Pedro Sánchez se enteró por WhatsApp de que el Tribunal Supremo había decidido condenar al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la filtración de la información sobre el fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. El presidente volaba en ese momento en el helicóptero que le llevaba de Ceuta a Málaga en el que no puede hablar por teléfono, pero sí tiene acceso a los datos móviles. Después se quedó incomunicado en el vuelo desde la ciudad andaluza hasta la base aérea de Torrejón. En ese tiempo, Moncloa tuvo que montar la respuesta a la decisión del Supremo, que supone un duro golpe para los socialistas.
Improvisaron un comunicado para que los telediarios reflejaran la posición del Gobierno y también una declaración del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para poner voz a esa reacción minutos antes de que Sánchez apareciera en público para un acto sobre el 23F en el Congreso, que proyectó el primer capítulo de Anatomía de un Instante en presencia del presidente, representantes de los grupos y el elenco de la serie.
La intención en ese primer momento fue mostrar institucionalidad y no dejar ninguna duda sobre el acatamiento de la sentencia, pese al respaldo a la actuación del fiscal general frente al criterio de los jueces. “El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos”, afirmó el ministro guardando la cautela: “La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de Derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial”.
Mostrar indignación sin prender el “bidón de gasolina”
“La democracia hay que protegerla incluso cuando la criticas”, argumentan fuentes gubernamentales, que justifican esa institucionalidad en la necesidad de dejar clara la responsabilidad como Gobierno reservándose el derecho a “dar la opinión”. Esas fuentes reconocen, además, que la sentencia era un “bidón de gasolina” que podía haber prendido en forma de movilización social. En Moncloa tenían “temor” a esa reacción y por eso optaron por la prudencia en un primer momento.
Posteriormente, hubo que leer entre líneas el discurso de Sánchez para encontrar su disgusto y dejar un recado. “La democracia no es un estado que se conquista de forma permanente, es un privilegio que debemos defender cada día de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma: hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder”, afirmó el presidente: “La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece, que es lo que me gustaría hoy reivindicar, nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla”.
Ahí estaba. La vinculación con el intento de golpe de Estado del 23F justo un 20N, que es la fecha que eligió el Supremo para dar a conocer su decisión. Para entonces, el socialismo estaba en ebullición y había voces que pedían una mayor crítica a un fallo judicial que consideran una completa injusticia, como dijo en los pasillos del Congreso, Patxi López, que lo calificó de “auténtica vergüenza”.
“Desviar al foco” para “victimizar a Ayuso”
Y, a partir de ahí, Moncloa dio paso a la demostración de la indignación. “Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?”, se preguntó el ministro de Transformación Digital y Función Público, Óscar López, en la Cadena SER. “Este fallo no hace justicia y tiene un mensaje político evidente. Se ha tratado de desviar el foco de donde está el delito, que es en la pareja de la señora Ayuso, para montar una operación de victimización de la señora Ayuso”, apostilló el también secretario general del PSOE en Madrid.
Será López, como rival directo de Ayuso, el que lleve la voz cantante en este asunto mientras que Bolaños o la portavoz, Pilar Alegría, mantendrán una posición más institucional.
Fue el PP, argumentan en Moncloa, el que situó el marco en Ayuso en su forma de reaccionar a la condena. “Feijóo va a acabar en una pinza. Una de las grandes crisis del Gobierno la convierte en una pelea Ayuso-Sánchez”, señalan fuentes gubernamentales, que creen que es un error “comprarle la moto” a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La visión de los socialistas es que Feijóo tira piedras contra su propio tejado sometiéndose al liderazgo de Ayuso.
Preparando el relevo con los tiempos de García Ortiz
Más allá de la confrontación política, el Gobierno asume el fallo judicial y activará la sustitución del fiscal general con premura para dar una imagen de absoluta normalidad institucional. No obstante, en Moncloa ven “muy poco probable” que el relevo esté listo para el Consejo de Ministros del martes, ya que el propio García Ortiz sigue en el cargo. Solo se conoce el fallo, pero no la sentencia, que, una vez se redacte y notifique, será firme, aunque la defensa del todavía fiscal general podrá interponer algunos recursos. Y en el Ejecutivo sostienen que van a respetar sus tiempos porque reconocen lo sensible de la situación.
Además, Sánchez está en Johannesburgo (Sudáfrica) para participar en el G20 y de ahí viajará a Luanda (Angola) con motivo de la cumbre UE-Unión Africana. Y no aterrizará en España hasta la madrugada del mismo martes. Fuentes gubernamentales apuntan, no obstante, que los preparativos están ya en marcha de la mano del ministro de Justicia.
La indignación del Gobierno la comparten también los socios de la investidura, que han cargado contra el Supremo. Algunos, como ERC y Podemos, han instado a Sánchez a modificar la ley orgánica del Poder Judicial para rebajar las mayorías necesarias para nombrar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
En Moncloa sostienen que no hay nada de eso sobre la mesa ahora mismo. “No estamos en eso. No ha estado sobre la mesa en ningún momento”, subrayan. El PSOE ya aceptó tramitar esa reforma en pleno bloqueo de la renovación del Poder Judicial para presionar al PP y sufrió grandes críticas. De hecho, acabó dando marcha atrás. “Estamos en la tranquilidad”, apostillan en el Gobierno.