El Gobierno prevé destinar unos 90 millones de los Presupuestos Generales del Estado para bonificar a la gran industria electrointensiva hasta el 85% de su contribución a los denominados cargos de la factura eléctrica: los costes derivados de la política energética que cubren la financiación de las primas a las renovables y la cogeneración de alta eficiencia y el sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares (los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla). Escribe Antonio M. Vélez.