La oposición venezolana denuncia que el último excarcelado es “desterrado” a Perú

La oposición venezolana denunció hoy que Vilca Fernández, uno de los integrantes del grupo al que este miércoles se concedió la excarcelación por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, fue “desterrado” a Perú como condición para salir del centro de reclusión.

Así lo aseguró a Efe una de sus compañeras en el partido Voluntad Popular (VP), Adriana Pichardo, y varios medios locales que compartieron fotos de Fernández en el aeropuerto de Caracas acompañado por uno de los garantes de estas excarcelaciones, el gobernador opositor del estado Mérida (oeste), Ramón Guevara.

Según declaraciones telefónicas de Pichardo a Efe, el exdirigente estudiantil salía “en el vuelo de las 6 de la tarde (20.00 GMT)” hacia Perú y esto se debía a que “un destierro fue la condición que colocaron la gente del Gobierno para otorgarle la excarcelación”.

Sobre este “destierro” de Fernández, preso desde 2016 sin que se conocieran con precisión los detalles de su detención, no se ha pronunciado de momento ningún organismo oficial.

Medios locales publicaron en sus plataformas digitales que Fernández, acompañado de Guevara, llegó pasadas las 16.00 horas locales (20.00 GMT) a Maiquetía (aeropuerto que sirve a Caracas).

Carlos Vecchio, otro de los miembros de VP, publicó en su cuenta de Twitter que “a Vilca le imponen otra pena: el destierro”, mientras que la ONG Foro Penal, que defiende a varios de los calificados como “presos políticos”, también se refirió a esta situación en esta red social.

Su director ejecutivo, Alfredo Romero, publicó hoy en la red social que Fernández “fue sacado de El Helicoide y trasladado al aeropuerto Maiquetía” y que “viajaría supuestamente a Perú”

Fernández es uno de los más de 200 excarcelados desde diciembre pasado, según el Gobierno, al que se ha otorgado la libertad, en muchos casos condicionada, tras el llamado del presidente Nicolás Maduro a que se revisara en “aras de la paz y el diálogo” la situación de los detenidos por “violencia política” desde las protestas antigubernamentales de 2014.

Familiares de los excarcelados también exigieron hoy a las autoridades que permitan que se le hagan exámenes médicos a los que están detenidos y que, según el FP, son más de 300 personas.

Todo esto en un día en el que decenas de enfermos de VIH y párkinson protestaron frente a la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Caracas para denunciar la crisis de salud que hay en el país.

Aprovecharon la visita al país petrolero de la directora de este organismo, Carissa F. Etienne, para visibilizar una escasez de medicamentos que ha llevado a la oposición venezolana a pedir, desde hace meses, que se abra un canal humanitario para que entren al país las medicinas.

Una petición que ha sido rechazada constantemente por el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro bajo el argumento de que daría pie a una “invasión militar encubierta” de los países que ofrecen las ayudas y entre los que está, entre otros, Estados Unidos.

Frente a las oficinas de la OPS en el centro-este de la capital venezolana el representante de la Red Venezolana de Gente Positiva, Eduardo Franco, declaró a los medios que desde el organismo quieren que “escuchen la realidad del pueblo venezolano y de las personas afectadas (...) son personas que están tratando de sobrevivir”.

Franco afirmó que los enfermos que le acompañaron “son personas que están tratando de vivir y el Ministerio de Salud y ninguna autoridad pública les da la cara”.

Ayer el Ejecutivo suscribió un acuerdo con la OPS para garantizar los medicamentos y los materiales médicos en el país y Etienne dijo en declaraciones al canal estatal VTV que la organización está comprometida con el pueblo venezolano para mejorar la situación.

Hoy se reunió con Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, un encuentro que finalizó sin declaraciones.

En lo que va de año se repiten semanalmente protestas relacionadas con la crisis sanitaria derivada de la fuerte escasez de medicamentos y materiales médicos para tratar cualquier tipo de enfermedad que, además, tienen un alto costo que el Ejecutivo achaca al “bloqueo económico” que asegura que existe contra el país.