La Intervención del Estado contradice sus informes anteriores, a la Policía y al juez y descarta nuevos delitos en la caja B del PP

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que indaga en las presuntas adjudicaciones irregulares a supuestos donantes de la 'caja b' del Partido Popular un informe en el que no destaca irregularidades contrarias a la normativa en la tramitación de diferentes expedientes y contratos de obras públicas.

En un informe fechado el pasado 4 de noviembre y remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, al que ha tenido acceso Europa Press, los técnicos se centran en “la regularidad en la tramitación de los expedientes y la existencia o no de deficiencias en la documentación y valoraciones regladas para su resolución de los expedientes de contratación de obras y servicios remitidos por empresas y entidades públicas”.

El informe es clave para poder atribuir cohecho a los empresarios que recibían adjudicaciones a cambio de ingresar fondos en la caja B del PP, una línea que tuvo que cerrar el juez Pablo Ruz en 2015 por falta de pruebas y que un nuevo informe de la UDEF en 2020 permitió reabrir.

El actual juez del caso esperaba el informe de la IGAE para tomar una decisión trascendental en la causa, si archivar o procesar a los investigados, y ha tenido que citar a los funcionarios encargados de redactarlo ante sus continuos retrasos. Tras citarles ha llegado la entrega del informe por lo que la citación ha quedado en suspenso.

A lo largo de 94 páginas, los técnicos dan detalles sobre expedientes de contratación tramitados, entre otros, por los Ministerios de Defensa, Fomento y Medio Ambiente, pero también por la Entidad Pública de Suelo (SEPES) o AENA. La ausencia de irregularidades señalada contradice anteriores informes de la UDEF, así como el contenido del atestado de la UDEF y los autos del juez.

El juez Pedraz solicitó ese informe a la Intervención del Estado a raíz de otro informe, en este caso de la UDEF, que logró resucitar la casa de la caja B del PP. El hallazgo supuso un hito en el caso después de que la línea del cohecho tuviera que ser descartada en marzo de 2015 por falta de pruebas que acreditaran que las partidas secretas recogidas en los papeles de Bárcenas fueran pagos a cambio de adjudicaciones concretas. La confesión de Francisco Correa en el juicio de la Primera Época de Gürtel, en el que aseguró que las adjudicaciones de la gran obra pública se decidían en el mismo Consejo de Ministros de Aznar a cambio de una donación de entre el 2 y el 3% al Partido Popular motivó la reapertura del caso por parte de De la Mata. 

En un auto de abril de 2020, e el magistrado afirmaba: “Existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones establecidas para entablar los contactos (de Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta con las autoridades del PP) y las relaciones establecidas. En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario tras la negociación”.

Ahora, a diferencia de otros informes remitidos hasta ahora, la IGAE había ido plasmando irregularidades. Así, en uno fechado el 16 de diciembre de 2021, se ponían de relieve “muy notables desviaciones” en un contrato adjudicado en 2003 por el Ministerio de Medio Ambiente a la Constructora Hispánica SA, empresa investigada en la trama 'Gürtel'.

En concreto, el informe de 2021 ponía el foco en el contrato para la recuperación y restauración ambiental de las Marismas del Joyel en la reserva natural de las Marismas de Santoña y Noja, en Cantabria.

El citado documento señalaba que esa adjudicación, que se remonta al 25 de marzo de 2003, se cerró en un importe de 1.492.152 euros. Entonces, la IGAE aseguraba que existía un sobrecoste de 28.633,39 euros, que representaba el 1,74% del contrato que ya contaba con un modificado del 9,99%, por lo que superaría el porcentaje límite y hubiese requerido el informe de la Inspección de Servicios.

Este último informe suscrito por los dos técnicos de la IGAE, sin embargo, no destaca ninguna irregularidad en los términos en los que se refirió el propio órgano de control gubernamental en su anterior análisis.