El futuro del escaño de Alberto Rodríguez se decide en el Tribunal Constitucional

El 6 de octubre de 2021 la sala de lo penal del Tribunal Supremo firmó una sentencia que se tradujo en un terremoto político en el Congreso de los Diputados. Alberto Rodríguez, hasta entonces parlamentario de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife, era condenado a un mes y medio de prisión por patear a un policía en una manifestación en 2014. La sentencia dejaba claro que el diputado no tenía que entrar en prisión, pero sí dejaba una duda en el aire: si podía o no mantener su escaño en la cámara baja. El Congreso consultó al Supremo y tras su respuesta le retiró el acta. Año y medio después, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que la respuesta no era tan clara y que tendrá que estudiar el asunto porque no existen antecedentes en sus bases de datos para comparar.

Batet retira el escaño a Alberto Rodríguez tras las presiones del Supremo y las derechas por su condena

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El pleno del tribunal de garantías anunció este jueves que admitía a trámite dos recursos de Alberto Rodríguez. Uno contra la sentencia del Tribunal Supremo y el auto que rechazó el incidente de nulidad; otro contra la decisión que tomó Meritxell Batet el 22 de octubre de 2021 y que supuso que Rodríguez se quedaba sin escaño.

El camino hasta estas dos resoluciones, como demuestra la admisión a trámite del Constitucional, no fue lineal y suscita dudas jurídicas a día de hoy. La sentencia del Tribunal Supremo no especificaba en su fallo si la condena de inhabilitación al derecho de sufragio pasivo implicaba no sólo que no podía presentarse a unas elecciones en mes y medio, sino si también le impedía seguir en su asiento del Congreso. La “inelegibilidad sobrevenida” le robaba el protagonismo del caso al agente que dijo ser agredido, los vídeos del juicio y el alegado del propio Rodríguez sobre el derecho a manifestación.

En ese momento, distintas fuentes de la sala segunda trasladaron a varios medios de comunicación que no había ninguna duda: Rodríguez tenía que dejar su escaño, igual que Oriol Junqueras se quedó sin el suyo en el europarlamento después de ser condenado por sedición en la causa del procés. Mientras tanto, los letrados del Congreso devanaban el auto de ejecución y el fallo de la sentencia y llegaban a la conclusión opuesta: Rodríguez podía seguir representando a Unidas Podemos en la cámara baja porque entendían que su condena le impedía presentarse a unas elecciones, pero que eso no implicaba “la inhabilitación respecto de cargos ya obtenidos”.

Diversas fuentes de varias salas del Tribunal Supremo reconocían entonces a este periódico que este no era un caso sencillo y que no existían antecedentes idénticos en la sala de lo contencioso, ante la que se recurren por ejemplo acuerdos como el de la Junta Electoral en el caso de Oriol Junqueras. La incertidumbre llevó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y a la Mesa a dirigirse directamente a la sala de lo penal para obtener más explicaciones.

Este cruce epistolar inédito desembocó en una respuesta que también había que leer con atención. “Como usted conoce, la Ley del Poder Judicial no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme”, decía el escrito. También explicaba que la condena de inhabilitación era “obligada” en el caso de Alberto Rodríguez. Ese mismo día, Batet comunicó la retirada de su escaño. Por el camino quedaron rechazados un incidente de nulidad y una petición para suspender la ejecución de la condena de inhabilitación.

El Tribunal Constitucional ha reabierto la puerta del debate con la admisión a trámite de los dos recursos de Rodríguez. El tribunal de garantías explicó ayer en un comunicado que los dos pasaban el filtro inicial de los magistrados porque no contaban con antecedentes aplicables. “El Pleno entiende que en ambos recursos concurre especial trascendencia constitucional porque ambos plantean un problema o afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”, dice el comunicado. El caso del exdiputado de Unidas Podemos, además, “trasciende del caso concreto, porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”.

Todavía está por librar la batalla de las medidas cautelares. Por el momento el pleno ha rechazado anular de manera cautelarísima la decisión del Congreso de dejarle sin escaño, pero ha puesto en marcha el trámite de las medidas cautelares: todas las partes deben informar sobre si Rodríguez puede recuperar su escaño hasta que haya sentencia. Aquí los tiempos juegan un papel esencial: las próximas elecciones generales, si no hay adelantos, serán en noviembre de 2023. Los magistrados tienen que decidir si la balanza del periculum in mora (peligro de demora) se inclina a su favor y le devuelven el escaño porque, en caso de darle la razón, para cuando haya sentencia su caso ya no tendría solución.

El escaño vacío

Siete meses después de su expulsión del Congreso, Unidas Podemos no ha conseguido aún reponer el escaño de Alberto Rodríguez por discrepancias entre la dirección estatal de Podemos y la de Canarias, de donde es el exdiputado. No obstante, el portavoz del grupo confederal en el Parlamento, Pablo Echenique, aprovecha cada vez que se le pregunta por esta cuestión para responsabilizar de la situación a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. 

En su opinión, “se le robó el escaño a un diputado electo por una sentencia, primero, injusta y sin pruebas, porque nunca cometió el delito que se dice que cometió, y además en esa sentencia no ponía que había que quitarle el acta”. “Sin embargo, la Presidencia del Congreso de los Diputados y el señor [presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel] Marchena decidieron quitarle el escaño. Esto es gravísimo”, denunció en marzo, en una entrevista en elDiario.es

“La responsabilidad de que falte un escaño y de que, por ejemplo, la reforma laboral saliera adelante porque se equivocó un diputado del PP, es de Meritxell Batet y de Marchena, no de Unidas Podemos. Estamos trabajando humildemente para tratar de que ese escaño se reponga, pero, al mismo tiempo, no nos hemos olvidado de quién se lo ha arrebatado a la mayoría progresista”, insiste el portavoz de Unidas Podemos, grupo que hace dos meses se quedó sin otro escaño por la decisión de otra diputada canaria, Meri Pita, de pasar al Grupo Mixto por discrepancias con la dirección.

El 6 de octubre de 2021 la sala de lo penal del Tribunal Supremo firmó una sentencia que se tradujo en un terremoto político en el Congreso de los Diputados. Alberto Rodríguez, hasta entonces parlamentario de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife, era condenado a un mes y medio de prisión por patear a un policía en una manifestación en 2014. La sentencia dejaba claro que el diputado no tenía que entrar en prisión, pero sí dejaba una duda en el aire: si podía o no mantener su escaño en la cámara baja. El Congreso consultó al Supremo y tras su respuesta le retiró el acta. Año y medio después, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que la respuesta no era tan clara y que tendrá que estudiar el asunto porque no existen antecedentes en sus bases de datos para comparar.

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El pleno del tribunal de garantías anunció este jueves que admitía a trámite dos recursos de Alberto Rodríguez. Uno contra la sentencia del Tribunal Supremo y el auto que rechazó el incidente de nulidad; otro contra la decisión que tomó Meritxell Batet el 22 de octubre de 2021 y que supuso que Rodríguez se quedaba sin escaño.

El camino hasta estas dos resoluciones, como demuestra la admisión a trámite del Constitucional, no fue lineal y suscita dudas jurídicas a día de hoy. La sentencia del Tribunal Supremo no especificaba en su fallo si la condena de inhabilitación al derecho de sufragio pasivo implicaba no sólo que no podía presentarse a unas elecciones en mes y medio, sino si también le impedía seguir en su asiento del Congreso. La “inelegibilidad sobrevenida” le robaba el protagonismo del caso al agente que dijo ser agredido, los vídeos del juicio y el alegado del propio Rodríguez sobre el derecho a manifestación.

En ese momento, distintas fuentes de la sala segunda trasladaron a varios medios de comunicación que no había ninguna duda: Rodríguez tenía que dejar su escaño, igual que Oriol Junqueras se quedó sin el suyo en el europarlamento después de ser condenado por sedición en la causa del procés. Mientras tanto, los letrados del Congreso devanaban el auto de ejecución y el fallo de la sentencia y llegaban a la conclusión opuesta: Rodríguez podía seguir representando a Unidas Podemos en la cámara baja porque entendían que su condena le impedía presentarse a unas elecciones, pero que eso no implicaba “la inhabilitación respecto de cargos ya obtenidos”.

Diversas fuentes de varias salas del Tribunal Supremo reconocían entonces a este periódico que este no era un caso sencillo y que no existían antecedentes idénticos en la sala de lo contencioso, ante la que se recurren por ejemplo acuerdos como el de la Junta Electoral en el caso de Oriol Junqueras. La incertidumbre llevó a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y a la Mesa a dirigirse directamente a la sala de lo penal para obtener más explicaciones.

Este cruce epistolar inédito desembocó en una respuesta que también había que leer con atención. “Como usted conoce, la Ley del Poder Judicial no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo la de asesorar a otros órganos constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme”, decía el escrito. También explicaba que la condena de inhabilitación era “obligada” en el caso de Alberto Rodríguez. Ese mismo día, Batet comunicó la retirada de su escaño. Por el camino quedaron rechazados un incidente de nulidad y una petición para suspender la ejecución de la condena de inhabilitación.

El Tribunal Constitucional ha reabierto la puerta del debate con la admisión a trámite de los dos recursos de Rodríguez. El tribunal de garantías explicó ayer en un comunicado que los dos pasaban el filtro inicial de los magistrados porque no contaban con antecedentes aplicables. “El Pleno entiende que en ambos recursos concurre especial trascendencia constitucional porque ambos plantean un problema o afectan a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal”, dice el comunicado. El caso del exdiputado de Unidas Podemos, además, “trasciende del caso concreto, porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales”.

Todavía está por librar la batalla de las medidas cautelares. Por el momento el pleno ha rechazado anular de manera cautelarísima la decisión del Congreso de dejarle sin escaño, pero ha puesto en marcha el trámite de las medidas cautelares: todas las partes deben informar sobre si Rodríguez puede recuperar su escaño hasta que haya sentencia. Aquí los tiempos juegan un papel esencial: las próximas elecciones generales, si no hay adelantos, serán en noviembre de 2023. Los magistrados tienen que decidir si la balanza del periculum in mora (peligro de demora) se inclina a su favor y le devuelven el escaño porque, en caso de darle la razón, para cuando haya sentencia su caso ya no tendría solución.

El escaño vacío

Siete meses después de su expulsión del Congreso, Unidas Podemos no ha conseguido aún reponer el escaño de Alberto Rodríguez por discrepancias entre la dirección estatal de Podemos y la de Canarias, de donde es el exdiputado. No obstante, el portavoz del grupo confederal en el Parlamento, Pablo Echenique, aprovecha cada vez que se le pregunta por esta cuestión para responsabilizar de la situación a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet. 

En su opinión, “se le robó el escaño a un diputado electo por una sentencia, primero, injusta y sin pruebas, porque nunca cometió el delito que se dice que cometió, y además en esa sentencia no ponía que había que quitarle el acta”. “Sin embargo, la Presidencia del Congreso de los Diputados y el señor [presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel] Marchena decidieron quitarle el escaño. Esto es gravísimo”, denunció en marzo, en una entrevista en elDiario.es

“La responsabilidad de que falte un escaño y de que, por ejemplo, la reforma laboral saliera adelante porque se equivocó un diputado del PP, es de Meritxell Batet y de Marchena, no de Unidas Podemos. Estamos trabajando humildemente para tratar de que ese escaño se reponga, pero, al mismo tiempo, no nos hemos olvidado de quién se lo ha arrebatado a la mayoría progresista”, insiste el portavoz de Unidas Podemos, grupo que hace dos meses se quedó sin otro escaño por la decisión de otra diputada canaria, Meri Pita, de pasar al Grupo Mixto por discrepancias con la dirección.

El 6 de octubre de 2021 la sala de lo penal del Tribunal Supremo firmó una sentencia que se tradujo en un terremoto político en el Congreso de los Diputados. Alberto Rodríguez, hasta entonces parlamentario de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife, era condenado a un mes y medio de prisión por patear a un policía en una manifestación en 2014. La sentencia dejaba claro que el diputado no tenía que entrar en prisión, pero sí dejaba una duda en el aire: si podía o no mantener su escaño en la cámara baja. El Congreso consultó al Supremo y tras su respuesta le retiró el acta. Año y medio después, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que la respuesta no era tan clara y que tendrá que estudiar el asunto porque no existen antecedentes en sus bases de datos para comparar.

Batet retira el escaño a Alberto Rodríguez tras las presiones del Supremo y las derechas por su condena

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El pleno del tribunal de garantías anunció este jueves que admitía a trámite dos recursos de Alberto Rodríguez. Uno contra la sentencia del Tribunal Supremo y el auto que rechazó el incidente de nulidad; otro contra la decisión que tomó Meritxell Batet el 22 de octubre de 2021 y que supuso que Rodríguez se quedaba sin escaño.