Ya lo había adelantado la vicepresidenta del Gobierno en su reciente entrevista en la Ser: “Vamos hacia una nueva fiscalidad mucho más justa (…). La Iglesia católica debe rendir cuentas sobre cómo administra esos fondos en función de los objetivos que atiende, no de otras cosas”. Escribe Jesús Bastante.
Ahora, las conclusiones preliminares de un informe del Tribunal de Cuentas, según publica Infolibre, hacen de las palabras de la vicepresidenta algo premonitorio. La información señala un desfase de más de 300.000 euros entre la Memoria de Actividades de la Iglesia y el dinero entregado por el Estado. Desde el Tribunal de Cuentas señalan que se trata de un borrador susceptible de sufrir modificaciones, y que por tanto no pueden pronunciarse sobre su contenido. La Conferencia Episcopal prefiere, por el momento, no hacer ninguna valoración.