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El Gobierno espera una sentencia del TC sobre el impuesto de plusvalía estatal antes de reformarlo
En una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press a los diputados socialistas Antonio Hurtado y Mar Rominguera, el Ejecutivo puntualiza que el TC se ha pronunciado al respecto de esta tasa Guipúzcoa y Álava, regulado a través de sendas normas forales.
“El TC aún no se ha pronunciado sobre la norma estatal. Habrá que esperar al contenido de la sentencia que en su caso se dicte”, apunta el Ejecutivo en su respuesta a los diputados del PSOE, que habían cuestionado por las modificaciones que tenía previsto promover para cumplir con las sentencias del Constitucional.
Este impuesto grava el incremento de valor que experimentan los terrenos urbanos manifestados en una transmisión de su propiedad “o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce limitativo del dominio sobre los mismos”, señala el Gobierno.
El Ejecutivo insiste en que el Tribunal no cuestionó ni el propio impuesto ni el método de estimación objetivo en que se basa, sino sólo el hecho de que se grave situaciones en las que no se ha producido una plusvalía, sin permitir al contribuyente demostrarlo.
PENDIENTE DE UN INFORME DE LOS AYUNTAMIENTOS
Tras conocer la sentencia, el ministerio de Hacienda ya mostró su disposición a modificar este tributo para los casos expuestos por el TC, y encargó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un informe que sirviera de base para la reforma del mismo.
El propio secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, señaló que la intención del Gobierno era reformarlo, pero haciéndolo “de la mano de la FEMP, de manera consensuada y dialogada”. “No vamos a asumir competencias que no son nuestras”, dijo, tras comparecer en el Congreso para explicar el proyecto de Presupuestos de 2017 el pasado mes de abril.
La modificación del impuesto de la plusvalía es también un mandato parlamentario, pues la Comisión de Hacienda y Función Pública ya aprobó una proposición no de ley el pasado mes de marzo en la que instaba al Gobierno a reformarlo y devolver las cuantías cobradas indebidamente durante los últimos cuatro años.
La iniciativa, propuesta por Ciudadanos, contó además con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT y Compromís, mientras que el PNV decidió abstenerse. El Partido Popular votó en contra.
