La Justicia de Baleares rechaza anular las investigaciones contra el juez del caso Cursach

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha rechazado anular las investigaciones que mantiene abiertas contra Manuel Penalva, el juez que se encargó de indagar el presunto entramado policial urdido para mantener a flote las actividades empresariales del considerado 'rey de la noche mallorquina', Bartolomé Cursach. Los magistrados han rechazado así la petición de nulidad que había cursado el exinstructor al considerar que las pesquisas impulsadas contra él por presuntas irregularidades mientras investigaba los negocios de Cursach se sostenían sobre “actuaciones ilegales” y “nulas radicalmente”.

En concreto, el exmagistrado –el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en julio del año pasado su jubilación, a los 54 años, por incapacidad permanente– se refería al acceso al listado de llamadas de dos de los periodistas que cubrían el caso Cursach así como a la intervención policial de sus teléfonos móviles en busca de determinadas filtraciones relativas a la causa, unas medidas contra las que recientemente se pronunció el Tribunal Constitucional y que, según Penalva, llevaron a impulsar una macrocausa contra los antiguos investigadores del magnate mallorquín fundamentada “en los datos e información obtenidos de aquellas medidas invasivas e ilegales”. 

Ahora, la máxima instancia judicial de Baleares ha desestimado –de nuevo– las pretensiones de Penalva al declarar que la reciente sentencia del Constitucional –que considera vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los dos informadores al no permitirles recurrir el auto que autorizó requisar sus teléfonos– no afecta a las investigaciones relativas al ex juez. El tribunal recuerda, de hecho, que la vinculación entre la incautación de los móviles y las pesquisas incoadas contra Penalva ya quedó “absolutamente descartada” cuando el TSJIB rechazó en junio de 2020 una de las primeras solicitudes de nulidad efectuadas por el ex magistrado.  

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala de lo Civil y Penal arguye que las pesquisas impulsadas para investigar las presuntas prácticas ilegales cometidas durante la instrucción del caso Cursach –entre ellas, la supuesta revelación de informaciones relativas a la causa mientras ésta se hallaba bajo secreto sumarial– fueron iniciadas “con mucha anterioridad” a que se adoptara ninguna medida sobre los periodistas, por lo que “ya se disponía de elementos de investigación que apuntaban” a determinadas personas como Penalva y el ex fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán, entre otras. 

Asimismo, subraya que “la lesión de derecho fundamental” apreciada en la resolución del TC afecta, en todo caso, a los propios periodistas, por lo que la legitimación para que la vulneración de derechos declarada por la corte de garantías pueda ser reparada –permitiéndoles personarse en la causa para poder recurrir los autos por los que se vieron perjudicados– corresponde únicamente a quienes la sufrieron, en alusión a los informadores.  

En línea con lo manifestado por la Fiscalía Anticorrupción y varias acusaciones particulares, los magistrados recalcan que los indicios de sospecha iniciales contra Penalva, Subirán y cuatro policías de Blanqueo con quienes trabajaban en sus investigaciones en torno a Cursach no se obtuvieron de los teléfonos de los periodistas. No en vano, recuerdan que ya el 3 de agosto de 2017 –la obtención de los listados de llamadas de los informadores se produjo el 26 octubre de 2018 y la intervención de sus teléfonos, el 11 de diciembre–, varios integrantes de Blanqueo proporcionaron datos acerca de las supuestas filtraciones a la prensa que desde su grupo se estaban efectuando y la “reacción extrema” que se produjo cuando se supo que se había iniciado una investigación sobre tales revelaciones. 

Pero, sobre todo, abunda el tribunal, fue a raíz de la detención de dos de los policías de Blanqueo, el 18 de diciembre de 2018, y del análisis del teléfono móvil de uno de ellos –ambos entregaron sus dispositivos y autorizaron voluntariamente el acceso a su contenido– como afloró la existencia de un chat de WhatsApp que, bajo el nombre de 'Operación Sancus', mantenían abierto Penalva, Subirán y los cuatro miembros de Blanqueo mientras se encontraban al frente del caso Cursach. 

Como sostienen los fiscales anticorrupción de Madrid Tomás Herranz y Fernando Bermejo, la Policía Nacional y una treintena de acusaciones particulares, las conversaciones halladas revelarían la actuación presuntamente coordinada que juez, fiscal y policías llevaron a cabo para, supuestamente, presionar a testigos, efectuar detenciones ilegales y alargar de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados del caso Cursach con el objetivo de apuntalar sus acusaciones. El descubrimiento de tales prácticas llevaron al juez que entonces investigaba las presuntas filtraciones a ampliar sus pesquisas a nuevos delitos, entre ellos los de pertenencia a grupo criminal, detención ilegal, alteración de pruebas, coacciones e inducción al falso testimonio. 

El tribunal rechaza así las pretensiones del ex juez Penalva y, como ya hiciera con anteriores ocasiones similares, impone el pago de las costas generadas tras su petición de nulidad tanto al ex magistrado como a quienes se adhirieron a su solicitud, es decir, los cuatro policías de Blanqueo también investigados en este procedimiento judicial. 

Tras la resolución del TSJIB, tanto Penalva como los cuatro policías de Blanqueo –dos inspectores, un subinspector y un agente– se encuentran a la espera de conocer si deben ir a juicio tan solo por las presuntas filtraciones que efectuaron o -como solicitan los fiscales de Madrid y las acusaciones particulares- sentarse en el banquillo por los delitos más graves por los que fueron investigados: detenciones ilegales, revelación de secretos, prevaricación y deslealtad profesional. 

Del mismo modo, las acusaciones reclaman que también debe ser juzgado el ex fiscal Subirán, cuya imputación fue archivada provisionalmente tras alegar estrés postraumático –lo que, asegura, le impediría afrontar con garantías su derecho de defensa–, al entender que sí está capacitado para defenderse de las acusaciones vertidas sobre él por el papel que desplegó cuando se encontraba al frente del caso Cursach y recordar los hechos en los que pudo haber intervenido. 

En paralelo, está previsto que el próximo 13 de junio arranque el macrojuicio contra Cursach y otros 22 acusados, la mayoría de ellos mandos y policías locales de Palma que presuntamente fueron agasajados con servicios sexuales, consumiciones y estupefacientes a cambio de auspiciar la buena marcha de los negocios del grupo Cursach y de castigar a su competencia. La Fiscalía reclama para todos ellos condenas que suman más de 100 años de prisión. Con base en las investigaciones llevadas a cabo por el ex juez Penalva y el ex fiscal Subirán, Anticorrupción les acusa de integrar una presunta trama de extorsiones y tratos de favor mientras los procesados apelan a la nulidad de su caso en un escenario, como señala una de las defensas, “insólito en la historia judicial de un Estado de Derecho”.