La dimisión de Carlos Mazón ha situado en un escenario complejo a Alberto Núñez Feijóo, que no quería que se produjera en este momento para no abrir una negociación con la extrema derecha en plena precampaña electoral en Extremadura, donde María Guardiola convocó las elecciones denunciando una “pinza” del PSOE y Vox antes incluso de que se tramitaran los presupuestos autonómicos. En Moncloa son conscientes de la situación imposible en la que se encuentra el PP y explotan su dependencia de una ultraderecha al alza que ya ha dejado claro que no pondrá un precio bajo a una nueva investidura en la Comunitat Valenciana y amenaza ya con una involución en asuntos clave como la agenda verde o la migración.
“El Partido Popular ha decidido dejar en manos de la ultraderecha, dejar en manos de Vox, el futuro de la Comunitat Valenciana en vez de decidir y preferir que sean los valencianos y las valencianas quienes dicten cuál es el futuro de su tierra”, reprochó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se celebró prácticamente al tiempo que Feijóo telefoneó a Santiago Abascal para romper el hielo de cara a las negociaciones sobre el sucesor de Mazón.
Mientras que el PP ponía en valor la supuesta coincidencia “en la necesidad de dar estabilidad” a ese territorio y circunscribe el nuevo acuerdo para una investidura a los que se alcanzaron el pasado mes de mayo para los presupuestos autonómicos, Vox sube la apuesta. “Tenemos que ser mucho más firmes y mucho más exigentes”, admite Abascal en una entrevista en La Vanguardia que se publicará íntegra el domingo.
Las exigencias de Vox
¿Y qué es lo que quiere Vox? Básicamente, una involución en las medidas medioambientales, en el denominado Pacto Verde Europeo, e imponer su agenda xenófoba en la Comunitat Valenciana que, a su juicio, son políticas que están haciendo “daño” a la región. En todos sus acuerdos con el PP, la extrema derecha ha logrado que se asuman algunos de sus postulados negacionistas de la violencia de género o las iniciativas racistas. Una de las más recientes fue el apoyo del PP a una resolución para segregar en las estadísticas la población nacional de la migrante, precisamente en la Comunitat Valenciana.
La competencia con Vox ha llevado al PP a endurecer aún más su posición antiinmigración. Más allá de propuestas, como la deportación de personas “reincidentes” aunque sea por delitos leves, en la práctica los conservadores han bloqueado medidas como el reparto de menores migrantes, a pesar de que algunos de sus gobiernos, como Balears, Ceuta, Melilla o Canarias, lo reclamaban. Otros temas, no obstante, son aún más sensibles para el PP, como puede ser el aborto.
La estrategia del Gobierno pasa por poner el dedo en esa herida. Cuando el PP en el Ayuntamiento de Madrid apoyó una moción de Vox con la que pretendía obligar a los servicios municipales a informar a las mujeres que iban a interrumpir voluntariamente su embarazo de un supuesto síndrome posaborto, Pedro Sánchez sacó toda la artillería para retratar a los de Feijóo con una propuesta de reforma de la Constitución para blindar ese derecho y un requerimiento para que las comunidades cumplan con la ley del aborto para crear registros de objetores de conciencia, una herramienta imprescindible para garantizar que en los centros hay personal suficiente para practicar las interrupciones. Ayuso se ha declarado en rebeldía al negarse a cumplir con la normativa mientras que el presidente de su partido reitera su apoyo al aborto “conforme a las leyes”.
En las filas socialistas están convencidos de que la fuga de votos que tuvieron hace un par de años con la llegada de Feijóo a Génova se ha frenado y que ahora es el PP el que pierde apoyos que se van a la extrema derecha. Igualmente, consideran que sus alianzas y el auge de la extrema derecha movilizan al electorado progresista. De ahí que no cambien el foco.
“Es evidente que Vox exigirá políticas machistas, racistas y recortes en derechos”, ha advertido este miércoles el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tras acusar a Feijóo de buscar en la extrema derecha conservar el gobierno de la Comunitat Valenciana. “Existe el riesgo de que las asuma para mantenerse en el poder un poco más”, ha aseverado.
Negociación con una ultraderecha envalentonada
La ecuación de Feijóo es complicada ante el escenario que ha abierto la dimisión de Mazón. Le obliga a negociar con una extrema derecha envalentonada, que le quita votos cada día, en un escenario preelectoral en otras comunidades, como Extremadura y Andalucía, donde los barones autonómicos se jactan de ser la centralidad del tablero y reniegan de Vox. La llave, además, la tiene Abascal en un momento en el que el PP suma un especial desgaste en la Comunitat Valenciana por la gestión de la dana.
Y Abascal le ha lanzado un mensaje en esa dirección: “Nosotros nunca tememos unas elecciones. Lo que tememos es defraudar a nuestros electores. En unas elecciones se puede ganar o perder, y lo asumimos con absoluta deportividad”.
Por el otro lado, tanto el PSOE como Compromís exigen unas elecciones ya. “A la ultraderecha se la combate haciendo frente a sus bulos y haciendo frente a sus políticas negacionistas, machistas y de recorte. Desde luego, como no se la combate, es mimetizándose con ella, como está haciendo el Partido Popular con Vox”, reflexionó Alegría el martes: “Después de lo que se ha vivido en la Comunitat Valenciana, el señor Feijóo y el PP han decidido dejar en manos de la ultraderecha, dejar en manos de Vox, el futuro de la Comunitat Valenciana. En vez de decidir y preferir que sean los valencianos y las valencianas quienes dicten cuál es el futuro de su tierra, ellos han decidido dejarlo en manos de la ultraderecha. Así desde luego se la combate”. “Hay que dar la voz al pueblo y no insistir en poner a otro Mazón”, expresó en una entrevista en elDiario.es el portavoz de Compromís, Joan Baldoví.