Una jueza no ve delito en los policías que hicieron pasar un negocio familiar de Getxo por una red de tráfico de armas
El Juzgado de Instrucción número 4 de Getxo (Bizkaia) ha archivado la causa que seguía contra dos mandos de la Policía Nacional acusados de haber falseado una operación contra una red de tráfico internacional de armas al ubicar en su cúspide a un padre y una hija que regentaban una tienda de coleccionismo militar en la localidad vizcaína. La magistrada Cristina Ordóñez del Val dicta el sobreseimiento libre de los policías y atribuye sus conclusiones a un “desacierto investigador” sin relevancia penal. Como consecuencia de los informes policiales, Jesús y Amaia Prieto pasaron tres meses en prisión provisional.
El 17 de enero de 2017, agentes antiterroristas de la Policía irrumpieron en Cantábrico Militaria, un almacén que sirve de taller y tienda para coleccionistas de armas inutilizadas de todos los periodos históricos. En sus estanterías se apilan armaduras de época, material de los dos grandes conflictos mundiales del siglo XX y de la Guerra Civil española. Hasta ese momento, uno de los principales clientes de Cantábrico Militaria era el cine español. Sus armas aparecen en cintas tan conocidas como Los últimos de Filipinas, 23-F, El Laberinto del Fauno o Lasa y Zabala.
Los policías de la Comisaría General de Información detuvieron en la Operación Portu a Jesús, de 68 años, entonces e inmerso en su tratamiento de radioterapia por uno de los dos cánceres que ha sufrido. A Amaia, licenciada en Bellas Artes, la interceptaron después de dejar a sus hijos en el autobús del colegio. Los agentes tenían autorización judicial para incautarse de 9.000 armas, todas inutilizadas. Con los informes que presentó la Policía, de un detalle técnico incomprensible para cualquier lego en la materia, un juez envió a la cárcel al padre y a la hija por tenencia, tráfico y depósito de armas.
El caso contra Jesús y Amaia Prieto fue archivado de forma definitiva el 31 de enero de 2022, cinco años después de que pasaran tres meses en prisión provisional por unos delitos que nunca cometieron. Al salir de la cárcel, su negocio y sus vidas estaban arruinadas. La familia denunció a los dos mandos policiales que firmaban los principales atestados con las acusaciones falsas y el juzgado de Getxo les imputó y les tomó declaración como investigados. En su declaración, ellos responsabilizaron a un superior de las actuaciones y restaron importancia a su participación en los hechos.
En un auto del pasado 14 de febrero, al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza que imputó a los agentes exime de responsabilidad penal a los policías y concluye: “El tipo penal exige la constatación de datos objetivamente falsos introducidos con conocimiento de su falsedad, lo que no concurre cuando existe un desacierto investigador o divergencia interpretativa”. Los agentes no podían alegar que Jesús y Amaia vendieran armas listas para su uso porque estaban inutilizadas, pero les atribuyeron que luego facilitaban por otras vías las piezas necesarias para que disparasen. “No es una afirmación falsa, sino una valoración policial derivada del material investigado”, asegura la jueza. Y añade: “Se trata de un informe policial, cuyo propósito es exponer la investigación y precisamente los indicios de delito, no de una pericial neutral”.
Los policías llegaron a escribir que Jesús Prieto estaba “encartado” en otros procedimientos judiciales. Prieto no tiene antecedentes policiales, ni judiciales, ni ha sido investigado en otras causas. Su aparición en ellas se limita a que personas investigadas habían sido clientes ocasionales de su militaria, como otros miles. Para la jueza no hubo falsedad ni manipulación por parte de los policías porque no afirmaron que Jesús formara parte de una organización criminal, sino que los indicios “podían derivarse de su coincidencia procesal con tales organizaciones”.
Durante la causa contra Jesús y Amaia comparecieron especialistas de la Guardia Civil y otros peritos que echaron por tierra las conclusiones de los policías antiterroristas hasta decretarse el sobreseimiento libre. Para la jueza, “la existencia de valoraciones incorrectas o de inferencias que hayan podido considerarse erróneas a la luz del resultado final del procedimiento no convierte automáticamente a un atestado en una imputación falsa o realizada a sabiendas de su falsedad”.
Según denunció la representación de Jesús y Amaia, los agentes omitieron pasajes clave de conversaciones telefónicas de tal manera que las escuchas les permitieron plasmar indicios que beneficiaban su tesis inicial. Estos informes policiales, dice la jueza, “no consisten en una simple transcripción literal e íntegra de todas las comunicaciones intervenidas, sino que implican necesariamente una labor técnica de clasificación, análisis y selección lógica de la información obtenida”. “Los agentes deben centrarse en lo que consideran relevante para avanzar en la investigación”, disculpa la magistrada Cristina Ordóñez del Val. La representación legal de Jesús y Amaia Prieto han recurrido el archivo de la causa contra los policías ante la Audiencia Provincial de Bizkaia.
Medallas y ascensos
Los atestados de la Operación Portu están firmados por los policías nacionales con carnet profesional 89.512 y 127.200. Con ocasión del patrón de la Policía de 2017, el primero que se celebró tras el gigantesco dispositivo policial –más de un centenar de efectivos de Euskadi y llegados desde Madrid–, el agente más veterano fue condecorado con la Medalla Roja al Mérito Policial, que conlleva un incremento vitalicio de un 10% en su nómina.
Pese al resultado desastroso de las pesquisas, este inspector continuó en labores operativas en la estructura antiterrorista de la Policía. Recientemente ha ascendido a inspector jefe y ha encontrado acomodo en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), organismo dedicado a la coordinación entre cuerpos.
Como ocurriera con su compañero, el fracaso estrepitoso de la Operación Portu y sus consecuencias no fueron óbice para que el segundo agente también fuera condecorado, en su caso sin asignación económica, y reclamado después para la Secretaría de Estado de Seguridad, el motor del Ministerio del Interior, cuando su titular era Rafael Pérez.
Damián Cantero, como se llama este policía con perfil público, permaneció allí hasta que ascendió a inspector jefe. Ahora depende de la División de Personal y compatibiliza su trabajo en la Policía Nacional con el puesto de director docente de una de las academias privadas con más reclamo para la formación de aspirantes al Cuerpo. Tiene presencia en las redes sociales y en 2016, mientras se desarrollaban las investigaciones de la Operación Portu, publicó el libro Cómo ser policía y no morir en el intento, con prólogo del locutor Javier Cárdenas.