El Congreso aborda la reforma de la ley electoral con el único acuerdo de acabar con el voto rogado

El Congreso abrirá el 8 de marzo la ponencia para el estudio de la reforma de la Ley Electoral General (LOREG), una de las asignaturas pendientes que arrastran los grupos parlamentarios desde hace varias legislaturas. Los trabajos se llevarán a cabo en el marco de una subcomisión dependiente de la Comisión Constitucional del Congreso, tal y como se comprometió el PP en el pacto de investidura firmado con Ciudadanos.

Albert Rivera anunció hace varios meses que su intención era “liderar” esta reforma con el fin de que la nueva ley electoral sea “más justa y proporcional”. En  las últimas elecciones generales del 26J el líder de Ciudadanos achacó la pérdida de 8 escaños a la “injusta ley electoral” e insistió en la necesidad de cambiarla.

Ahora se muestra satisfecho de que por fin los conservadores hayan abierto la puerta a la reforma, lamentando que durante todos estos años “los viejos partidos hayan blindado un sistema que estaba pensado para cuatro años”, porque la ley vigente especifica en su preámbulo que se hizo solo para una legislatura.

Para que llegue a buen puerto la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) es necesario un amplio consenso entre los grupos parlamentarios, algo que en estos momentos se vislumbra muy difícil. Las medidas que defienden los partidos chocan en algunos puntos fundamentales.

Ciudadanos reclama un modelo inspirado en el sistema alemán, con listas desbloqueadas, la implantación de un sistema de reparto de escaños más proporcional y hacer que los votos valgan igual independientemente del territorio donde se emitan.

Para empezar, apuestan por que el número de diputados aumente hasta los 400 pero con un recorte del Senado, dado que ven imposible que gane su apuesta por cerrarlo. De esos 400 escaños, 350 serían elegidos en lista provincial con voto preferente según el método d'Hondt. A cada provincia le correspondería un escaño como mínimo (más uno para Ceuta y otro para Melilla), y el resto se asignaría de forma proporcional a la población.

Los 50 escaños restantes serían escogidos en lista nacional cerrada y bloqueada sobre la agrupación de restos (votos no traducidos en escaño) de cada partido en las distintas provincias. Los votos en blanco se contabilizarán como los de cualquier otro partido y los escaños que correspondan en el reparto serán dejados vacíos.

Ciudadanos también plantea que la ley establezca la limitación de mandatos del presidente del Gobierno a dos legislaturas consecutivas como máximo, a lo que el PP ya está poniendo reparos.

La polémica supresión del Senado

Los de Rivera abogan asimismo por la supresión del Senado, a lo que el PP se niega en rotundo, mientras el PSOE lo circunscribe a que se rebaje el número de escaños y convertirlo en una verdadera Cámara territorial. Podemos se limita a propugnar para la Cámara Alta un sistema de mayor proporcionalidad en su representación.

Aunque fuentes del grupo conservador afirman que están “abiertos al diálogo” y van a poner “todo de su parte para alcanzar el consenso”, hay algunos aspectos en los que las posturas están enfrentadas tanto con los de Rivera como con el PSOE. En concreto, una de las medidas que quedó sellada en los dos pactos y que debería implementarse en la ley es que los imputados o investigados por corrupción no puedan estar en una lista electoral ni mantenerse en su escaño. En el PP lo pusieron en duda tras la muerte de Rita Barberá.

Los conservadores están abiertos a que haya un sistema electoral de doble vuelta pero quieren cambios para que gobierne directamente la candidatura más votada y evitar así situaciones de “ingobernabilidad” como la que se han vivido tras las dos últimas elecciones.

Los socialistas hacen hincapié en la necesidad de abrir el voto a los jóvenes de 16 años conscientes de que es una buena bolsa de la que carece ahora el PP. Esta modificación encaminada a rebajar la edad mínima electoral, que en la actualidad está en los 18 años, ya la intentó Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Pero el PP, Ciudadanos y el PNV se aliaron para tumbar la iniciativa.

Listas cremallera por ley

El PSOE también propone que se apruebe el voto electrónico, garantizar la paridad mediante el sistema de lista cremallera y posibilitar de forma efectiva el ejercicio del voto a las personas con discapacidad que hoy no pueden ejercerlo.

Otra de sus propuestas es regular la celebración de debates electorales, con la creación de una Comisión Independiente de Organización de Debates formada por profesionales del periodismo de reconocido prestigio.

Desde el grupo confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea explican que, entre otras cosas, consideran que hay que “cambiar la circunscripción electoral provincial actual por la comunidad autónoma” e introducir los “revocatorios por incumplimiento del programa electoral”.

El portavoz adjunto en la Comisión Constitucional, Xavier Domènech, aclara que “para mejorar la proporcionalidad deberían evitarse circunscripciones de menos de seis diputados, ampliando el número total, fusionando circunscripciones pequeñas o incluso optando por la comunidad autónoma como circunscripción”.

Los grupos nacionalistas llevan tiempo intentando que la reforma contemple implantar las circunscripciones autonómicas para las elecciones europeas.

Acuerdo en eliminar el voto rogado

En lo único que parece haber bastante consenso entre todos los grupos es en la necesidad de eliminar el voto rogado para facilitar la participación en los procesos electorales a los residente españoles en el extranjero. Tanto el PP como el PSOE han incluido esa reforma en los pactos firmados con Ciudadanos. El resto de los grupos también lo ve positivo.

Ningún grupo oculta que el debate de la ley electoral es “muy complejo” y que habrá que esperar a ver las propuestas que se ponen encima de la mesa para ir acercando posturas.

Que ese consenso es difícil ya se vio hace bien poco cuando el Congreso aprobó una reforma exprés de la ley para evitar votar el día de Navidad si se repetían por tercera vez las elecciones generales.

Esos cambios, propiciados por el PP y apoyados por el PSOE y Ciudadanos, se limitaron a regular los procesos de convocatoria de elecciones en caso de que no se cerrara una investidura. Al final, aunque la reforma se aprobó, no tuvo que aplicarse.