El Gobierno estudia cómo acortar por ley los plazos de expulsión de migrantes y busca nuevas plazas de acogida en Ceuta
Una reforma legal para expulsar mucho antes a las personas migrantes que no tengan derecho a asilo en contextos de crisis como la que afronta Ceuta. Según ha podido confirmar elDiario.es con varios de los ministerios implicados, el Gobierno ha empezado ya con los trabajos técnicos para estudiar de qué forma podrían acortarse de manera sustancial los actuales plazos administrativos y judiciales, ahora fijados en un máximo de doce semanas. El objetivo es poder afrontar cuanto antes los operativos de retorno al país de origen en los casos en que el solicitante no cumpla con los requisitos exigidos para ser amparado por los mecanismos de protección internacional, que el Ejecutivo cree que es la situación de la inmensa mayoría de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.
Al proceder de Marruecos, un país considerado seguro por la Unión Europea, la normativa estatal y comunitaria vigente permite denegar de manera prioritaria las solicitudes de asilo. Pero siempre sustentado en un procedimiento garantista muy tasado, que incluye plazos que impiden en la práctica llevar a cabo expulsiones o devoluciones en cortos espacios de tiempo por mucho que los demandantes de protección no tengan el perfil que se requiere. Esto es: ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un grupo social, género o preferencia sexual, o huir de un conflicto armado. Y lo que advierte el Gobierno es que la práctica totalidad de marroquíes que cruzaron la frontera del Tarajal lo hicieron por motivos económicos y, por tanto, serán devueltos.
Pero ese retorno a Marruecos será para muchos de ellos el final de un largo proceso administrativo que se inicia ahora, que el Ejecutivo calcula que se puede prolongar hasta finales de año y que obliga al Estado a dar acogida mientras tanto. Un imperativo legal de los países de llegada y un derecho de las personas migrantes que, en el caso de Ceuta, confluye en el colapso de la capacidad de respuesta de las administraciones tras la llegada de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma, muchas de las cuales aún duermen en las calles.
Ese procedimiento administrativo arranca con el paso del triaje, que en el caso de Ceuta se lleva a cabo principalmente en las instalaciones del Centro de Atención Temporal (CATE) situado en las naves del Tarajal. Allí se identifica a la persona migrante con la toma de la huella dactilar y, con la ayuda de un traductor, se la somete a una entrevista personal con funcionarios policiales en la que se intenta acreditar de dónde viene, cuáles son sus circunstancias personales, si tiene o no antecedentes y si desea solicitar formalmente el asilo o protección internacional, una pregunta que la ley fija como obligatoria. “La mayoría responde que sí, que solicita asilo. Pero tengo que decir que la mayoría no va a tener derecho a él porque son marroquíes y no cumplen los requisitos”, subrayó este martes el ministro Ángel Víctor Torres.
Una vez queda registrada esa solicitud formal de protección, la Policía Nacional y la Oficina de Atención al Refugiado se encargan de la apertura del expediente, en base a otra serie de entrevistas personales que buscan acreditar la situación real de la persona migrante en su país de origen. Según el Ejecutivo, este paso puede prolongarse de media entre dos y tres semanas antes de que la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio se pronuncie en primera instancia. Esa comisión es la que determina si el solicitante tiene o no derecho a asilo y la que publica su resolución en el Boletín Oficial del Estado. Y entonces es cuando se abre la vía judicial.
La persona migrante a la que le resulta denegada en primera instancia su solicitud tiene derecho a recurrirla judicialmente en un plazo de diez días hábiles. Y luego es la justicia, en un plazo aproximado de otras dos o tres semanas, quien acaba por dictaminar si cabe o no cabe recurso, si se contemplan medidas cautelares y, en última instancia, si debe ser expulsado o no. En total, casi tres meses de procedimiento que en muchos casos se prolonga más tiempo por la saturación de los propios recursos administrativos y judiciales.
“De acuerdo al Pacto Europeo de Asilo y Migración, el plazo máximo son unas 12 semanas para tener el expediente concluido, pero desde el Gobierno de España vamos a intentar acortar al máximo ese plazo, incluso con las modificaciones legislativas que sean necesarias”, adelantó el ministro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Según las fuentes consultadas por este periódico, el Gobierno ya ha solicitado a funcionarios de la abogacía del estado y a técnicos de los distintos departamentos una primera propuesta de reforma legal destinada al recorte de los plazos de expulsión.
Esos trabajos a nivel técnico que ya han comenzado en el seno del Ejecutivo van en la línea de la demanda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladará a los socios de la Unión Europea la semana que viene en la cumbre de Luxemburgo, durante el Consejo de Justicia y Asuntos Internos del próximo 1 de octubre. Ya el propio Marlaska pidió la semana pasada al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, “cambios legislativos que permitan agilizar los procedimientos en crisis migratorias”.
Búsqueda de nuevas plazas de acogida
En paralelo, el Gobierno también busca nuevos emplazamientos para dar acogida a las 3.500 personas que, según los cálculos oficiales, aún viven a la intemperie en las calles de Ceuta desde finales del mes de julio. Una situación que ha vuelto a desbordar las fallidas previsiones del Ejecutivo desde el inicio de la crisis.
Porque lo previsto hace tan solo tres semanas por el propio presidente del Gobierno era que las 6.000 plazas ya habilitadas fueran “suficientes” para dar cabida “a todo el mundo”. Pero la realidad volvió a superar la previsión de las administraciones. Todos los departamentos ministeriales implicados en el operativo que permitió acoger el pasado viernes a 1.700 personas en las carpas del Puerto admiten su sorpresa porque esas nuevas plazas apenas hayan conseguido aliviar zonas críticas como las playas del Trampolín o de Benítez, donde aún permanecen miles de migrantes. Así que ahora se intentan improvisar sobre la marcha nuevos emplazamientos que consigan cambiar de manera sustancial el paisaje de una Ceuta en la que el clima social, con estallidos de violencia cada vez más graves, se ha vuelto irrespirable.
Con ese objetivo se ha abierto ya una negociación con Juan Jesús Vivas que busca ampliar los emplazamientos acordados en su día en el decreto de actuaciones en Ceuta. La idea, según fuentes gubernamentales, es volver a consensuar esos espacios como ya se hizo en su día. Aunque el posterior boicot al emplazamiento del Puerto por parte de la ciudad autónoma y una tensión política creciente entre el Gobierno y el PP complican las expectativas de un pacto. En cualquier caso, el Ejecutivo se compromete a habilitar nuevos espacios previsiblemente la próxima semana, sin descartarse que las nuevas plazas tengan que instalarse en algunos de los espacios ya habilitados, como por ejemplo el Puerto, y que se vean obligados a ampliar su capacidad.