El indulto del ex fiscal general queda en manos del Gobierno tras el portazo del Supremo
El futuro de Álvaro García Ortiz está ahora en manos de dos instancias diferentes: el Gobierno y el Tribunal Constitucional. El primero debe decidir si indulta parcialmente su condena de inhabilitación por la filtración de información de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con el criterio en contra del Tribunal Supremo y a favor de la Fiscalía. El segundo anunciará en las próximas semanas si admite o no a trámite su recurso de amparo contra la condena que le impuso la Sala de lo Penal. Ninguna de las dos gestiones, según fuentes del caso, quedará zanjada definitivamente a corto plazo y mientras tanto el ex fiscal general del Estado seguirá ejerciendo como representante del Ministerio Público ante la sala del Supremo que estudia cada año miles de pleitos laborales.
La petición de indulto, planteada por terceras personas y apoyada públicamente por la Unión Progresistas de Fiscales (UPF), llegó al Ministerio de Justicia a principios de este año, apenas dos meses después de que el Tribunal Supremo hiciera pública la condena. Dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general además de una multa de 7.200 euros, la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador y a pagar 39.000 euros más al comisionista por lo que había tenido que gastarse en abogados durante el proceso.
Justicia puso la maquinaria habitual en funcionamiento a finales de enero. Pidió un informe al Tribunal Supremo, otro a la Fiscalía y al propio González Amador. Además, solicitó, como es obligatorio, un informe de conducta a la Delegación del Gobierno en Madrid. Este documento fue entregado a Justicia el 21 de abril, según fuentes conocedoras del caso. El resto han sido incorporados más recientemente al expediente que maneja el departamento de Félix Bolaños. Poco después llegó la opinión de la Fiscalía, que tras pedir la absolución de García Ortiz en el juicio solicitó al Gobierno que, al menos, la condena de inhabilitación que le quedaba por cumplir fuera conmutada.
En ese informe, la Fiscalía destacó que la condena a Álvaro García Ortiz había tenido “consecuencias extrapenales desproporcionadas”. Y aunque ya había dejado su puesto en la planta noble de la Fiscalía General, un indulto parcial permitiría al menos acortar los plazos para cancelar sus antecedentes penales, algo que sí tiene consecuencias, según la Fiscalía, “en la vida civil y desarrollo profesional”. García Ortiz no se benefició personalmente desde el punto de vista patrimonial, y su finalidad en todo ese asunto fue “preservar la reputación” del Ministerio Público frente a las noticias manipuladas que se publicaban sobre su actuación en el caso de fraude fiscal de González Amador.
La respuesta de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha sido la esperada. Los mismos jueces que firmaron la condena de García Ortiz y le atribuyeron la filtración —a él o a “alguien de su entorno”— entienden que no debe ser indultado, ni total ni parcialmente. A nivel general, la Sala considera que no hay razones de “justicia, equidad o utilidad pública” para otorgarle la medida de gracia, los parámetros legales en los que se mueven este tipo de decisiones. En el detalle, los jueces entienden que fue condenado por “hechos graves” que afectaron a “la institucionalidad del Ministerio Público”. El Supremo también afirma que, en realidad, su condena de inhabilitación ha tenido “una consecuencia jurídica de escasa relevancia”.
La negativa del Tribunal Supremo era esperable, igual que la negativa de Alberto González Amador todavía por conocer, pero sí tiene consecuencias. La decisión final está en manos del Consejo de Ministros, pero un informe desfavorable de los jueces que sentenciaron el caso elimina la posibilidad de que reciba un indulto total, tal y como establece la normativa de la medida de gracia del año 1870. La Fiscalía, en cualquier caso, apoya un indulto parcial y no uno total. La concesión de un indulto sin el criterio favorable del tribunal sentenciador o de la Fiscalía es relativamente habitual: desde 2011, según los datos oficiales, la mitad de las medidas de gracia se ha concedido en contra de la opinión de los jueces o los fiscales. Una minoría del 5% se concedieron, incluso, con la oposición de ambos.
Una vez recabados todos esos informes, la petición de indulto y su expediente vuelven a manos del Ministerio de Justicia, que tendrá que elevar una propuesta al Consejo de Ministros para que tome una decisión final. Fuentes del caso explican a elDiario.es que la tramitación y decisión final no va a ser inminente, por lo que su análisis en Justicia se va a solapar con el recorrido final del caso: los recursos ante el Tribunal Constitucional.
Dos recursos pendientes de admisión
El Tribunal Constitucional tiene dos recursos encima de la mesa contra la condena de Álvaro García Ortiz. El que presentó la Abogacía del Estado en su propio nombre y el que presentó también la Fiscalía, ambos pidiendo anular su condena por vulneración de sus derechos fundamentales. El Ministerio Público entiende que el ex fiscal general se limitó a “informar verazmente” del caso de González Amador con datos ya conocidos frente a “imputaciones delictivas falsas”. El propio García Ortiz y la Abogacía sumaron críticas al Supremo por hacer “una valoración irracional y arbitraria de los indicios”.
Los dos recursos ya están en manos del Tribunal Constitucional, pero, tal y como pasa con el indulto, su resolución no va a ser cosa de unas pocas semanas. La impugnación de la Fiscalía está en manos de la progresista María Luisa Segoviano en la Sala Segunda, y la de la Abogacía del Estado con la conservadora Concepción Espejel como ponente en la Sala Primera. Esto significa que todavía quedan varios pasos por delante hasta que sus alegaciones sean estudiadas en profundidad y exista una hipotética sentencia sobre el fondo del asunto.
Esas Salas pueden decidir por sí mismas si admiten o no a trámite los recursos, pero lo normal es que sean llevados al pleno, lo que retrasaría ese primer filtro. Y después, como es habitual en el resto de casos que estudia el tribunal de garantías, quedarían por delante varios meses de estudio y deliberaciones, en caso de ser admitidos a trámite, antes de que exista una sentencia con efectos reales sobre su caso.
Toda esta tramitación no tendrá una gran incidencia en la vida profesional actual de Álvaro García Ortiz. La Fiscalía General entendió que esa condena penal le inhabilitaba para ejercer como máximo responsable del organismo, pero no para seguir siendo fiscal según la ley, y tras unas pocas semanas obtuvo su destino: fiscal ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Su condena se ejecuta, pero solo afecta a una hipotética e improbable posibilidad de volver a ejercer como fiscal general, y la parte económica de la sentencia ya ha sido abonada.