La segregación escolar ha pasado de ser un problema secundario para el sector educativo y para la política a reunir a decenas de actores alrededor de un pacto social para acabar con ella. El Govern, la mayoría de ayuntamientos, las principales patronales de la concertada, sindicatos, entidades sociales y movimientos de renovación pedagógica han escenificado este lunes el primer Pacto contra la Segregación Escolar en Catalunya. Pero el acuerdo nace cojo: no lo suscriben Ciudadanos, PP, la CUP. Tampoco la principal federación de AMPA o el sindicato mayoritario de la pública, USTEC, que lo ven insuficiente. Escribe Pau Rodríguez.