concejala de Cultura, entre 2005 y 2008, y otros 395.192,71 de la Concejalía de Juventud, siendo su titular la aún imputada. En total, 652.276,27 euros. Los sucesores de Millán en los citados cargos no contrataron con Roselló, según destacaba la UCO.
Uno de los argumentos de la Fiscalía para pedir el archivo es que Millán ha justificado los cerca de 42.650 euros que ingresó en efectivo en el banco en seis años, entre 2008 y 2014. La Fiscalía considera que Millán dio explicaciones convincentes de esos ingresos al alegar, durante su declaración en el juzgado, que procedían del trabajo en la noche de su entonces novio. Aseguró la ahora vicesecretaria de Organización del PP madrileño que a ella no le gustaba guardarlo en casa.
El argumento, despreciado por la Fiscalía en el momento de su declaración como investigada el 22 de abril de 2022, vale ahora para solicitar el archivo de la causa. “Considerando las justificaciones realizadas por Ana Millán en sede judicial no ha quedado acreditado que estos ingresos de origen desconocido fueran ingresos realizados por Francisco Vicente Roseló Baldó”, afirma ahora la fiscal.
La fiscal Elena García de Andrés concluye que las contrataciones de sus familiares, los ingresos en efectivo y el alquiler hinchado de la vivienda es una “conexión temporal que no supone un indicio sólido de criminalidad”. La fiscal afirma que no hay indicios de que la alcaldesa de Arroyomolinos influyera en la contratación de sus familiares por el empresario al que había adjudicado contratos.
El papel decisivo del juez que acusó al fiscal general
En estos cuatro años imputada, la instrucción solo ha avanzado en contra de Millán, con el informe de conclusiones de la UCO en el que que la propia Fiscalía y la anterior jueza se apoyaron para sostener la imputación y enviar el caso al Tribunal Superior de Justicia. Este devolvió la causa al juzgado de Navalcarnero porque el modo en el que debía proponer la imputación era una exposición razonada y no un auto de inhbición. De hecho, la Fiscalía pidió tomar declaración a una testigo clave y al marido de Millán antes de que la jueza enviara la causa al TSJM.
El cambio de criterio en la Fiscalía viene precedido de un aviso por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En concreto, por parte del juez conservador Juan José Goyena, el mismo que envió la causa contra el anterior fiscal general del Estado al Tribunal Supremo por una nota de prensa que luego el alto tribunal resolvió que no era delito. En el auto en el que Goyena devolvió la causa a Navalcarnero, y sin que fuera objeto de la decisión que tomaba, Goyena advirtió de que la jueza se limitaba “a apuntar una serie de hechos sobre la participación de la aforada” y que tales hechos, “prima facie, no implican sin más una conducta delictiva”. La fiscal del caso, que antes apreciaba indicios contra Millán, dice ahora que comparte “los argumentos expuestos” por Goyena.
El caso contra Millán surge del momento en el que el equipo de Gobierno de Ciudadanos, que relevó al PP en Arroyomolinos en 2015, encontró al personal de la Concejalía de Millán intentando deshacerse de tres bolsas de basura. En una de ellas apareció la copia de un correo electrónico en el que se evidenciaba la relación de la concejala con el empresario Roselló, en aquel momento relacionado presuntamente con el caso Púnica. El nuevo equipo municipal denunció ante la Fiscalía Anticorrupción y cuatro años después, en 2020, la Audiencia Nacional envió la causa a un juzgado de Navalcarnero.