Piden que presidente salvadoreño recupere archivos de ONU de masacre jesuitas

El salvadoreño Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) pidió hoy a un organismo estatal de acceso a la información que ordene al presidente, Salvador Sánchez Cerén, recuperar los archivos sobre la masacre de 6 jesuitas y 2 de sus colaboradoras en 1989 que están en poder de la ONU.

La petición se dio en una “audiencia oral” contra el Gobierno salvadoreño ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en la que debía rendir informe sobre los avances en las gestiones para obtener los archivos que sirvieron para elaborar un informe sobre las violaciones a derechos humanos entre 1980 y 1992.

“Al presidente de la República, como máxima autoridad del órgano Ejecutivo, le corresponde recuperar los archivos de la Comisión de la Verdad”, sostuvo el abogado del Idhuca Manuel Escalante en la referida audiencia.

El letrado señaló que estos documentos “contribuirían decisivamente a la consecución de la Justicia” en el proceso contra los vinculados al asesinato de los jesuitas y otros crímenes de guerra, dado que la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas realizó su informe con “estricto rigor científico”.

Acotó que “este acceso a los archivos es de suma importancia” para que “puedan impulsarse investigaciones judiciales” en casos como el de los jesuitas, la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote y el magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero.

El representante del Ejecutivo durante la audiencia, Luis Portillo, manifestó que realizaron la solicitud de la información a la Universidad George Washington en Estados Unidos, donde supuestamente fue depositada una copia de los archivos, y pidieron a la Cancillería iniciar las gestiones ante la ONU.

Portillo apuntó que el referido centro de estudios superiores manifestó en una misiva a la comisionada presidencial de Derechos Humanos, Silvia Guillen, y al secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, que no tienen en su poder la copia.

“Estos documentos no fueron depositados en la Universidad George Washington o en cualquier institución afiliada a la universidad”, reza una carta fechada el 9 de julio pasado por la institución educativa y que recibió el Gobierno.

El letrado gubernamental añadió que la Presidencia todavía no ha recibido respuesta por parte de la Cancillería de la solicitud de gestionar la entrega o acceso a los archivos de la Comisión de la Verdad.

El pasado 17 de abril, una corte declaró la “nulidad absoluta” del sobreseimiento a favor del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y los militares en retiro Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Orlando Zepeda, Inocente Montano y el difunto René Emilio Ponce por la masacre.

El 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.