La Plaza de Castilla, el enclave madrileño para los juzgados de instrucción, saldrá del letargo en que se sume los fines de semana para vivir este sábado otro hito mediático en la instrucción que sigue el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. Peinado ha citado a la mujer del presidente, a su asistente personal y al actual delegado del Gobierno en la región porque cree haber obtenido “indicios sólidos” de que cometieron un delito de malversación. Ya les ha adelantado en un auto que corresponde continuar el procedimiento contra ellos por una vía que, de prosperar, desembocará en un juicio con jurado popular. En la comparecencia, las defensas y la Fiscalía pedirán el archivo y las acusaciones populares concretarán en qué basan sus imputaciones.
El magistrado aprovecha que tiene designada una guardia de juicios rápidos para encajar ahí la comparecencia. La de juicios rápidos es una de las modalidades de guardias que pueden hacer los magistrados de Plaza de Castilla. Su remuneración, adicional al sueldo que perciben, es uno de los principales alicientes para asumir la dirección de un juzgado de instrucción en Madrid, habitualmente saturados de trabajo. Se da la circunstancia de que Peinado cumple 71 años el sábado y que ya solo le queda un año de ejercicio, tras haber solicitado en 2024 la prórroga hasta los 72.
En el exterior ya se han anunciado las protestas habituales, acaso más numerosas por no tratarse de una jornada laboral, en las que HazteOir pasea camiones con altavoces por las calles aledañas al juzgado con cartelería que retrata a Sánchez y a su familia como una mafia. HazteOir ha convocado una concentración en las inmediaciones de la sede judicial a partir de las 17.00 horas bajo el lema: “¡Ya no le quedan excusas! ¡Begoña será juzgada!”. Esta organización, vinculada a la secta de origen mexicano El Yunque, ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares, donde también está personado Vox.
Como en ocasiones anteriores, la decana de los juzgados, María Jesús del Barco, resolvió el viernes a favor de la petición del equipo de seguridad de la Moncloa para que Begoña Gómez entre en los juzgados en coche y por el garaje. La Ley del Tribunal del Jurado especifica que, para este trámite, los imputados deben ser citados y estar “necesariamente asistidos de letrado de su elección o, caso de no designarlo, de letrado de oficio”. Sin embargo, no impone su presencia de forma expresa como sí lo hace para otras fases del procedimiento, como la celebración del juicio. Ese hecho genera controversia entre los juristas sobre si Begoña Gómez y los otros dos investigados están obligados o no a acudir.
La circular 4/1995 de la Fiscalía General del Estado, en aclaración de la Ley del Tribunal del Jurado, establece que “la presencia del imputado no es indispensable”, dado que ya conoce que se le está investigando. Añade, además, que en la comparecencia no se practican diligencias de instrucción y, por tanto, tampoco su declaración. Tan solo se concretan los términos de la imputación y siempre ante la presencia de su letrado. Según esta circular, la inasistencia del imputado no debe derivar siquiera en la suspensión de la comparecencia, lo que aleja otros escenarios como la declaración en rebeldía en caso de ausencia.
Peinado ha ordenado la transformación del proceso según la Ley del Jurado después de recibir decenas de correos electrónicos que demostrarían que la asistente de Begoña Gómez escribía al antiguo vicedecano de Relaciones Institucionales de parte de su jefa. Así lo anticipó el ex vicerrector, Juan Carlos Doadrio, cuando declaró como testigo. El juez cree que eso es destinar recursos públicos a un fin para el que no estaban previstos con una magnitud que alcanza la categoría de delito.
Doadrio fue la mano derecha del rector de la Universidad Complutense Gustavo Villapalos, al que también acompañó durante su periodo de consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente autonómico.
Begoña Gómez codirigió en la universidad madrileña una cátedra extraordinaria por la que no recibió remuneración y dirigió dos másteres por los que cobró 15.000 euros anuales. El juez ha ordenado que los correos electrónicos aportados por Doadrio sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las partes no han podido acceder a esos mensajes, pese a que este sábado tendrán que solicitar el archivo o concretar la acusación contra los imputados de acuerdo a las pruebas recabadas.
El auto de transformación por la Ley del Jurado es un trámite cuando el juez aprecia un delito como la malversación, incluido entre los que deben ser juzgados por ciudadanos. Lo que discuten fuentes del caso es la premura, incluso precipitación, con la que el juez se dispuso a fijar la comparecencia, sin dar traslado de las últimas diligencias y con recursos pendientes de resolver. Incluso sin que se hayan llegado a practicar las diligencias que motivaron esos recursos y que él mismo ordenó.
Es el caso de la orden del juez para incautarse de todos los correos electrónicos de Begoña Gómez durante siete años, los que han transcurrido desde que su marido es presidente del Gobierno. Los mensajes no han sido entregados aún por la Moncloa y el juez no ha esperado a conocer su contenido para plasmar en su último auto que él ya ha reunido “indicios racionales, fundados y sólidos” de la malversación.
Otra citación urgente
La Policía se encarga de señalar los juicios rápidos que se van a celebrar antes de la comparecencia de Begoña Gómez y los otros investigados. Muchos de esos juicios rápidos responden a delitos contra la seguridad del tráfico cometidos en las horas previas. Para celebrarlos, la oficina judicial está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 21:00 horas, pero fuentes de los juzgados aseguran que no se suelen prolongar más allá de las 16:00 o 17:00 horas.
Como ocurriera con las citaciones al presidente del Gobierno, Peinado fijo la comparecencia de su mujer con un plazo que evita que un eventual recurso ante la instancia superior sea resuelto antes de que se celebre. Pese a ello, las defensas han venido recurriendo a la Audiencia Provincial esas citaciones buscando su anulación a posteriori.
La Audiencia Provincial tiene pendiente resolver los recursos de las defensas en contra de su imputación por malversación. La instancia superior ya se pronunció a favor de investigar las tareas que realizó la asistente de Gómez y que han derivado en una imputación por el delito de malversación a los tres convocados este sábado.
Ocurre que el Tribunal Supremo se pronunció en contra de imputar por este mismo delito, la malversación, a Félix Bolaños por su papel como secretario general de Presidencia en Moncloa cuando se contrató a Cristina Álvarez, la asesora. Los jueces del alto tribunal dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora. Esta decisión del Supremo puede marcar el camino a la Audiencia Provincial al pronunciarse sobre la imputación que Peinado hace a Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid que sustituyó a Bolaños en el puesto de la Moncloa.
Esta será la quinta vez que Begoña Gómez es citada por Peinado desde que el juez abrió el caso en abril de 2024 a partir de una querella de Manos Limpias que se limitaba a adjuntar noticias de prensa. En las dos primeras, Gómez se acogió a su derecho a no declarar, pero en las dos últimas aprovechó para responder a su abogado y negar indicio alguno de tráfico de influencias, primero, y sobre la presunta malversación, en su última comparecencia, el pasado 10 de septiembre.