Priorizar el acuerdo. Esa fue la máxima que movió a los diputados del PSOE para votar a los candidatos propuestos por el PP para el Tribunal Constitucional, los polémicos Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. El propio Pedro Sánchez admitió que le disgustaban las propuestas que pactó con Pablo Casado. Pero para el Gobierno había una razón mayor que le llevó a aceptar los nombres de Pablo Casado para la renovación de algunos órganos constitucionales: desbloquear posteriormente el Poder Judicial y, a partir de ahí, contar con una mayoría progresista a partir de junio de 2022.
En esa fecha vence el mandato de cuatro magistrados: los que designó el Gobierno de Mariano Rajoy -el actual presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez, que sustituyó al consejero madrileño Enrique López en 2014- y los nombrados por el CGPJ -Santiago Martínez Vares (conservador) y Juan Antonio Xiol Ríos (progresista). A partir de ese momento arranca un periodo de al menos cuatro años con mayoría progresista, en caso de que la renovación de junio salga adelante en los términos habituales, que puede prolongarse otros cinco años más.
En Moncloa dan por hecho que en junio designará a los dos magistrados (progresistas) que le corresponden y que, por tanto, se invertirá la actual mayoría conservadora en un momento clave en el que el tribunal de garantías tiene que afrontar importantes decisiones (el aborto, la eutanasia, o la llamada ley Rhodes para la protección de la infancia, entre otras) tras años de pronunciamientos conservadores, como el aval a la prisión permanente revisable, a las devoluciones en caliente o contra los estados de alarma que permitieron los confinamientos contra la pandemia. Está por ver el calendario que establece el propio tribunal de garantías y cuántos de esos asuntos se resuelven antes del verano.
La duda jurídica es si el Gobierno puede renovar los nombres que le corresponden si el CGPJ sigue en funciones. El cambio legislativo que impulsaron PSOE y Unidas Podemos para presionar al PP a su renovación impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos. En el Ejecutivo dan por hecho que podrán designar en julio los magistrados que le corresponden, pero algunas fuentes creen que los cambios en el Constitucional deben llevarse a cabo por tercios indisolubles, es decir, que el Congreso nombra cuatro magistrados a la vez; el Senado, otros cuatro; y el Gobierno y el CGPJ -como pack indivisible- otros cuatro. De ahí también que el Gobierno fiara a la renovación de esos organismos sin vetos el posterior desbloqueo del Poder Judicial.
A pesar de que en las últimas semanas el Gobierno está enfriando las expectativas de una renovación inminente del Poder Judicial, en Moncloa confían en que para el verano Pablo Casado se habrá avenido a actualizarlo. “El PP va viendo que cuanto más tiempo pase sin renovar y en el 'no' la evidencia de necesidad de renovar es cada vez más clara”, señalan fuentes gubernamentales. Pedro Sánchez presiona al líder de la oposición con el argumento de que, una vez renovados el resto de órganos -Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas…- no tiene sentido dejar bloqueado el CGPJ.
Un CGPJ bloqueado que tiene las manos atadas para seguir haciendo nombramientos y que, por tanto, no puede aplicar su mayoría conservadora heredada de la mayoría absoluta del PP en 2013 para hacer nombramientos como vino haciendo durante los dos primeros años con el mandato caducado. Esto se ha traducido en otro atasco en la acera de enfrente en la calle Marqués de la Ensenada de Madrid: las salas jurisdiccionales tienen cada vez más plazas vacantes y desde el propio Supremo alertan incesantemente de un colapso próximo que afectará de forma drástica a su funcionamiento.
El pasado octubre la sala de gobierno del Supremo - presidida por el propio Carlos Lesmes - sacó la calculadora y alertó de que la situación se convertirá en “insostenible” si no se renueva el CGPJ y puede completar todas las vacantes por jubilación que se van produciendo. El cálculo es que, entre todas las salas, cada año saldrán 1.000 sentencias menos del Tribunal Supremo. El año que viene habrá 16 vacantes, lo que supone un 20% de una plantilla de poco más de 70 magistrados y magistradas. Un escenario especialmente complicado ante la avalancha que se espera en distintas jurisdicciones por pleitos relacionados de una manera u otra con la pandemia y sus efectos sobre la economía y el empleo.
El triple bloqueo
La negativa del Partido Popular a llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial acaba de cumplir su tercer aniversario y por el momento se traduce en un triple bloqueo: el del órgano de gobierno de los jueces, el de las plazas que no se renuevan en el Tribunal Supremo y, por último, puede traducirse en un bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional. A la espera de comprobar si el Gobierno puede renovar por su cuenta los dos sillones que les corresponden de manera independiente de un CGPJ actualmente en funciones y con mayoría conservadora.
El caso del Tribunal Constitucional obliga a sacar el calendario para ver cómo la renovación de una u otra parte de sus magistrados puede afectar a las grandes decisiones. El presidente Pedro González-Trevijano ya ha anunciado que el tribunal de garantías volverá a ponerse en marcha el 13 de diciembre con la reunión de sus dos salas y dos días después con el primer pleno tras la renovación. Por el momento estas primeras reuniones no llevan ningún tema de especial sensibilidad según el orden del día que ya es público.
Los claros candidatos para los próximos plenos son los asuntos que quedaron pendientes en los últimos plenos terminados sin llegar al final de la lista de deberes de los magistrados. Uno de esos temas es la conocida como 'Ley Celaá', que figura en el orden del día del pleno del pasado 26 de octubre y que, probablemente, será de los primeros en llegar a los próximos plenos del Constitucional. El ponente, Ricardo Enríquez, propone tal y como adelantó este periódico que se obligue al Gobierno a sufragar la educación que separa a chicos y chicas en los colegios.
Otros asuntos también están en la agenda reciente. Una de ellas es la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la reforma legal que puso en manos de estos tribunales territoriales el aval a las restricciones impuestas por los gobiernos autonómicos para paliar los efectos de la pandemia. Esa medida permite que, actualmente, los ejecutivos regionales pidan el aval a su TSJ y posteriormente ante el Tribunal Supremo. Esa ponencia era del magistrado Andrés Ollero y ha sido asumida por Enrique Arnaldo tras la renovación parcial del tribunal.
Aborto, Rhodes, CGPJ…
Los calendarios paralelos de los plenos y las renovaciones pueden marcar el futuro de asuntos como el aborto. El Constitucional tiene en la nevera pero sin llevar a pleno los recursos del Partido Popular contra la Ley del Aborto de 2010 y contra la de Eutanasia de este año, el de Vox contra la Ley 'Rhodes' de Protección de la Infancia e incluso el de ambos partidos contra la reforma que impide hacer nombramientos a un CGPJ en funciones. Si se llevan a pleno antes de junio, serán estudiados por una mayoría conservadora. Si se hace después de la renovación de junio - si se lleva a cabo - lo serán por una mayoría progresista. En una entrevista en la Cadena SER, el presidente González-Trevijano ha aventurado que el borrador estará listo en los próximos meses pero sin adelantar cuándo serán las deliberaciones, si antes o después de junio, y que intentará dar más velocidad a la tramitación este tipo de asuntos de especial sensibilidad y trascendencia.
En este momento el Constitucional tiene 7 magistrados del sector considerado conservador y 5 del sector considerado progresista. Una renovación parcial de los dos candidatos dependientes del Gobierno implicaría que dos magistrados conservadores serían sustituidos por dos considerados progresistas, lo que invertiría la proporción con 5 conservadores y 7 progresistas. Una renovación total incluyendo los dos candidatos del CGPJ no variaría esa composición porque tradicionalmente esos dos perfiles se reparten entre PP y PSOE por lo que el progresista Juan Antonio Xiol y el conservador Santiago Martínez-Vares serían relevados por dos magistrados de ambos perfiles. Esa es, al menos, la tradición.
Esto llevaría la siguiente meta volante hasta dentro de cuatro años, en marzo de 2026, cuando vence el mandato de dos progresistas y dos conservadores: por un lado Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer y por otro Ricardo Enríquez y Alfredo Montoya. Son los cuatro candidatos dependientes del Senado, por lo que muchas cosas dependerán de la composición que tenga la Cámara Baja en ese momento. Pero tal y como ha sucedido en esta última renovación, la tradición es que se respete esa proporción de dos miembros de cada sector. La siguiente renovación, prevista para 2028, sería la de los candidatos que acaban de entrar por designación del Congreso.
Nueve años, por tanto, de mayoría progresista en el Constitucional dependen de la renovación del próximo junio, que a su vez puede depender de la renovación del Tribunal Constitucional. Un nuevo bloqueo de la situación en junio prolongará una mayoría conservadora en el tribunal de garantías en un momento en que algunos de los grandes proyectos legislativos del Gobierno de coalición habrán quedado en manos de los magistrados.